Se cumple un nuevo anivesario del fusilamiento de Carlos Fuentealba, maestro asesinado en 2007 durante la represión policial a lxs docentes en la ruta 22, a la altura de Arroyito, Neuquén.
Cuando la marcha se estaba dispersando, el policía José Darío Poblete disparó -a menos de dos metros de distancia- una granada de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza de Fuentealba.
Sólo hay un condenado, mientras que los responsables políticos e intelectuales, del asesinato de Carlos, fueron sobreseídos de la causa.
Carlos Fuentealba tenía 41 años y era docente de Matemática, Física y Química. Trabajaba en el Centro Provincial de Educación Media N°69, en el barrio Cuenca XV de la ciudad de Neuquén, una de las zonas más vulnerables.
Sus familiares y amigos lo recuerdan como un maestro por vocación, que siempre se esforzó por aplicar las herramientas pedagógicas más allá de las paredes del aula. Quería mostrar a sus alumnos que la educación era una forma de descubrir el mundo y el primer paso para ser conscientes de la realidad, transformarla. Su compañera, Sandra Rodriguez, lo describe como “un gran humanista” que, ya de joven y como militante en la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), había luchado por los derechos de los trabajadores.
Ese compromiso lo llevó a acompañar el corte de la ruta 22 aquel 4 de abril de 2007 , a la altura del de la localidad de Arroyito, a 50 kilómetros de la capital provincial.
La decisión había sido tomada dos días antes por la asamblea de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN). Hacía 17 años que los salarios estaban congelados y el gobierno provincial no daba respuestas, aún después de los más de 70 pedidos de audiencia del gremio.
De esta forma, lxs docentes buscaban bloquear durante Semana Santa la principal vía de de comunicación hacia la región turística (Villa La Angostura, San Martín de los Andes y San Carlos de Bariloche).
Luego de más de un mes de movilizaciones, lxs docentes albergaban la esperanza de que el Estado aceptara una negociación que tuviera en cuenta los reclamos del gremio por un salario acorde a la canasta básica familiar, entre otras reivindicaciones.
Ante la decisión del corte de ruta, las cámaras empresariales, en particular las de comercio y turismo, comenzaron a presionar a Jorge Sobich, en ese entonces gobernador de Neuquén, para que frenara la medida de ATEN.
Por esos días, Sobisch buscaba pegar el salto a la escena nacional con su campaña para presidente, y una de sus banderas era su política de “mano dura”. Eso había quedado claro en 2003 cuando, en una protesta, movimientos de desocupados fueron reprimidos con balas de plomo y postas de goma a quemarropa.
Cuando lxs docentes llegaron a la ruta 22, se encontraron con un operativo a cargo de agentes de la policía provincial junto a fuerzas especiales, muchos vestidos de civil y sin identificación alguna.
La dirigencia sindical logró tener una conversación con el comisario Mario Rinzafri -jefe del operativo- en la que se acordó que lxs docentes se retirarían, pero que necesitaban tiempo para organizarse. Apenas unos minutos después y sin dar ninguna oportunidad, la policía comenzó a disparar con balas de goma, gases lacrimógenos y tirar con el camión hidrante.
La situación fue brutal: la persecución se extendió por la ruta, por las banquinas, detrás de una estación de servicio y a través del descampado. A pesar de que los docentes habían comenzado a retirarse hacia Senillosa – uno de los pueblos más cercanos – la policía continuó reprimiendo.
A lo largo de cinco kilómetros del lugar donde se había iniciado el corte, los agentes estacionaron sus vehículos y abrieron las puertas para disparar desde allí a los autos que no tenían donde refugiarse.
José Darío Poblete, integrante del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), se alejó por un momento de una de las filas y, amparado por sus compañeros, disparó una granada de gas lacrimógeno a menos de dos metros de distancia de un auto. El proyectil impactó en la cabeza de Carlos Fuentealba.
Carlos fue trasladado al Hospital Castro Rendón, en la ciudad de Neuquén, donde horas después, lxs médicos confirmaron la muerte cerebral. En el juicio se supo después que la fuerza del disparo equivalió a una caída de un noveno piso.
El asesinato generó un fuerte repudio a Sobisch, que tuvo que salir disfrazado de la Casa de Gobierno para evitar a la gente que pedía a gritos su renuncia. En todo momento, el ex gobernador intentó desvincular su responsabilidad política a pesar de haber admitido que él había dado la orden de montar el operativo y de afirmar que hubiera vuelto a tomar la misma decisión.
Justicia incompleta
El juicio por el asesinato de Carlos Fuentealba comenzó en junio de 2008. La causa se desdobló en dos partes Fuentealba I y II, distinguiendo a los autores materiales e intelectuales.
Como resultado de la primera, Poblete fue condenado a prisión perpetua. Además de haber sido reconocido por dos testigos, las pruebas de balística confirmaron que fue su escopeta la que disparó el proyectil y que el tiro fue completamente doloso.
El ex policía no sólo es un tirador experto, sino que también había sido condenado en 2006 por vejaciones agravadas por el abuso de armas durante sus actividades policiales.
Pero a pesar de ser la única persona que hoy en día se encuentra en prisión, Poblete no actuó solo. Un video revisado por la querella reveló que fue ocultado por sus compañeros antes y después del disparo y que fue escondido hasta llegar nuevamente a su camioneta.
Esa misma corporación, junto a la judicial, fue la que, años más tarde, permitió que Poblete comenzara a tener salidas transitorias a pesar de su condena. En 2012, fue fotografiado caminando por las calles de la localidad de Zapala.
Los abogados de Sandra Rodriguez pidieron entonces que fuera trasladado a la Cárcel Federal Unidad 9 de Neuquén, para que no estuviera con sus pares de la policía provincial y que le brindaran beneficios tales como las salidas sin autorización.
En la causa Fuentealba II hubo en un principio 15 imputados, entre ellos Mario Rinzanfri, los ex jefes de la policía provincial y el ex subsecretario de Seguridad de la provincia, Raúl Pascuarelli.
La querella aportó pruebas de que la represión del 4 de abril fue un plan diseñado con anticipación en el que se dio la orden de persecución encarnizada desde la Casa de Gobierno, a lo que le siguió una maniobra de encubrimiento por parte de los policías y funcionarios, incluido el propio Sobisch.
De acuerdo al testimonio del entonces secretario de ATEN, Pablo Grisón, para la revista digital lavaca, Pascuarelli, presente en el lugar, se encontraba “en comunicación directa con Sobisch”.
En el juicio, Sobisch negó incluso sus dichos anteriores ante la prensa y buscó cargar toda la responsabilidad en la policía.
Después de numerosos idas y vueltas, la causa terminó por cerrarse el mes de diciembre de 2016. El Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible el recurso presentado por el abogado de Rodriguez después del sobreseimiento de los imputados ocurrido hacía unos meses. Los 15 acusados fueron así absueltos.
El 7 de marzo de 2019. La Corte Suprema le ordenó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén dictar una nueva sentencia en la causa “Fuentealba II”, que involucra a quienes dirigieron el operativo represivo. 5 meses después de esa resolución el TSJ dejó sin efecto los 15 sobreseimientos en la causa e indicó que sigue vigente la acción penal. El legajo continúa abierto.
A trece años del 4 de abril de 2007, Carlos Fuentealba deja también una huella que no debe quedar en el olvido. Un símbolo de la defensa por la educación pública y de pasión por la lucha de los derechos de los trabajadores.
Seguimos exigiendo Justicia Completa. No alcanza con las responsabilidades materiales. Sobisch, como último responsable de ese operativo criminal que terminó con la vida de Carlos, debe estar en el único lugar que le corresponde: la cárcel.
