Luego de un trámite exprés de la Justicia de Río Negro y bajo la supervisión de la Gobernadora Arabela Carreras, el lunes 19 la policía desalojo a la comunidad Gallardo Calfu de tierras ancestrales, ubicadas en la localidad de El Foyel (35 kilómetros al norte de El Bolsón).
En horas de la tarde del lunes, la Lof fue rodeada por un importante operativo que incomunicó a la comunidad para proceder a la represión y al desalojo. La Coordinara del Parlamente Mapuche Tehuelche denunció que «la Justicia a través de sus personeros y la Policía de Río Negro usaron todos los artilugios cuasi mafiosos, como por ejemplo proponer cinco audiencias judiciales en el mismo día para complicar la defensa, retener en un control al abogado de la APDH Zona Andina que asiste a la Lof, hacerlo regresar por el permiso de circulación, desviarlo del camino para que no llegue al lugar donde se producía el desalojo».
Un importante número de efectivxs de la Policía y del grupo especial COER, con el acompañamiento del propio Juez, el Fiscal Jefe Martín Lozada, el Fiscal de El Bolsón Francisco Arrien y el Jefe de la Policía provincial Daniel Jara ingresaron a las tierras de la comunidad para cometer un nuevo y violento despojo, llevándose detenidxs a 4 personas, entre ellas a Blanca Gallardo -lonko de la comunidad-, y Mirta Curruhuinca, referente de una comunidad del noroeste de Chubut, y que había llegado en solidaridad con la lof de El Foyel.
La Coordinara del Parlamente Mapuche Tehuelche de Río Negro cuestionó a la Justicia y al Gobierno provincial por un nuevo despojo de tierras a la comunidad que el pasado 15 de octubre había iniciado un proceso de recuperación de tierras.
Recuperar las tierras que les fueron robadas…
«En el año 1980 nos despojaron del territorio mediante una estafa por parte de Miguel Arturo Soriani (proveniente de San Carlos de Bariloche). Él trabajaba en un aserradero del Foyel donde conoció a mi padre Sixto Gallardo Calfu. Hace 40 años que estamos en lucha con este señor, y hoy gracias a dios y a nuestros newenes (fuerzas espirituales), estamos recuperando este territorio pacíficamente. Nosotros no nos vamos a quedar con nada que no sea nuestro más que el territorio», había explicado Blanca Rosa Gallardo Calfu, de la lof recuperada Gallardo Calfu en la radio comunitaria de La Minga de Alas.
La estafa por parte de la familia Soriani se produjo en 1980, y desde entonces la Lof realizó todas las instancias legales y administrativas sin que la «Justicia» haya dado lugar al derecho indígena vigente. Inclusive realizaron la denuncia según Expediente 1504/13 en la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales en la Provincia de Río Negro, comisión desarmada en el año 2015 por revelar situaciones irregulares en las transferencias de tierras, muchas de las cuales fueron en perjuicio de las comunidades y pobladores Mapuche.
La lof Gallardo Calfu está dentro de las comunidades cuyo territorio debería relevar la Ley 26.160, pero la demora en la aplicación de la norma perjudicó el reconocimiento territorial.
«Esta situación lejos de resolverse, tuvo un capítulo más de injusticia de la Justicia llevando un trámite exprés de desalojo, defendiendo a los ‘dueños’ Soriani, premura que no tuvieron para encontrar a un peón desaparecido hace dos años que trabajaba bajo las órdenes de los ‘dueños’ Soriani. Tanta rapidez de la Gobernadora para disponer de todos los mecanismos para llevar adelante el desalojo, cuidando los intereses de la propiedad privada y/o los negociados con Lewis, cuyo ingreso al lago escondido es el camino de Tacuifi, precisamente donde está situado el conflicto de la Lof Gallardo Calfu», indicó la Coordinara del Parlamente Mapuche Tehuelche de Río Negro.
Gobierno antimapuche
La Gobernadora Carreras viene sosteniendo un discurso antimapuche y articuló con la «Justicia» el desalojo de la comunidad. Carreras da continuidad a la política antimapuche de su antecesor Weretilneck, que durante los últimos 4 años aplicó políticas de represión y persecución hacia los pueblos mapuche con la articulación de la entonces Ministra de Seguridad Patricia Bullrich…
La Gobernadora se posiciona contra el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y las distintas Mesas de Diálogo -entabladas por el Gobierno Nacional- que se están llevando a cabo. «El INAI no solo avala estas actitudes y tomas sino que las financia. Lo hemos demostrado y denunciado», declaró Arabela al medio afin Clarín, y en ese sentido exige que se avance en el desalojo del lof Lafken Winkul Mapu (donde la Prefectura asesinó a Rafael Nahuel), «queremos la misma convicción que nosotros demostramos en El Foyel para desactivar el conflicto de Mascardi».
Sin duda estamos ante un gobierno provincial que no reconoce los derechos expresados en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, un gobierno provincial que busca romper las Mesas de Diálogo y que para ello trabaja de forma articulada con los medios de comunicación locales/nacionales (acusando a distintas comunidades de atentados o distintos hechos de violencia en la región, queriendo construir un enemigo interno) y el poder judicial.