El jueves 7 de mayo se trataría el proyecto presentado por el gobierno porteño para administrar los fondos en el contexto del aislamiento social preventivo.
Con mayoría propia el proyecto de Cambiemos busca congelar salarios, despidos de sectores contratados y redistribuir partidas presupiestarias. Frente a las presiones políticas tuvo que resignar sus aspiraciones de escalonar el pago de salarios. Hasta el 31 de diciembre, se le otorgarían superpoderes presupuestarios al poder ejecutivo local. Sindicatos de trabajadorxs estatales repudian la medida.
El Gobierno de la CABA encabezado por Horacio Rodríguez Larreta presentó un proyecto en la comisión de presupuesto, presentado por el ministro de Hacienda Martín Moura. Aún no se presentaron los balances económicos de la ciudad y no se sabe cuánto se destina de los recursos de la ciudad a las áreas esenciales, como Salud.
El proyecto de Cambiemos está destinado sólo a la Administración Pública, sin tocar al sector privado empresarial, ni financiero, ni inmobiliario: no afecta los intereses de los bancos radicados en la ciudad, ni de las corporaciones que amasaron enormes fortunas con la especulación inmobiliaria, ni al juego o a las empresas que aumentaron sus ganancias durante la pandemia.
Uno de los puntos del proyecto es sobre la contratación del personal y el salario del mismo. Se plantea la suspensión de aumentos ya acordados, así como también la quita de incentivos y bonificaciones.
En las últimas horas, frente al repudio que está causando el proyecto, el gobierno modificó la facultad de pagar el sueldo en cuotas. Originalmente pretendía hacerlo a sueldos mayores a $ 51 mil en bruto (cerca de $ 42 mil de bolsillo). Es decir, Larreta afectaba con esa medida a salarios equivalentes a la linea de pobreza o superiores ($ 42 mil para CABA). Según el propio presidente de la Comisión de presupuesto de la Legislatura porteña, esta medida iba a impactar al 75% de la planta de trabajadores del GCBA. Como para dimensionar la cantidad de trabajadores afectados, sólo los docentes del gobierno de CABA en funciones, según el anuario 2018, son cerca de 48 mil. A esta cantidad hay que sumarle otro tanto del resto de trabajadorxs de todo el sector público.
Con este proyecto se pretende facultar al ejecutivo el recorte salarial: “reorientar recursos económicos y otorgar prioridades” le permitiría suspender la segunda cuota del aumento que los docentes tienen pendiente, por el acuerdo salarial al que se comprometió el gobierno a principio de año.
También plantea el congelamiento de la planta de trabajadores, impidiendo que se cubran puestos por licencias o jubilaciones. Los sindicatos UTE, ADEMyS, UDA y ATE vienen denunciando la medida, aunque se visualiza las dificultades por encontrar medidas de lucha acordes a la región epicentro de la pandemia.
El avance de Rodríguez Larreta sobre lxs trabajadorxs se da en el contexto que se conocieron los sobreprecios obscenos en la compra de barbijos y el gasto millonario en armamento antidisturbios y la creación de la división Anti-Saqueos. Sin afectar las extraordinarias ganancias de un sector de la Ciudad, deja en evidencia qué necesidades atiende Larreta y cómo piensa abordar las necesidades populares: en lo que va de cuarentena, el hambre crece en la ciudad, primero repartió sanguchitos solo a aquellos niñxs que habían hecho el trámite para vianda, luego cada 10 días a los mismos les reparte una bolsa con 7 productos.
Como dato alarmante, tampoco hubo medidas urgentes que aborden la pandemia en los asentamientos más precarios de la Ciudad. En total abandono, sin agua en medio de la pandemia, los casos de coronavirus en los últimos 10 días en la Villa 31 aumentaron de 1 a 155 y hay una fallecida. El recorte a la obra pública, que habilita el proyecto de Larreta, reducirá el empleo y dejará obras sin terminar justo cuando más se necesita. Esta situación que explotó en el centro porteño, es un potencial reflejo de lo que puede ocurrir en los otros 11 asentamientos de la ciudad si no se toman medidas reales. Más de 200 mil personas están frente a gran vulnerabilidad sanitaria. Una bomba de tiempo que no se soluciona con armamento antidisturbio.
En ese sentido lo que debería tratarse en la Legislatura es un impuesto local a la riqueza, a la especulación financiera e inmobiliaria y a la renta financiera: a las grandes fortunas de quienes se beneficiaron estos años.
¿Cómo distribuir los recursos así obtenidos? Los comités de emergencia social y económica en barrios populares de la CABA permitirían poner en acción organizadamente a los vecinos para abordar colectivamente las medidas preventivas necesarias en la pandemia.
