Veinticinco días después de su desaparición, Araceli fue encontrada asesinada y enterrada en el patio del principal sospechoso: Darío Badaracco. Su casa había sido allanada por la policía en los primeros días de investigación, horas después de que declarara en la causa y se estableciera que fue el último en verla con vida.
El accionar de la Justicia y la policía fue puesta en cuestión desde los primeros días por la familia de Araceli. Y ya desde el comienzo la caratula de la causa como “averiguación de paradero” recibió serias críticas del fiscal Marcelo Colombo entre otros, dado que no le asigna la urgencia y la gravedad que estos casos requiere. Colombo, titular de la PROTEX, ofreció la colaboración de dicha entidad ante la sospecha de un caso de trata de personas; pero la fiscalía a cargo del caso la rechazó.
La fiscal a cargo del caso Graciela López Pereyra no recibió a la familia de Araceli hasta después de hallado el cuerpo. Los familiares denunciaron graves fallas en la investigación. En un primer momento la hipótesis era que Araceli estaba “de gira” por su adicción a las drogas. Luego trabajaron sobre la posibilidad de un conflicto familiar y en medio también se desvió la investigación con la aparición de pistas falsas. Mientras tanto, la familia seguía reclamando la búsqueda por las zonas aledañas, donde finalmente un perro entrenado de la policía encontró el rastro de los restos de Araceli.
Luego del macabro hallazgo fueron apartados tres policías que participaban de la investigación: el subcomisario Hernán Humbert, quien estaba a cargo de la Comisaria 8° de San Martín; el oficial principal, José Gabriel Herlein, de la Comisaría 5°de San Martín; y el oficial subinspector Elián Ismael Avalos, del Comando de Patrullas de Tres de Febrero. Los dos primeros por cuestionamientos en sus actuaciones durante los rastrillajes y el último por ser hermano de los dos de los seis detenidos con la fuerte sospecha de haber filtrado información a los implicados en el femicidio.
Darío Badaracco, que estaba prófugo, fue descubierto en la Villa 1-11-14 por un grupo de vecinas. Denunciaron su presencia a miembros de la Gendarmería, quienes no les creían y les tomaron los datos. Finalmente terminaron apresándolo y posando para la foto.
¿Por qué tanta saña?
En los últimos nueve años hubo 329 femicidios de mujeres de entre 16 y 21 años. Mientras tanto el “plan para la erradicación de la violencia hacia las mujeres” no tiene una respuesta para estos crímenes de mujeres jóvenes que tienen varios denominadores comunes: la mayoría son del conurbano; salían a bailar o llevaban adelante alguna actividad vinculada con la diversión, lo que da la excusa a la policía y la Justicia para no investigar y a veces para ni siquiera tomar la denuncia: “ya va a volver, andará de gira”, “se habrá ido con algún noviecito”, etc. Y en todos los casos aparece de alguna manera la vinculación con el narcotráfico. En muchos casos las familias y amistades deben realizar algún tipo de acción para lograr que se investigue. En muchos de estos casos se descubren complicidades policiales y judiciales que con el tiempo quedan en la nada.
Esta problemática se enmarca en la situación de vulnerabilidad que vive la juventud de las barriadas populares, quienes además de la falta de necesidades básicas producto de la pobreza o desocupación de sus padres, son acosados por la policía y por los narcos que quieren reclutarlos para sus negociados. Y, como no puede ser de otra manera en una sociedad donde las mujeres sufrimos la doble opresión, esta realidad se expresa cruelmente en la vida y en los cuerpos de las jóvenes que son abusadas, prostituidas, violentadas de mil maneras e incluso asesinadas.
En este escenario no hay un estado ausente. Son las instituciones del mismo el que garantizan la pobreza, el funcionamiento de las mafias y la continuidad de las distintas formas de la violencia hacia nuestras niñas y mujeres. Junto con el gobierno nacional de Macri, que ajusta, despide, recorta –hasta intentó recortar el presupuesto del Consejo de la Mujer– y mira para otro lado mientras matan una mujer por día.
¿Qué hacer?
La experiencia nos demuestra que se avanza cuando las familias y el barrio se organizan ante situaciones de desaparición jóvenes. Difundiendo su foto en las redes sociales, tomando en sus manos la búsqueda y exigiendo que la policía tome la denuncia y la Justicia investigue. También exigiendo cárcel y condena a violadores y femicidas. Sin embargo, urge avanzar en la organización para evitar estos crímenes, exigiendo medidas de urgencia y específicas que garanticen la protección de las jóvenes, pero a la vez profundizar la lucha desde los organismos de masas y las organizaciones sociales barriales por garantizar a los y las jóvenes los derechos que les son negados como a la vivienda y el trabajo digno, la recreación y el deporte, la cultura, la salud y la educación. Todo esto en el camino de terminar con la pobreza, las mafias y la violencia hacia las mujeres, partes indisolubles de la lucha por la liberación nacional y social de nuestro pueblo.
