Una política impulsada por la dictadura de Onganía y enfrentada por los obreros tucumanos. Sus consecuencias persisten en el presente.
A pocos meses del golpe de Estado de 1966 que impuso al general Juan Carlos Onganía, la dictadura emitió el decreto Nº16.926 del 22 de agosto que resolvía la intervención de siete ingenios. Se daba impulso así a la concentración monopólica de la agroindustria azucarera para terminar cerrándose 11 de los 27 ingenios que había en Tucumán en ese momento.
En aquel momento en ese sector venía desarrollándose una crisis de superproducción relativa. El año anterior la agro-industria había tenido una producción récord de azúcar, pero que no se vendía. Había atraso de salarios y fuertes reclamos obreros que el más tarde derrocado presidente Illia no resolvía. En ese contexto la dictadura autodenominada “Revolución Argentina” argumentó para la intervención y cierre que el problema era la “ineficiencia” de los ingenios, que se debía diversificar y prometió trabajo para todos. (Algún parecido con la actualidad no es pura coincidencia…). Pero, por las dudas, fueron militarizados los pueblos de los ingenios que se proponían cerrar.
Al fin de cuentas, hacia el final de aquella dictadura lo que se comprobó es que esa llamada “eficiencia” implicó la eliminación 50.000 puestos de trabajo directos en la agro-industria azucarera. Hubo una emigración forzosa de 200.000 tucumanos, siendo en ese período la única provincia que disminuyó su población. La mortalidad infantil rondaba el 75 por mil; y el analfabetismo superaba el 13% (casi el doble que en el resto del país). Las familias obreras sufrían hambre, tal como registrara Gerardo Vallejo en su cortometraje “Olla popular”.
Resistencia obrera
Como ocurrió en general con la mayoría de las dirigencias sindicales, a inicios de aquella dictadura la conducción de la federación obrera azucarera, FOTIA, y otros gremios se reunieron con Onganía en Tucumán a presentar sus reclamos. Desde el exilio Perón había llamado a “desensillar hasta que aclare”, dándole valioso tiempo. Pero rápidamente, de menor a mayor, se fueron desatando conflictos y la confrontación abierta con la dictadura. Se produjeron también las importantes luchas de ferroviarios y portuarios, pero que fueron derrotadas.
En Tucumán los conflictos fueron apresurándose con el hambre. De las ollas populares se pasaron a los paros y cortes de ruta. Y en enero de 1967, durante una de esas jornadas convocadas por la FOTIA, en la localidad de Bella Vista cayó asesinada por la represión policial Hilda Guerrero de Molina, esposa de un obrero de fábrica que había quedado sin trabajo. La respuesta fue una pueblada. Los obreros y los comités pro defensa de los ingenios –constituidos en esos pueblos– lograron reabrirlos en algunos casos. Pero la dictadura fue imponiendo sus planes y logró aislar la lucha de los obreros tucumanos, ayudada por la conciliación de los jerarcas sindicales de la CGT.
En 1969 con el Cordobazo se desató un auge de lucha que derivó en la renuncia de Onganía y luego en el fin de la dictadura. Con las elecciones de 1973 volvió Perón al gobierno. Los obreros azucareros continuaron con sus luchas y recuperaron derechos.
Intereses antagónicos
Uno de los trasfondos de la terrible crisis social que profundizó la dictadura de Onganía-Levingston-Lanusse era el interés de la oligarquía azucarera de avanzar en la maquinización de la producción. Se buscaba introducir la cosechadora integral, que reemplazaba cada una a más de 200 obreros rurales. Pero también había avances tecnológicos dentro de la propia fábrica, que del mismo modo venían acompañados de despidos de obreros de fábrica. El problema es que en el capitalismo la modernización industrial lejos de aliviar el trabajo de la clase obrera, sirve para aumentar la tasa de ganancia de la burguesía a costa de una mayor explotación.
Tal es así que 1973 la producción azucarera superó en un 25% al récord registrado en 1965, pero con 11 ingenios y 50.000 obreros menos en Tucumán. Se produjo así la concentración monopólica y el aumento de la superexplotación obrera. Tal es así que se terminó desarmando algunas fábricas para rearmar sus máquinas en la ampliación de otras. Este proceso benefició también a Ledesma en Jujuy, el ingenio más grande de la Argentina. Y en Tucumán el más beneficiado fue el ingenio Concepción, el más grande de la provincia y el que más cantidad de toneladas de azúcar aumentó su producción en todo el país. La catástrofe social tuvo beneficiarios.
Pero, evidentemente, la oligarquía azucarera no estaba conforme. No había podido desarticular la resistencia obrera de la FOTIA, que también durante el tercer gobierno peronista protagonizó un fuerte paro en 1974. La FOTIA tenía una propuesta frente a la crisis: diversificar producción con subproductos del azúcar, estatizar los ingenios con control de sus trabajadores y no permitir ningún puesto de trabajo menos. Era una propuesta que se enmarcaba en la necesaria liberación nacional y social. Entonces se produjo el golpe de 1976.
1976
Fue necesario el terror dictatorial de 1976 para derrotar aquel movimiento obrero. Ese golpe fue prologado por la Triple A y el Operativo Independencia, que reprimió y dividió al movimiento obrero y popular. Y una de las primeras medidas de Bussi como interventor de facto de Tucumán fue intervenir la FOTIA. Con la dictadura continuó la disminución de obreros, manteniéndose la producción. Esto es lo que se verifica, por ejemplo, en los casos del Concepción y La Fronterita(1).
Hoy, los principales dirigentes de aquella FOTIA que enfrentaron la dictadura de Onganía-Levingston-Lanusse están desaparecidos o asesinados: peronistas o de izquierda, todos eran un obstáculo para los intereses monopólicos que se impusieron. Las cifras, los nombres y la historia dan cuenta de una planificación genocida y de la mentira de la llamada “guerra sucia”. Lo que hubo fue un plan sistemático de extermino para imponer cambios productivos en beneficio de las clases dominantes. Lo que continúa es la lucha por verdad y justicia –que no podrá parar Macri–, y por la liberación, que no abandonará nunca el pueblo.
(1) PVyJ, CELS, FLACSO: “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad”, Tomo I, 2015.
