El gobierno de Macri, supuesto paladín de la anti-corrupción, envió al Congreso un nuevo proyecto de blanqueo de capitales denominado “Ley de Amnistía Fiscal”. Mediante este “Régimen de Sinceramiento Fiscal”, el macrismo pretende obtener unos hipotéticos 60.000 millones de dólares, cobrando una tasa irrisoria de entre el 5 y el 10% a quienes ingresen o declaren el dinero no registrado que tienen fuera del país a través de la compra de títulos públicos (convirtiéndose en acreedores del Estado). A cambio, la AFIP no indagaría sobre el origen de este dinero.
Días antes había trascendido que el propio Mauricio Macri haría uso de los beneficios del blanqueo repatriando los $18 millones que tiene en las Bahamas, recientemente “aparecidos” en su última declaración jurada, en la que se consigna un incremento de su patrimonio desde el año pasado de 124%. Tras las polémicas al interior de Cambiemos, finalmente se decidió excluir a los funcionarios actuales del Poder Ejecutivo, aunque no a jueces, gobernadores y legisladores, y se admitirían funcionarios públicos anteriores a 2010. Quedarían excluidos sólo quienes tengan un proceso penal en trámite por delitos como narcotráfico, explotación sexual o secuestros extorsivos, admitiendo abiertamente ciertos delitos de evasión. La Unión Industrial Argentina, en boca de José Uturbey, festejó el nuevo blanqueo planteando que es “un primer paso” en el proceso de “mayor seguridad jurídica y políticas de incentivo” para los empresarios (¿?).
En el 2017 entra en vigencia un protocolo internacional que obligará parcialmente al blanqueo de cuentas en paraísos fiscales, pagando el total de los impuestos y con la posibilidad de que se les aplique la ley penal tributaria, por lo que la ley macrista es un verdadero regalo a los evasores. Según distintas fuentes, se estima que en los últimos años se habrían fugado del país entre 200.000 y 400.000 millones de dólares.
