En el debate sobre las cárceles lo que está en cuestión, de fondo es el sistema, y coyunturalmente las políticas económicas que ya desde antes de la pandemia han venido acentuando la desocupación y hambre.
También tiene un aspecto en lo cultural, que es la estigmatización que se hace de la indigencia, del color de piel o de ser inmigrante pobre. Todo eso agudiza las diferencias y los enfrentamientos en la sociedad de clases. En esta sociedad tiene lógica que quienes cometen delitos provengan de esos sectores postergados y menospreciados, y sean los que constituyen la inmensa mayoría de la población carcelaria.
No se trata de justificar a quien roba o mata a un laburante, a un vecino, a un jubilado; lo que decimos es que esos hechos aberrantes e injustificables tienen una motivación social, que la cárcel no soluciona porque, como está comprobado, si no se transforman esas causas sociales, lo más probable es que cuando salgan vuelvan a la misma situación, a la misma “rutina”, y muchos aún más embrutecidos y con mayor resentimiento (debido a la violencia y condiciones del encierro).
Por eso el verdadero camino de salida, que la pandemia contribuye a poner en evidencia, es comenzar a cambiar las condiciones socioeconómicas de la mayoría del pueblo, con trabajo, salario, educación y salud públicas, y mejoras generales en las condiciones laborales y de vida. Y junto con esto debe haber un cambio necesario en el sistema judicial, removiendo los paradigmas que penalizan y persiguen a la pobreza y la “portación de rostro”. Para que haya una justicia así y jueces probos deberán ser elegidos democráticamente, con posibilidad de revocación y control popular.
La condición para eso es que haya también un cambio en la superestructura política, con otros valores culturales en que la solidaridad y el trabajo sean modos de realización de la persona, y no la evasión del trabajo como condición de vida, la búsqueda de la vida fácil, la competencia, el “sálvese quien pueda” y como pueda… Son desafíos propios de la sociedad de clases pero que ahora emergen en forma aún más descarnada a raíz de la situación carcelaria en la pandemia.
Que el macrismo y sus socios, que gobernaron los últimos cuatro años y que con sus políticas agravaron el hambre, la desocupación y la falta de perspectivas personales, aprovechen esta coyuntura difícil para justificar sus crímenes sociales, preocupa, pero no sorprende. Sólo buscan crear o acentuar una situación de desesperanza y congoja, especialmente en las capas medias que habían tomado distancia del macrismo, para meterles miedo ante una “liberación masiva de presos” machacada hora tras otra por los medios para aislarlos y enfrentarlos a las familias trabajadoras y pobres. Trabajan incansablemente para meter divisiones en el pueblo, especialmente en momentos en que las medidas sanitarias y ciertas medidas económicas del gobierno vienen mostrando cierto acompañamiento popular.
La actual situación en cárceles y de la Justicia en general es insostenible y exige, entre muchas otras cosas, un protocolo de salida de la pandemia que asegure que los lugares de detención recluyan sólo a quienes ya han sido juzgados y condenados, que reconstruya las sanciones y los establecimientos carcelarios mirando a la persona –particularmente en los casos de delitos menores- y especialmente su posibilidad de reformarse, con trabajo remunerado y con una reeducación que apunte a su recuperación social.
Esos son la inmensa mayoría que habitan las cárceles, y son los que estarían en condiciones de pasar hoy a la condición de arresto domiciliario en virtud de una básica razón sanitaria. En absoluto corresponde esto a los violadores, asesinos, femicidas y genocidas, que deben cumplir su condena, con garantía de su situación sanitaria.
