La Secretaría de Salud Mental del Gobierno de la Provincia de Córdoba tomó la decisión de cerrar el espacio de Atención Comunitaria de Salud Mental en Villa El Libertador.
En un comunicado, el equipo que atiende en dicho centro de salud mental dijeron que esto sucedió luego de que pidieran medidas de limpieza y bioseguridad como barbijos, guantes, alcohol en gel y un teléfono para comunicarse con los pacientes.
Sin atender a los reclamos, el Gobierno sólo dispuso el cierre del lugar y trasladar a los profesionales hacia otros centros. El traslado de lxs profesionales expone y deja desprotegida a la población y se imposibilita darle continuidad a las tareas de asistencia y promoción en salud mental. Al mismo tiempo también trasladan a lxs integrantes de la extensión del Centro Infanto Juvenil que se desempeñaba en esa sede.
Por su parte desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se responsabilizó a Emilio Filiponi, a cargo de la Secretaría de Salud Mental, y a María Guidetti, titular de la Dirección de Salud Mental.
Lxs trabajadores sostienen que, en plena pandemia, se deja sin servicio de atención de salud mental a más de 100.000 habitantes de esta jurisdicción, en el sur de la ciudad de Córdoba.
Nora Galán, Flavia Rivero e Isabel Mamani, integrantes del Equipo de Atención Comunitaria de Villa El Libertador, denunciaron que el cierre y traslado del personal fue fundamentado en que «por la situación de pandemia y al no poder resolver la limpieza de la sede, deben desarmar el equipo y trasladar a lxs profesionales». «Aparentemente resulta menos costoso sacar a los profesionales del lugar que gestionar la limpieza del mismo (con las normas de bio seguridad correspondientes)» explican en el comunicado divulgado a través de las redes sociales.
Las profesionales de la salud denunciaron además que les «retuvieron las llaves del inmueble sin darnos la posibilidad de retirar los elementos mínimos para realizar nuestro trabajo, como historias clínicas de lxs usuarixs, material de librería, bibliografía, etc. además de objetos personales y muebles propios».
«Lamentamos profundamente esta medida arbitraria, que no responden a un criterio sanitario claro, que lejos de llevar tranquilidad a la población, garantizar el acceso al servicio de salud y sostener a quiénes sostienen, acarrean angustia y malestar. Son tiempos de cuidado, de minimizar los daños, de sostener y reforzar el trabajo en territorios donde la población está afectada por múltiples necesidades previas a la situación de emergencia. Estas acciones lejos de contribuir con este objetivo, constituyen una muestra de violencia institucional» concluyeron las trabajadoras.
