Con la aprobación de la Ley de Emergencia Social y la creación de Consejo Social se abrió un gran debate dentro del movimiento piquetero. Por un lado la aprobación de la ley obligaba al Estado a desembolsar 30.000 millones de pesos durante tres años en asistencia social entre los sectores más golpeados económica y socialmente. Como parte de ello se creó el Salario Social Complementario, que complementa desde el Estado el salario de muchos trabajadores precarizados que no alcanzan el Salario Mínimo Vital y Móvil de $9.700 al día de hoy.
Por otra parte, la ley creó formalmente, como instrumento de seguimiento y hasta cierto punto administración de estos 30.000 millones, un Consejo Social conformado por representantes de los ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo y de Jefatura de Gabinete, y de tres organizaciones piqueteras: la CTEP, Barrios de Pie y la CCC.
Ya en su momento consideramos que la aprobación de la Ley fue una conquista del movimiento piquetero y social, pero a la vez señalamos que el Consejo Social era más un instrumento de sujeción del gobierno de Macri, a través de la ministra Carolina Stanley, que cualquier otra cosa. Terminada la elección en la provincia de Buenos Aires –en la que Esteban Bullrich de Cambiemos logró imponerse por 3% tras el escandaloso escrutinio en primera vuelta, y en la que el Movimiento Evita, uno que los componentes más importantes de la CTEP, y la CCC apoyaron a Randazzo, y Barrios de Pie intentó cerrar con Massa– el funcionamiento del Consejo se trabó. Entonces los hechos nos dieron la razón sobre para que servía esencialmente el Consejo.
El punto de inflexión fue claramente la participación de gran parte del abanico de organizaciones piqueteras y sociales en el acto convocado por la CGT el 27 de agosto, pocos días después de las elecciones. Ya para el 21F el mensaje del gobierno al autodenominado Trío Cayetano –CTEP, CCC, Barrios de Pie– fue claro: “si convocan, se corta el chorro”, o al menos una parte; y así fue.
Tras la convocatoria del Trío Cayetano, impulsada principalmente dentro de CTEP por Grabois –directamente vinculado al Papa Francisco– y con la reticencia inicial del Movimiento Evita de Pérsico, en definitiva el gobierno en febrero anunció la disolución de los Entes Ejecutores del Programa Argentina Trabaja bajo control de cada organización como administradores de planes y proyectos. Y, como principal forma de contraprestación de la asistencia social, cambió la actividad productiva o de servicios por la educación. Con lo que dicho en criollo: “el que toma lista, es el docente y no las organizaciones sociales”. Como nada es lo que parece, lógicamente una parte de los cursos de capacitación van para los sindicatos conciliadores con el gobierno, empresas privadas de amigos, etc.
Entonces se conformó una coordinación de todos los movimientos y en definitiva resolvieron que no podían salir a oponerse al argumento de que la contraprestación para los compañeros de los barrios sea terminar el secundario.
Este abrupto cambio mostró lo relativo y efímero de la teoría de la “Economía Popular”, ya que en gran medida esa economía no es más que la asistencia social estatal, con las mutantes condiciones de contraprestación que se ha ido fijando desde el Estado desde los 90’s con el “Plan Trabajar” y las cuadrillas, cuando surgieron “los planes” por consejo del Banco Mundial. En aquellos momentos, tras la ola privatizadora y la devastación social de Menem, se empezaba a organizar y surgía el movimiento piquetero con la pueblada de Cutral Co.
¿Y ahora el Sindicato?
El 1º de Mayo el Trío Cayetano convocó a un acto en el Monumento al Trabajo, en las inmediaciones de la CGT, para reclamar la creación de un Sindicato Único de Trabajadores de la Economía Popular (SUTEP). Incluso envió una delegación a golpear la puerta de la Central de Azopardo para entregar un petitorio, donde los atendió Hector Daer en compañía de Eduardo Duhalde, que estaban allí con motivo también del Día del Trabajador en una reunión de la que participó Dilma Rousseff como invitada.
En realidad, a los sindicatos no lo crea ni habilita la CGT sino el Ministerio de Trabajo. Y a las obras sociales las habilita la Superintendencia de Servicios de Salud, no la CGT. Tampoco es que haya pleno acuerdo dentro de las tres organizaciones del Trío Cayetano, según ha trascendido públicamente por boca del representante de barrios de Pie. En la CCC no hay todavía pleno acuerdo con lo del sindicato.
Y en Argentina de Frondizi en adelante, quién dice “Sindicato”, dice “Obra Social”. Y como dijo un dirigente sindical peronista cuando el gobierno de Frondizi apareció con la genial idea: “Me parece que nos vamos a volver ricos, pero con esto se termina la resistencia peronista”. Tal cual.
Pero lo más grave ni siquiera es esto. Lo más grave es que sindicalizar a los “piqueteros” es pasar a organizar y administrar un nuevo régimen laboral más precario que cualquier otro: el de los que trabajan por miles para los municipios de todo el país y lejos están de ser siquiera “contratados” o “planta transitoria de las municipalidades”, por solo dar un ejemplo.
Porque una cosa es la justa lucha por la asistencia social Estatal como paliativo a la desocupación, el hambre y la miseria. Y otro muy distinto es ser organizador y formalizador de la precarización laboral bajo la forma del monotributismo o el encuadre que quiera darle el gobierno de Macri como parte de su plan de “bajar los costos laborales”.
