La situación de la mayoría de los sectores populares es insoportable y ya no alcanza para llegar a fin de mes. El equivalente al 21% del salario mínimo vital y móvil se destina solo para pagar luz, gas y agua. Según la ONG “Productores Libres”, en el primer trimestre del año hay productos que ya aumentaron un 10%, un 30% o un 50%. Se trata de productos de primera necesidad, como pan, azúcar, té, yerba, carne y pollo. El pan llegó a los $65. El “panazo” frente al Congreso mostró la crisis de los panaderos que regalaron 5 mil kilos de pan. Y las colas para recibirlo era digna de una imagen de Venezuela.
Los tarifazos son una cuestión religiosa para el gobierno porque es la forma de cómo reduce los gastos y el déficit fiscal, dejando de transferir a los monopolios de la energía, más de 400 mil millones de pesos que ahora los hacen los usuarios. Esta brutalidad ha llevado al hartazgo de los sectores populares, desde los que pagan $350 la garrafa de 10kg (en un hogar se gastan dos por mes) hasta los que reciben boletas de 3, 4 o 5 mil pesos con aumentos que van con este gobierno a más de 1500%.
El tarifazo ha puesto en el tapete un debate de fondo en cuanto a que la energía, que es un bien esencial y no transable, no puede estar en manos privadas, ya que lo que buscan las empresas son las ganancias y no a cubrir las necesidades básicas de un servicio esencial. Por eso, empresas como Edenor o Edesur han multiplicado sus ganancias con este gobierno, mientras los usuarios no han mejorado su situación. Y tal como se volvió a ver con el temporal, las redes de energía no aguantaron ni una hora por falta de inversiones y mantenimiento, dejando a barriadas enteras en el conurbano y Capital sin luz por más de 24hs.
Mientras el argumento del gobierno, con gran difusión mediática, fue que el Estado con el kirchnerismo subvencionaba las tarifas y dejó la crisis energética, el macrismo transfirió a los usuarios esos subsidios hacia las empresas. Mientras tanto, la crisis energética se profundizó a niveles del 2014. La única manera que conocen de reducir los gastos del Estado es que lo pague el pueblo. Por eso rechazaron en la sesión especial del Congreso, a costa de otro alto costo político, 30 proyectos para congelar y retrotraer las tarifas.
Medidas del “año par”
Todo lo que tenga que ver con ajuste hasta el hueso deberá hacerse en el 2018, año par, ya que en el 2019 solo serán caramelos para la campaña electoral. Pero lo que no se esperaba el gobierno es el gran rechazo que provoca, principalmente en los sectores medios, el tarifazo. Antes ya había caído la imagen con el robo a los jubilados con la Ley previsional y los despidos en el Estado como en el INTI.
Ahora prometieron la baja de la inflación para mayo. Pero las principales empresas de alimentos y otros bienes ya mandaron la lista de nuevos precios para los productos de primera necesidad a partir de mayo: los aumentos rondan entre el 7% y 11%. El subterráneo aumentará un 46% y el agua un 26%. Esto profundizará el “malhumor” en grandes sectores del pueblo, que ya arrastra a la propia gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, que cuenta con la mejor imagen del oficialismo.
Por otro lado, el Ejecutivo puso en marcha los Participación Publico Privada (PPP): verdaderos contratos leoninos con empresas internacionales y monopolios locales para la obra pública, con el objetivo de que el Estado no desembolse la mayor parte del dinero.
Estos contratos ya fracasaron en España, donde el Estado tuvo que terminar haciéndose cargo a partir de febrero de las autopistas de peaje quebradas cuando eran gestionadas por constructoras. Se trata de caminos creados mediante contratos de participación público privada (PPP) iguales a las que acordó Mauricio Macri. Por el costo de la adquisición de estas autopistas –la mayoría actualmente en manos de fondos buitre– el gobierno deberá desembolsar entre 2.450 millones y 5.500 millones de dólares, según consignó El Diario de España. Pero en nuestro país, las empresas estarán cubiertas si llega a suceder algo parecido, ya que podrán litigar en tribunales internacionales, como figura en los pliegos de contrato otorgado por Macri.
Y para completar el primer tramo de medidas antipopulares del “año par”, el gobierno insiste con la flexibilización laboral y envía tres proyectos al Congreso. Apuesta a que ha “madurado” la relación con un sector de los jerarcas de la CGT como para que puedan “consensuar” este proyecto antiobrero. Pero quizá levante del letargo a otros que le vienen dando tregua en medio de los tarifazos, paritarias a la baja y miles de despidos y cierres de fuente de trabajo. El proyecto muestra la otra pata del programa “anti déficit” del gobierno bajando los “costos laborales” y dándoles mayorers beneficios a los grandes monopolios. Esta primera embestida contempla tres proyectos: 1) el blanqueo de trabajadores informales, 2) las pasantías como capacitación laboral y 3) la creación de una “agencia de evaluación de tecnología médica”.
El “blanqueo laboral” exime del pago de multas a la empresa que “regularice” la situación de sus trabajadores. El Estado reconocerá a cuenta los aportes al sistema previsional por los años en los que el empleado haya estado en la informalidad. El Estado le reconocerá solo cinco años de aportes hacia atrás al trabajador para jubilarse; y como base no se tomará ese salario al momento de la aplicación sino el salario vital y móvil. Además los años no declarados no computarán para la indemnización en caso de despido.
La segunda iniciativa es la “capacitación laboral continua”, que serán “pasantías en blanco”, donde los empleadores tratarán de “reconvertir” el trabajo precarizado y crear nuevos oficios.
El tercer proyecto es el de la “agencia de tecnología médica”, cuya finalidad será la de reducir los juicios laborales y contra las obras sociales. Esta propuesta fue consensuada con los equipos médicos de las principales obras sociales de los principales gremios.
Frenar esta política y su continuidad
La corrida del dólar mostró que no se puede sostener una política antiinflacionaria atada al alza de las tasas. Es decir a la especulación, ya que esos especuladores cuando el dólar sube recurren a él y el Banco Central debe acudir a las reservas para bajarlo y debe volver a elevar las tasas fomentando una bicicleta especulativa incontrolable. El alza del dólar lo paga el pueblo en una economía dolarizada como la nuestra, y eso se expresa en los aumentos de los combustibles, alimentos y servicios.
Junto con esto, el nivel de endeudamiento es alarmante hasta para los propios organismos de préstamos internacionales que advierten de ese riesgo, mientras exigen nuevas medidas que los beneficie.
Si faltaba alguna señal de alarma que muestra lo complicado de la situación, llegó con a parición del ex ministro de la dictadura, menemismo y la Alianza: Domingo Cavallo. Fue como la “guinda del postre”, como el “cartón lleno” en la lotería. Aquel que fue mentor del “un peso un dólar”, aquel que estatizó la deuda privada en la dictadura, entre ellas la de la familia Macri, aquel que se quedó con los ahorros con el “corralito” en el 2001. De solo nombrarlo ya genera el espanto y el presagio de un final cantado. Este parece ser el nuevo asesor del gobierno.
Es la señal de que entramos en una zona donde la polaridad principal entra en una fase donde el final está escrito y abierto. El gobierno y los sectores que los acompañan sacaron lecciones de la historia reciente. Por eso dividen a la oposición y preparan las herramientas jurídicas y represivas para los que van a enfrentar esta política.
El reagrupamiento popular también deberá hacerlo, cerrando filas en las calles y arrancando el paro nacional activo acompañado con puebladas y marchas federales con el interior desbastado por esta política. Las iniciativas unitarias necesarias para empezar a hacer retroceder el ajuste, la entrega y la represión.
La realidad muestra que el pueblo necesita derrotar esta política en las calles y las elecciones, lo que exige avanzar en la construcción de instrumentos que nos permitan ser protagonistas en la confluencia con aquellos sectores que trabajan en esta dirección, como los que se expresaron en el acto en Ferrocarril Oeste el pasado 27 de abril en conmemoración del primer paro de la CGT a la dictadura. En esa dirección, la Corriente Clasista René Salamanca y el Comunismo Revolucionario fueron protagonista este 1° de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, del acto en la CABA, en Santa Fe, Córdoba, Bahía Blanca y otras ciudades del país.
