Se trata de una amplia alianza federal, que nace con el objetivo de la despenalización y legalización del derecho al aborto en Argentina. Tiene sus simientes en el XVIII Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Rosario en el año 2003 y en el XIX ENM desarrollado en Mendoza en el 2004. Fue lanzada el 28 de mayo de 2005, Día de Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, y desde entonces tiene la capacidad y la fuerza de coordinar actividades simultáneamente en distintos puntos del país bajo la consigna: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.
En sus inicios fue impulsada desde grupos feministas y del movimiento de mujeres, y también se fueron sumando mujeres pertenecientes a movimientos políticos y sociales. Cuenta en la actualidad con la adhesión de 500 grupos, organizaciones y personalidades vinculadas a organismos de derechos humanos, de ámbitos académicos y científicos, trabajadoras/es de salud, sindicatos y diversos movimientos sociales y culturales, entre ellos redes campesinas y de educación, organizaciones de desocupadas/os, de fábricas recuperadas, grupos estudiantiles, comunicadoras y comunicadores sociales, etc.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito
Claves
• El debate en el Congreso gira en torno a si se dará solución a los abortos clandestinos, que hoy rondan los 500 mil al año en nuestro país y son una de las principales causas de muerte de mujeres embarazadas.
• Hoy el aborto es legal bajo determinadas condiciones: cuando el embarazo es producto de una violación, o cuando hay riesgo para la salud o la vida de la mujer. Estos condicionantes están plasmados en el artículo 86 del Código Penal y por la jurisprudencia de la Corte Suprema (fallo FAL de 2012).
• El proyecto de la Campaña plantea legalizar plenamente el aborto hasta la semana número 14 del embarazo. Esto significa que toda mujer podría elegir interrumpir su embarazo, aún sin cumplirse los condicionantes que hoy exige el artículo 86 del Código Penal.
• El proyecto plantea además que la interrupción voluntaria de embarazo sea incorporada como parte de las prestaciones médicas básicas obligatorias tanto del sistema público como privado de salud, estableciendo un plazo máximo de 5 días para su realización.
