En los días posteriores al caso del policía Luis Chocobar –procesado por asesinar de un disparo por la espalda a un delincuente mientras huía– el gobierno de Cambiemos desplegó una ofensiva buscando instalar lo que denominaron un “cambio de doctrina” en la política de seguridad, que no es otra cosa que preparar a las fuerzas represivas para que actúen sin límites. Buscan garantizar la represión para hacer pasar sus políticas de entrega y ajuste. “Estoy orgulloso de que haya un policía como vos… Hiciste lo que hay que hacer”, le había dicho Macri a Chocobar el día que lo recibió en la Casa Rosada.
Más tarde, explicitó aún más su enfoque en la conferencia de prensa desde Chapadmalal: “No entiendo cómo, en un fallo que leí, dice que estuvo todo bien hasta el último instante en el que los jueces dicen que se excedió el policía. ¡¿Cómo que se excedió?! (…) ¡No entiendo qué esperan esos tres jueces! ¿Que el policía después de perseguirlo equis cantidad de cuadras pidiéndole que se detenga y que se entregue lo deje escapar? (…) Yo creo que el policía está para cuidarnos a todos los argentinos. Y para que nos pueda cuidar, nosotros tenemos que darle las herramientas para que ellos puedan actuar”. Así Macri defendió es lisa y llanamente otorgar a la policía licencia para matar.
En el mismo sentido, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich utilizó la defensa Chocobar para anunciar en un reportaje radial que el gobierno está “cambiando la doctrina de la culpa hacia la policía”. Según ella, Chocobar “siguió todos los protocolos de la nueva doctrina que hemos elaborado”. El objetivo de la nueva doctrina sería “invertir la carga de la prueba” en beneficio del policía. “Hay jueces que no lo entienden. Vamos a cambiar el Código Penal para eliminar la figura de legítima defensa para las fuerzas policiales”. “El policía actuó como debía, en cualquier país civilizado el Estado lo primero que hace es darle la presunción de inocencia a su policía y no al revés”, agregó la ministra, y desafió: “El juez que haga lo que quiera, nosotros vamos a llevar adelante la defensa de la acción”.
Por otra parte, mientras la ministra de Seguridad procuraba garantizarles impunidad a las fuerzas de seguridad, el ministro de Defensa Oscar Aguad anunciaba un proyecto para la intervención de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) en la “seguridad interior”: “Una de las cuestiones en las que estamos pensando, no a largo plazo, sino que este mes tenemos que resolver, es la creación de una fuerza de despliegue rápido” como “apoyo logístico en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”. Remarcó que “el Ejército tiene en condiciones operativas 40 mil hombres que pueden prestar una gran colaboración en materia de seguridad interna”.
Ambos ministros realizaron, acto seguido, una gira por EEUU donde se reunieron con el FBI, la DEA y el Comando Sur. Durante la gira Bullrich anunció la instalación de una “Task Force” en Posadas con agentes de la DEA y el plan de revitalizar un centro de análisis en la Triple Frontera bajo el rótulo del “combate contra el crimen organizado y el terrorismo” (ver recuadro).
La ministra Bullrich también analizó con los funcionarios yanquis el caso Chocobar y “nueva doctrina de seguridad” que quiere implementar. Sobre esto el secretario de Seguridad Interior Gerardo Milman dijo que “dialogamos respecto a ese caso y los Estados Unidos tiene un antecedente que es el caso Tueller [un policía del Estado de Utha, en una situación supuestamente similar a Chocobar] donde ellos terminan igualando las armas blancas a las armas de fuego”. Además, manifestó que buscan tomar el modelo del FBI: es decir que primero sea la fuerza la que analice la evaluación que el agente hizo del escenario “en ese momento” y que luego, solo si hay dudas, se eleve a los fiscales. Promueven así el gatillo fácil, la impunidad y la represión.
¡Ninguna base yanqui en Misiones!
El pasado 9 de febrero la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció desde Washington el acuerdo con la DEA, agencia “antidrogas” de EEUU, la instalación de una “Task Force” (fuerza de intervención) yanqui en la ciudad de Posadas, en Misiones. La excusa es la de siempre: “combatir el narcotráfico y el terrorismo”. Esto se suma a un acuerdo “de cooperación con el FBI” para capacitar a los agentes de la Policía Federal. En su gira por ese país, la ministra se reunió con la DEA, el FBI, la agencia de seguridad interior (Homeland Security) y luego con el Comando Sur. Con este último estuvo acompañada también por el ministro de defensa Oscar Aguad. Poco después de este viaje, el gobierno publicó en el Boletín Oficial un decreto “secreto” sobre la compra de material bélico.
La supuesta lucha contra en narcotráfico y el terrorismo son viejas excusas. Se aumenta el presupuesto en seguridad, que siempre termina reprimiendo al pueblo, sin lograr reducir la producción ni contrabando de drogas. Por ejemplo en Colombia desde el año 2000 en que se inició el “Plan Colombia” se ha duplicado el área cultivada para la producción de cocaína. En verdad, la DEA lejos de combatir al narcotráfico lo que hace es controlarlo y dirigirlo de acuerdo a los intereses de EEUU, combatiendo a los cárteles que no le son aliados y dejando actuar a los propios.
