Cristina Iglesias y su hija Ada, de 7 años, que estaban desaparecidas desde el 25/3, fueron asesinadas a puñaladas y sus cuerpos fueron enterrados en el fondo de su casa en Monte Chingolo, en Lanús.
La hermana de Cristina fue quien hizo la denuncia policial, preocupada porque su hermana no mandaba fotos ni videollamadas como era su costumbre, sino solo mensajes. En la casa se encontró con Abel Romero, quien era su pareja y la persona con la que estaba pasando la cuarentena. El hombre le decía que su hermana se había ido por su cuenta, pero ella pudo observar bolsas con pertenencias de Cristina y Ada, y la cama mojada como si hubiera sido lavada.

Cuando la policía llegó al lugar, el hombre no solo se había dado a la fuga sino que también pudieron encontrar rastros de sangre en un colchón que habían sido limpiados y huellas de arrastre. A pesar de esta evidencia, el caso siguió caratulado como “averiguación de paradero”.
Romero –quien tiene antecedentes por violencia de género-, fue detenido ayer en Rafael Calzada, no por la desaparición de Cristina y Ada, sino porque se encontraba violando la cuarentena. Pero al ser interrogado por el caso, contó que las mujeres fueron asesinadas por otras personas que lo obligaron a enterrarlas, de esa manera se pudo dar con los cuerpos.
Con los femicidios del Cristina y Ada, ya suman 12 los femicidios cometidos desde el 12 de marzo que comenzaron las restricciones de circulación y posteriormente el aislamiento obligatorio, y estos fueron cometidos por parejas o ex parejas. Hubo, además, tres intentos de femicidios en Entre Ríos, Santa Fe y Catamarca.
Desde antes de la cuarentena el movimiento de mujeres viene denunciando que el lugar más inseguro para las mujeres es el hogar -El 62% de los femicidios de los últimos 10 años fueron cometidos en la casa de las propias víctimas o en la vivienda compartida con el agresor-, y el 60% de los femicidas son las parejas o ex parejas de las víctimas. Esta realidad en épocas de pandemia y aislamiento social se vuelve crítica, para mujeres, niños y niñas que deben permanecer encerradxs con violentos y abusadores.
El reforzamiento de los canales de contención y denuncia realizado desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad –incorporando personal a la línea 144 y habilitando números de whatsapp- es importante, como lo demuestra el hecho de que aumentaron un 25% las llamadas, pero esta medida no basta.
Es necesario que la justicia, que está enfocada en hacer que se cumpla la cuarentena, también atienda esta realidad, porque el número de femicidios puede ir en aumento. Y hay que tener en cuenta que los femicidios son la punta del iceberg, mientas que las innumerables formas de violencias que suceden al interior de las casas, aunque no salgan en los medios existen y también se van a multiplicar en este contexto.
Desde las organizaciones sociales es fundamental abordar este tema, junto con las demás problemáticas que atraviesa el pueblo en estos momentos tan difíciles. Desde la contención de las compañeras y sus hijxs en situación de violencia, la organización de las redes de apoyo y en la demanda de medidas concretas y urgentes.










