El presidente Macri tardó una semana en referirse al fallo del 2×1 a genocidas. Cuando lo hizo, por un lado se refirió al supuesto “vacío legal” que derivó en ese fallo nefasto, para salvar a “sus” jueces (ver nota aparte). Y por el otro, insistió en la “independencia” de la Corte, negando que el gobierno haya tenido responsabilidad en semejante resolución. Sin embargo, los hechos muestran a un gobierno activo en relativizar el genocidio, que no puede conducir a otra más que impunidad.
Tal es así que inmediatamente tras el fallo, la primera posición del Ejecutivo fue ni más ni menos que la del secretario de “Derechos Humanos”, Claudio Avruj, quien pidió ser “respetuosos del fallo” y afirmó: “Estoy de acuerdo con el 2×1 de la Corte si el fallo está ajustado a la ley”. ¿Qué política de derechos humanos puede acordar o respetar este fallo? Ninguna. En cambio, sí va en el sentido de negar los 30.000 detenidos-desaparecidos, de relativizar o negar el genocidio, y de volver a hablar de “guerra sucia”, como vienen haciendo diversos funcionarios del gobierno y hasta el propio presidente. “Si pasa, pasa”, habrán pensado. Y si no fuera así, Avruj ya debería haber renunciado.
Por otro lado, el fallo vino de los jueces que apuntaló el gobierno. Apenas asumido, Macri designó por decreto a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en la Corte Suprema, dos de los tres votos del fallo nefasto. Luego logró el acuerdo del Senado en 2016 (lo cual no le quita responsabilidad sino que inculpa además a los senadores que negociaron esas designaciones). Son dos de los votos que también habían resuelto la prisión domiciliaria al genocida Jorge Alespeiti el pasado 18/4 (ver Vamos! Nº96).
El caso de Elena Highton de Nolasco es un poco distinto. La jueza había sido designada en 2005 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Pero recibió recientemente un “regalito” del actual Ejecutivo, que dejó vencer los plazos para apelar la resolución judicial que le permite a Highton de Nolasco permanecer como jueza de la Corte a pesar de cumplir los 75 años. Así quedó firme esa cautelar que había pedido la jueza para no jubilarse a los 75 años (como sí establece el artículo 99, inciso 4 de la Constitución). ¿En qué habrá consistido la negociación entre el Ejecutivo y la jueza? No podemos saber con precisión. Pero vemos los resultados.
Simultáneamente con el fallo, la Iglesia Católica Argentina aprovechó su Conferencia Episcopal (de 2 al 6 de mayo) para tratar el “tema reconciliación”, según especificó en un comunicado. Convocaron para ello a familiares de desaparecidos y de militares, para realizar encuentros de “reflexión”. Según escribió el editorialista de La Nación, Rosendo Fraga, en su panorama político quincenal del 17/5: “El gobierno acompañó e impulsó ambas acciones (De la Iglesia y la Corte)”.
El gobierno y la Iglesia buscaron reacomodarse no por sus principios democráticos sino por la enorme movilización popular. Porque toda la campaña de negación del genocidio o “reconciliación” con los represores es una necesidad presente del gobierno, que necesita para su plan represivo acorde al shock de ajuste que ya se prevee para después de las elecciones de octubre.
