Desde el lunes 8 de junio, los medios de comunicación «Lo Principal» y «Noticias net» de la ciudad de Viedma ocupan sus portales en una cacería violenta, amarillista, misógina y patriarcal contra una mujer víctima de violencia de género que se encuentra asistida y refugiada por la Secretaría de Igualdad de Género de la Provincia de Río Negro.
La mujer se encontraba cursando un embarazo no deseado y solicitó al equipo técnico del servicio territorial, de forma voluntaria una Interrupción Legal del Embarazo. El organismo solicitó la intervención del sistema público de salud, que garantizó el acceso al procedimiento.
Las activistas de Rosa Salvaje en Socorristas en Red, explicaron que fueron convocadas por la Secretaría de Igualdad de Género para acompañar el proceso de ILE, ya que el equipo de salud había determinado que fuera ambulatorio.
Asimismo denunciaron que una «operadora que trabaja en un refugio del Estado, donde se alojaba a la mujer con sus hijes» presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal, «esgrimiendo argumentos antiderechos y a todas luces contrarios a lo establecido en las leyes vigentes a nivel nacional y provincial. Esta operadora expuso datos sensibles respecto de la intimidad y seguridad de esta mujer. Habría participado en la misma denuncia una agente de la policía».
Los fiscales Guillermo Ortiz y Hernán Trejo, se ocuparon de dar curso a una investigación que criminaliza y hostiga a esta mujer víctima de violencia de género, revictimizando y vulnerando el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo.
Desde el grupo de socorristas denunciaron que «es evidente además que en el poder judicial la información vuela y llega a manos de pseudo comunicadores que ni siquiera se toman el trabajo de informarse sobre los temas que escriben» y repudiaron el accionar de los medios de prensa, exigiendo el cese de las calumnias y falsedades.
A su vez se repudia los actos intimidatorios de la fiscalía y se exige el cese de la investigación, ya que todo el procedimiento se asienta en las leyes vigentes (haciendo referencia a que la práctica está contemplada en el Código Penal Nacional desde el año 1921, ratificada por el Fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia y regulada en la provincia de Río Negro, por la Ley 4796 del año 2012); y se le solicita a la Secretaría de Género y al Ministerio de Desarrollo Humano la contratación de personal capacitado en perspectiva de género para cumplir funciones en estas áreas, iniciando un sumario a la operadora que denunció a una mujer que debía proteger y cuidar.
