Se consumó finalmente en Brasil el golpe institucional que venía gestándose desde hace meses. La decisión parlamentaria de apartar a Dilma Rousseff de la presidencia es expresión de una disputa feroz entre distintos nucleamientos oligárquicos y proimperialistas de las clases dominantes brasileñas. El paquete de medidas que se van anunciando traerá un salto en el ajuste más ortodoxo, con privatizaciones y recortes presupuestarios.
El grosero zarpazo “institucional”
Por una amplia mayoría de 55 votos a 22, el Senado brasileño decidió suspender de la presidencia a Dilma Rousseff. Durante seis meses asumirá el cargo el hasta ahora vicepresidente Michel Temer, en forma interina pero con todos los poderes para nombrar gabinete y definir políticas. De hecho, serán ministros muchos representantes de las fuerzas políticas que fueron derrotadas en las últimas cuatro elecciones presidenciales, la mayoría de los cuales están implicados en los grandes casos de corrupción revelados en el último período.
Así, una runfla de coimeros y estafadores políticos de distintas fuerzas opositoras y ex oficialistas –representantes parlamentarios de la vieja y nueva oligarquía terrateniente y empresarial brasileña– se coaligaron para sacar de en medio al bloque oficialista nucleado alrededor del PT, representativo de otros poderosos sectores de las clases dominantes como los grandes monopolios de la construcción Odebrecht y Camargo Correa que hicieron enormes negocios (y negociados) bajo los gobiernos “trabalhistas” de Lula y Dilma.
Acusada de “crimen de responsabilidad”, Dilma será juzgada por alterar las cuentas fiscales y mentir sobre los datos del déficit estatal del Brasil (hábito que practican casi todos los gobiernos de América latina y del mundo, aunque en este caso y en medio de la campaña electoral de 2014 fue más grosero). Seguramente será condenada y destituida definitivamente de la presidencia.
Completaría entonces el período de mandato el vicepresidente Michel Temer, jefe del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), un partido ligado a los grandes terratenientes del nordeste (allí llamados “coroneles”), que se constituyó bajo la dictadura de 1964-1985 y formó parte de (e hizo progresar sus “negocios” con) todos los gobiernos de los últimos 30 años. Una fuerza que se consolidó en esa verdadera escuela de ladrones de fondos estatales que es el Parlamento brasileño y de la que formaron parte el propio Temer, el ahora destituido presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha y el del Senado Renan Calheiros, y muchos otros tanto opositores como petistas.
Además, Temer tiene fuertes lazos con los EEUU, como figura en WikiLeaks en relación a su participación como informante de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Los EEUU difundieron un comunicado apoyando al nuevo presidente y negando explícitamente que se haya consumado un golpe. Del golpista institucional son conocidas también sus posturas sobre el papel de la mujer (en el hogar) y sobre los negros; quizás por eso en su gabinete no hay ninguno.
Más ajustazo
contra el pueblo
Mientras se llenaba la boca con invocaciones a un “gobierno de salvación nacional”, el ahora presidente interino Michel Temer iniciaba la ejecución de sus planes antipopulares, oligárquicos y de verdadera destrucción nacional. Al tiempo que prometía mantener los planes sociales del PT, publicitaba sus primeras medidas programáticas en la conocida línea de ajuste ortodoxo: recorte del gasto público, privatizaciones, precarización laboral, etc.
También aseguró que proseguiría la investigación por la monumental red de coimas del escándalo “Lava-Jato”, pero como él mismo y casi todo su gabinete y sus socios políticos tienen las manos embarradas en esos robos de fondos públicos, es de prever que pronto todo eso será barrido bajo la alfombra.
Temer empezó su política de “ahorro” y achicamiento del Estado eliminando varios ministerios. Las áreas que apunta a reducir también dicen bastante de la orientación social reaccionaria del revanchismo no sólo anti-petista sino principalmente antipopular del sector oligárquico que capturó el gobierno a través del golpe institucional. El Ministerio de Derechos Humanos, Políticas para las Mujeres e Igualdad Racial fue subsumido en el Ministerio de Justicia. Se fusionaron los ministerios de Desarrollo Social y Combate al Hambre y de Desarrollo Agrario, como también los ministerios de Educación y de Cultura.
La profundización de las políticas antipopulares vendrá acompañada, sin duda, de la represión y, en el campo, del reforzamiento de la ola de asesinatos que los latifundistas vienen practicando desde hace años contra los sin tierra que acampan a la vera de las rutas en lucha por el cumplimiento de la reforma agraria. Ya el 11 de mayo, como un anticipo de la nueva etapa, el secretario de Seguridad de San Pablo nominado como ministro de Justicia del régimen golpista le puso la etiqueta de “acciones guerrilleras” a las manifestaciones de protesta contra el golpe en gestación.
Nuevo momento
La crisis política se entrelaza con el profundo frenazo económico que azota al Brasil desde hace dos años a impulso de la crisis mundial iniciada en 2008, y del cuello de botella al que llevaron las políticas neodesarrollistas y luego directamente liberales de acuerdos con imperialismos y latifundistas que viene practicando el gobierno del PT, especialmente desde la reelección presidencial de Dilma. Las promesas petistas tan parecidas a las del kirchnerismo en la Argentina fueron quedando reducidas a una maraña de planes asistencialistas: Bolsa Familia, Pronatec, Fies, ProUni…
El derrumbe del “modelo” económico brasileño antes tan elogiado por los imperialistas chinos y rusos, que promovieron al Brasil como socio en el grupo BRICS, y el ajuste lanzado por el gobierno petista, traducido en recortes presupuestarios, tarifazos, recesión industrial, desocupación, reforma jubilatoria, y decenas de miles de nuevos pobres, más la corrupción desembozada de oficialistas y opositores y la pulseada política entre ambos, recalentó y polarizó la situación brasileña. Y el incumplimiento por Lula y Dilma de sus promesas de cambios profundos (hace tiempo que ambos y el PT se aliaron con sectores de terratenientes y echaron por la borda sus proclamas de reforma agraria, a la vez que fueron atando cada vez más la economía a la alianza estratégica con China) enfrió el entusiasmo de vastos sectores populares que habían alentado esperanzas en esos cambios nunca realizados.
El largo proceso hacia la destitución de Dilma fue resistido por manifestaciones masivas, pero que en la noche de la destitución parlamentaria fueron escasas y expresaron más bien desilusión y desesperanza. También los sectores golpistas habían logrado grandes movilizaciones a favor del golpe, mostrando una aguda polarización y división en el pueblo.
Ahora, diversos movimientos populares convocaron protestas y declararon que no reconocerán a Temer. Organizaciones integrantes del Frente Brasil Popular promovieron escraches frente a las sedes del PMDB de Temer en ciudades como Recife, Aracaju, Porto Alegre, Belo Horizonte, y Cuiabá. El Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST) integrante del Frente Pueblo Sin Miedo, afirmó que permanecerá en “movilización permanente”.
Sin embargo, ninguna de las fuerzas oficialistas empezando por el propio PT pasó hasta el momento de las denuncias declarativas y expresiones de “resistencia” verbal a convocar al pueblo a una resistencia efectiva ni a organizarlo para aplastar al golpismo oligárquico y proimperialista y avanzar hacia cambios profundos. La profunda desconfianza en el pueblo y el acuerdo con otros sectores dominantes llevaron a que la propia Dilma se limitara a denunciar el “verdadero golpe” parlamentario y que va a “resistir hasta el fin”… en las instancias judiciales, a sabiendas de que la justicia brasileña seguramente terminará legitimando la destitución con el argumento de que el medio utilizado fue institucional.
Se abre en Brasil una nueva situación que replantea los reagrupamientos para enfrentar el ajuste del flamante gobierno y, sobre todo, reafirma la necesidad de liberación.
