El gobierno macrista y los medios de comunicación alineados con éste se han lanzado a una verdadera “campaña del olvido”, como lo muestra la ofensiva para contradecir la cifra de 30.000 detenidos-desaparecidos, bandera de lucha desde hace décadas. De fondo, no es más que un intento de deslegitimar la lucha popular por justicia, y promover una “reconciliación” sobre la base de la impunidad.
Desde ya, no extraña esta campaña por parte de un gobierno plagado de miembros de las familias empresariales y oligárquicas que fueron beneficiarias directas de la dictadura (empezando por los Macri), y en muchos casos directamente responsables de secuestros, desapariciones y asesinatos.
Para no ir más lejos, el jefe del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, proviene de la acaudalada familia Massot, dueños del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Su tío, Vicente Massot, actual Director del diario, está acusado de complicidad, coautoría y encubrimiento en la causa por la desaparición de los trabajadores y sindicalistas Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola durante la dictadura, y de haber efectuado “aportes esenciales” desde las páginas del diario para “el ocultamiento deliberado de la verdad” en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas.
Conflicto obrero y represión empresarial-dictatorial
En 1973, en el contexto del retorno del peronismo al gobierno, se desataron una serie de conflictos con los trabajadores de La Nueva Provincia. Por esos años trabajaban unas 200 personas entre operarios del taller, periodistas y personal de redacción. Contraviniendo la política de los Massot, que siempre se habían negado, los trabajadores lograron incorporarse al Sindicato de Artes Gráficas (SAG) local.
Los reclamos empezaron por cuestiones salariales, y luego se extendieron a la exigencia de que la patronal cumpla con el convenio colectivo de trabajo sancionado en 1975. Los Massot respondieron con despidos y suspensiones masivas.
El prolongado conflicto se fue desgastando, y el broche final lo puso el golpe de marzo de 1976, instigado vivamente desde las páginas del diario. Por ejemplo, en septiembre de 1975 la empresa publicó una editorial en la que fustigaba los “soviets” de delegados obreros y comisiones internas, “la escalada de subversión laboral” y se quejaba de “un Estado en descomposición”. Y el mismo 24 de marzo el diario titulaba “Gobiernan las Fuerzas Armadas” y llamaba a “Refundar la Patria” destruyendo “con una violencia ordenadora” al “enemigo subversivo”.
Apenas instaurada la dictadura, La Nueva Provincia dejó cesantes a 17 trabajadores y aprovechó para implementar cambios en los procesos de producción. El 30 de junio de 1976 un grupo de tareas con miembros del Ejército secuestró a Miguel Ángel Loyola y Enrique Heinrich, tesorero y secretario general del SAG y trabajadores del diario. Cuatro días más tarde, sus cuerpos fueron encontrados con casi 80 impactos de bala y signos de tortura.
Los Massot tuvieron una relación directa y asidua con Adel Edgardo Vilas, 2º Comandante de la Subzona 51 con asiento en Bahía Blanca, y existen distintas fuentes que demuestran que los Massot proveían información a los servicios de inteligencia del Ejército sobre sus trabajadores, teniendo agentes de la policía como empleados, e incluso que fueron los que dieron la orden de los asesinatos de Heinrich y Loyola.
Pero, además, La Nueva Provincia fue un activo propagandista y legitimador de la dictadura. Permanentemente publicaban los números telefónicos del V Cuerpo del Ejército instando a la población a denunciar “actividades subversivas” con avisos como: “31627. Contribuya usted a la lucha contra la subversión. Este número contribuirá al bienestar de su familia”. Y daban difusión a los comunicados de las FFAA que caratulaban como “enfrentamientos” a los asesinatos que perpetraban: como la masacre de la calle Catriel, en la que cuatro personas fueron salvajemente asesinadas y que el diario presentó como “Otra eficaz acción del Ejército” en la que “Cuatro extremistas fueron abatidos en nuestra ciudad”. También se probó que muchas de las fotografías de “subversivos” publicadas en el diario fueron tomadas directamente en centros clandestinos de detención.
El compromiso y apoyo de los Massot a la dictadura fue total, configurando lo que solo puede ser catalogado como responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Este, como tantos otros casos, no hace más que reafirmar la consigna de “Ni olvido ni perdón” y la lucha por justicia, juicio y castigo.
