Tras el operativo represivo montado contra la masiva manifestación que repudió el tratamiento del Presupuesto 2019 en Diputados, el propio presidente y todo el arco del macrismo reforzó su campaña contra los inmigrantes. Rogelio Frigerio dio la señal de largada cuando afirmó que deportarían “lo antes posible” a los extranjeros detenidos esa jornada (25/10). El año pasado había afirmado que buscan “evitar que ingresen delincuentes a la Argentina” (26/1/17). Ahora, tras el triunfo de Bolsonaro en Brasil, el propio presidente Macri expresó en una conferencia de prensa que “queremos gente que venga con vocación de trabajar como hicieron nuestros abuelos” y no los “que nos complican la vida” (1/11).
Sus acusaciones no fueron solo contra algunos extranjeros detenidos en los alrededores del Congreso en aquella jornada –los que aún deben ser formalmente imputados y juzgados, con derecho a defensa aunque no sean argentinos–. El presidente también retomó su pedido de “reciprocidad” en referencia a la salud y la educación públicas que reciben extranjeros en nuestro país, cuestión sobre la cual este gobierno ya había acusado al gobierno boliviano en particular.
Además, en esa misma conferencia, la ministra Patricia Bullrich recordó que el año pasado el gobierno firmó el DNU 70/17 para deportar a todo extranjero que cometa un delito. El decreto ha sido declarado inconstitucional en un caso presentado por el CELS. Pero el gobierno también se propone crear un fuero migratorio dedicado exclusivamente a atender los casos de inmigrantes que cometen delitos y estén supuestamente en condiciones de ser expulsados, una policía migratoria –como existe en EEUU– destinada especialmente a perseguir a los casos específicos de inmigrantes ilegales, y otras medidas destinadas a hacer más rígidos los controles en las fronteras y facilitar las deportaciones. Y Frigerio se jacta de que “en el último año hubo más deportaciones que en los últimos diez”.
El macrismo trabaja sobre un sentido común atrasado que existe en la sociedad. Hace propio el análisis de Joaquín Morales Solá en La Nación sobre el resultado electoral brasilero, en la que les aconsejó que no se dejen correr por derecha por Miguel Pichetto: tan xenófobo que insistió en que deporten ya a los detenidos extranjeros sin mediar resolución judicial alguna porque habrían participado de un hecho “pre-insurreccional”. Con la misma tela bolsonarista, la ministra Bullrich lanzó su frase “el que quiere andar armado, que ande armado”. Pero como los focus group de Jaime Durán Barba deben haber mostrado que la propuesta no fue bien recibida, ahora le bajaron el tono.
La insistencia oficialista y su desprecio a los derechos de “los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino” (sic Constitución) nos rememoran a la reaccionaria Ley de Residencia (ver recuadro), sancionada hace más de un siglo para controlar y castigar a “nuestros abuelos” que vinieron a trabajar. Pero hoy, como ayer, los extranjeros que vienen a vivir también producen y sueñan con un futuro. Y la campaña xenófoba no sólo es parte de las nuevas propuestas de criminalización de la protesta social (para extranjeros y argentinos) sino que de paso trata de ubicar un nuevo responsable por los males argentinos.
En cambio, sí son bien recibidos por este gobierno los fondos extranjeros, a los que se les han brindado tasas de interés monumentales y libre disponibilidad para que después se lleven toda esa ganancia (y ese trabajo) de nuestro país. Así fue que el gobierno nos llevó al FMI y al actual fracaso económico.
La Policía detuvo 27 personas durante la represión policial a la movilización contra el Presupuesto 2019. Lo curioso es que las detenciones no se produjeron en Congreso, el lugar de los incidentes, sino en los alrededores, en una cacería que se esparció por más de 20 cuadras. Más llamativo aún fue comprobar que hubo policías de civil entre los manifestantes, que luego pasaron a detener personas. No sería la primera vez que, ante una masiva movilización, la policía –de uniforme y civil– provoca un disturbio, luego reprime, para finalmente detener lejos del lugar para disimular su arbitrariedad.
Obviamente, el gobierno nacional rápidamente culpó a los organizadores por la presencia de “grupos violentos, encapuchados” que provocaron los “incidentes”. Acusó a las organizaciones convocantes de provocar los disturbios a la vez que se disponía a votar el Presupuesto. Con la plaza Congreso ya desalojada.
La versión oficial es llamativa no sólo por dónde fueron las detenciones sino también por quiénes son los detenidos: Cuatro miembros de La Garganta Poderosa, entre ellos el director de la revista Nacho Levy, que fueron detenidos en las calles Carlos Calvo y 9 de Julio, ¡a veinte cuadras del Congreso! También fueron detenidos, lejos del Congreso, seis trabajadores de Astilleros Río Santiago, la secretaria gremial de Suteba Ensenada Vanesa Martino y el fotógrafo de Télam Fabricio Bacca. Para sumar indignación, en una filmación del canal Crónica TV se ve claramente como un policía le planta una barra de metal a Nacho Levy para tratar de “generar” alguna prueba contra el periodista.
A esto se suman los cuatro extranjeros detenidos: Baran Anil (27 años) de Turquía, Luis Fretes (26 años) de Paraguay, y Felipe (31 años) y Víctor Puleo Artigas (23 años), de Venezuela. Casualidad o buscado, el gobierno lo utilizó para pregonar la necesidad de deportar inmediatamente a los “extranjeros delincuentes” (ver Los nostálgicos…). Y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich directamente deslizó que iniciaron investigaciones para ver si los venezolanos son servicios de inteligencia de Nicolás Maduro, el paraguayo un anarquista y el turco un activista contra el G-20. El diario Clarín cumplió su parte con una despreciable nota en la que describió el Facebook del joven turco, con fotos suyas en la casa del Che en Altagracia (Córdoba), del Cordobazo o con frases políticas… Ninguna prueba de ningún delito, pero suficiente para este “periodismo independiente”.
Los dos venezolanos fueron detenidos al “voleo” a veintidós cuadras del Congreso, el paraguayo fue apresado también arbitrariamente y el turco estaba yendo a realizar trámites en su embajada. Ninguno tiene antecedentes. Pero el gobierno ya los pretende deportar en un “juicio sumarísimo”. Ante tanta ostentación de republicanismo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) aclaró que: “La ley de migraciones prohíbe la expulsión inmediata. Ni siquiera en el DNU [70/17], declarado inconstitucional, una detención es causal de expulsión. En este caso, no existe una decisión judicial firme que habilite el inicio de un trámite de expulsión”.
