Tras 108 días sin sesionar –por decisión propia–, volvió a reunirse rodeada de un fuerte dispositivo policial. La gobernadora Bertone avanza con más sanciones a docentes.
Con estas palabras la Unión de Gremios y Jubilados Estatales fueguinos describió la posición de la mayoría de los legisladores: “Postura rígida: no van a modificar ninguna ley. Después de 6 meses de inactividad injustificada, no solo votaron un paquete de leyes sin leerlo que generó un conflicto social que lleva 108 días, sino que despreciaron hoy una oportunidad de solucionar el conflicto mediante la discusión de un proyecto.”
Ese jueves 16 los trabajadores se reunieron desde temprano para movilizar a la Legislatura. El gobierno dispuso un fuerte dispositivo policial con más de 300 policías y antimotines con armas, perdigones de plomo en sus bolsillos y perros, incluidos grupos especiales traídos de Río Grande. Todo para garantizar que ni un trabajador pueda presenciar la vergonzosa sesión de la Legislatura.
Los manifestantes solicitaron ingresar conformando una comitiva de 15 dirigentes; pero presidente de la Legislatura y vicegobernador de la provincia, del FpV, no autorizó el ingreso de los dirigentes. “La sesión legislativa no fue pública como lo indica la Constitución Provincial, sino que fue selectiva ya que el jefe del exagerado operativo policial tenía un listado realizado por la Presidencia con el nombre y apellido de quienes podían ingresar. Esto generó problemas incluso con algunas acreditaciones de la prensa”, denuncia la Unión de Gremios.
Proyecto de los trabajadores
Previamente, los trabajadores habían presentado un proyecto de ley ante los legisladores del Movimiento Popular Fueguino (MPF) como un intento de abrir el diálogo. “Los dirigentes [de la Unión de Gremios] les habían dicho a los legisladores del MPF que si ese proyecto pasaba a comisión, se podía consultar a la asamblea general y considerar levantar las medidas de fuerzas”, asegura la Unión de Gremios en un comunicado. Los Legisladores del MPF lo presentaron, aun manifestando públicamente no estar de acuerdo con todo el articulado pero argumentando que lo presentaban para ser girado a comisión y poder iniciar un camino de diálogo con los gremios en conflicto.
“Sin embargo, un intento más de solucionar este problema mediante el diálogo y el consenso fue malogrado nuevamente por parte de los legisladores oficialistas y sus aliados”, analiza el comunicado. Votaron a favor sólo los cuatro legisladores del MPF que ya se habían comprometido; pero tanto los tres legisladores de la UCR-Cambiemos como los siete legisladores del FpV votaron negativamente “dando por tierra con la posibilidad de abrir un canal para resolver el conflicto”.
Los bloques de la UCR-Cambiemos y del FpV argumentaron su negativa en que ya está la Mesa Técnica para analizar el paquete de leyes de ajuste aprobado en enero. Pero ya “quedó claro en las actas de la Mesa Técnica que solo trabajarían en la reglamentación de las leyes” de ajuste. Los gremios sintetizaron: “El mensaje es claro, la postura de UCR- Cambiemos-FpV es que no van a modificar ni una sola coma del paquete de leyes. Esa es la única postura rígida que tiene este conflicto”.
Sanciones a supervisores
A la postre, se conoció ese día una nueva sanción: esta vez contra seis supervisores escolares. Se los suspendió por 30 días y se les inició sumario administrativo. Es otra represalia por las medidas de fuerza.
Inmediatamente se pronunció el sindicato docente SUTEF: “La clara persecución política al sector docente es una muestra más por parte del Gobierno de la falta de reconocimiento por el que piensa distinto, por el que se manifiesta, por el que disiente. Una muestra más de la verdadera cara de un Gobierno antidemocrático que no tiene límites en cuanto al autoritarismo con el que se maneja. Es una clara intervención a la Supervisión, cosa que no han hecho ni siquiera los gobiernos más retrógrados y reaccionarios.”
Al otro día, el ahora feriado viernes 17 de junio, los docentes realizaron una nueva asamblea donde resolvieron nuevas medidas y acciones legales. Evidentemente, a cinco meses de haberse aprobado el ajuste, el conflicto no está resuelto ni la situación “normalizada”, como pretende hacer ver la gobernadora Rosana Bertone, del FpV pero que cuenta con el apoyo del gobierno nacional.
