Hacia al final de la charla, una médica destacó con claridad a partir de una experiencia familiar cuál es la preocupación que despierta el plan que impulsa el gobierno denominado “Cobertura Universal de Salud” (CUS): “Mi abuela era rumana, vino en la década del ’30, sabía cuatro idiomas pero no español”, explicó. Dado los conflictos bélicos en ese período en esa zona, ni siquiera podía quedar claro desde qué estado-nación emigraba. Sin embargo, “cuando llegó al trabajo de parto, fue al hospital y fue atendida”. Entonces concluyó: “Es un retroceso enorme que estemos hoy discutiendo si vamos a tener que pedirle una credencial a quién solicita atención”.
El evento, realizado en el Aula Magna del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la CABA y organizado por su Asociación de Profesionales y la Filial de Médicos Municipales, reunió más de un centenar de trabajadores de la salud. Comenzó con las exposiciones de Mario Róvere –reconocido médico sanitarista, de Alames– y de Pablo Maciel –médico, del Consejo Directivo de CICOP–, presentados por la presidenta de la Filial, Claudia Berrondo.
Video proyectado al inicio de la charla.
Rovere insistió con que en realidad la política fundamental que pretende instalar el gobierno no es la de “Cobertura Universal” sino la de “seguro de salud”. Retomó el antecedente del Plan Nacer, también con una lógica similar y financiado por el Banco Mundial. En su implementación, sin embargo, no se cumplió con uno de los requisitos que pretendía el organismo internacional, que es que con estos recursos también pudieran contratarse servicios del sector privado. Sí significó un avance en la “cultura de la facturación en el sector público” y la “obsesión por los padrones”. “Si no podés privatizar, incorporá comportamiento privado en el sector público”, sintetizó.
Intervención de Mario Róvere.
En el mismo sentido, Maciel señaló que la “lógica de aseguramiento no es algo nuevo ni es un invento de Macri, sino que es un viejo concepto que figura ya en los documentos del Banco Mundial desde hace mucho tiempo”. Busca de esta manera “generar un mercado desregulado de seguros en el que el objetivo de máxima es que en este mercado de seguros participen todos los subsectores de salud: lo público, lo privado y las obras sociales; para que rija la ley de la oferta y la demanda.” Así, desde el gobierno se impulsa que los hospitales públicos aprendan a “facturar pacientes”. Esto presiona para que los criterios contables pasen a incidir sobre las decisiones médicas, por ejemplo, frente a qué paciente darle prioridad en una cama de terapia. “¿Se la das a alguien que no tiene obra social, a alguien con Pami, a uno que tiene OSDE?”, se preguntó.
“Hasta ahora, nosotros estudiamos, nos formamos y desarrollamos nuestra práctica en lo cotidiano con una idea de que cualquiera que cruza la puerta de un hospital se atiende. Con todo lo que nosotros tengamos a mano vamos a tratar de resolverle el problema de salud”, puntualizó. Cuestionó también la propaganda oficial sobre la “historia clínica digital, turnos online, y que la gente con aplicaciones no va a tener que ir más a las 5 de la mañana, sino que mágicamente va a tener turno con el especialista; como si sin aumentar los presupuestos, mejorar los salarios, completar los planteles de los servicios se pudiera resolver con una app que la gente pueda acceder a la salud”.
Cuestionó también la propaganda oficial sobre la “historia clínica digital, turnos online, y que la gente con aplicaciones no va a tener que ir más a las 5 de la mañana, sino que mágicamente va a tener turno con el especialista; como si sin aumentar los presupuestos, mejorar los salarios, completar los planteles de los servicios se pudiera resolver con una app que la gente pueda acceder a la salud”.
Intervención de Pablo Maciel.
Rovere opinó que con la CUS el gobierno nacional “en una sola jugada quiere comprar a la CGT y a los gobernadores. Cuestión que antes lo trabajaba por separado: con el sistema de Fondo de Redistribución [de obras sociales] a la CGT y con la coparticipación a los gobernadores”. También destacó el “enorme interés de satisfacer los intereses de un sector privado, que hoy está en crisis porque vive del mercado interno”. A esto apunta el hecho de que con la CUS el Estado podría pasar a contratar efectores privados.
Señaló también lo peligroso de pasar a tener historias clínicas de la “fuerza laboral de reserva” en un registro nacional que “no tiene control ético sobre la privacidad”. “Podes tirar por la borda los exámenes preocupaciones si cualquier empresa tiene acceso a la historia clínica electrónica”, advirtió ejemplificando cómo esto perjudicaría a quienes hayan padecido tuberculosis, HIV, epilepsia u otras enfermedades. Peor aún en un “gobierno de ceo’s de las empresas”.
Ante este intento de imponer la lógica del mercado de salud destacó la importancia del sector público, el cual “tiene responsabilidad sanitaria por los 40 millones de argentinos (…), cualquiera sea la cobertura que tenga la población. En consecuencia es la única que piensa el sistema en su totalidad. Es la única que sabe mal que mal cómo articular desde la prevención hasta la atención en terapia intensiva.”
