La crítica situación en la que se encontraban lxs trabajadorxs estatales de Chubut se acentuó drásticamente en el marco de la cuarentena. El gobierno de Arcioni continúa con los pagos escalonados y hay trabajadorxs que aún no han cobrado el sueldo de febrero, mientras el resto está a la espera de cobrar el sueldo de Marzo.
Lxs trabajadorxs de Salud Pública arriesgan su vida todos los días frente a la pandemia de coronavirus con la incertidumbre de cómo sostener su deteriorada economía familiar. La situación en la provincia se hace cada vez más insostenible, debiendo lxs estatales apelar a la solidaridad entre compañerxs para tener un plato de comida en su mesa.
Gimnasio Municipal N° 1.
A la par del ajuste a lxs trabajadorxs estatales, creció de forma violenta la represión en la Provincia. La respuesta del gobierno son las detenciones por violación a la cuarentena, que se han convertido en la única política de Estado vigente en Chubut.
Desde el inicio de la cuarentena y por orden del ministro de Seguridad Massoni, se produjeron en Chubut 4.558 detenciones, casi 6 veces más cada mil habitantes que las 52.233 producidas en todo el país. Además se multiplican las denuncias por abuso de las fuerzas de seguridad tanto en la vía pública y comisarías, como en los centros de detención que el secretario de seguridad implementó en gimnasios de las ciudades de Trelew y Madryn, e incluso en las instalaciones de la Escuela N° 751.
Es tal la situación que la Secretaría de Derechos Humanos de Nación promovió una acción de Hábeas Corpus preventivo y colectivo en favor de todxs lxs ciudadanxs de la provincia de Chubut, por los graves hechos que se vienen denunciando a partir de la aplicación del Decreto N° 297/2020 por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia, avaladas expresa o tácitamente por las autoridades políticas.
El planteo, presentado por el organismo nacional, se basa en las detenciones ilegales a ciudadanos que realizan actividades habilitadas por el Decreto 297/2020; apremios ilegales por parte de agentes de la policía al momento de las detenciones; secuestros de vehículos que estaban habilitados para circular; amenazas; hostigamientos; propagación del Covid-19 a raíz de las detenciones ilegales; y hasta incluso la orden de una autoridad policial solicitando a sus subordinados que salieran “a detener gente” porque así se lo pedían sus superiores políticos.
La audiencia judicial generada por la presentación de tres Hábeas Corpus es un golpe jurídico al gobierno de Mariano Arcioni, obligándolo a dar de baja todas las resoluciones emanadas del ministerio de Seguridad y atenerse a los protocolos que rigen a nivel nacional.
La audiencia por la presentación los Hábeas Corpus se concretó en el día de ayer por teleconferencia y contó con la presencia del ministro de Seguridad Federico Massoni y los funcionarios José María Grazzini y Fabián Puratich.
La jueza Mirta Moreno derogó todos los mecanismos del ministro «inquisidor» y ahora las investigaciones por situaciones de abuso policial seguirán su curso en el ámbito de la Fiscalía.
El Gobierno de Arcioni debió emitir un DNU en el que derogó todas sus medidas, y dispuso que Chubut aplicará las disposiciones en línea con las impuestas por el Gobierno Nacional.
Un freno a Massoni
Antes de la audiencia, el abogado Hualpa manifestó que «Necesitamos que la Justicia le ponga un freno a este modus operandi de la Policía y al Ministerio de Seguridad».
El letrado denunció a La Posta Comodorense que «Sin duda que estas acciones denunciadas e inclusive con el audio que se viralizó donde se pedían detenciones, son parte de algunos parámetros de trabajo del ministro Massoni que nos preocupan porque trata de mostrar una hiper actividad con a veces dudosos respeto a los derechos, inclusive por participar personalmente en operativos policiales y además hay denuncias donde lo sindican usan armas para apuntar a las personas».
Luego especificó que «Hay denuncias que él mismo apunta con armas de fuego a las personas, realiza requisas, intercepta personas en la calle y estas denuncias no son todas actuales sino que vienen desde hace un tiempo; pero hay que recordar que el ministro no es efectivo policial y no esta habilitado a efectuar estas acciones. No debe hacerse proactivo para impactar en la salud sino que hay que hacerlo dentro de la ley y protegiendo los derechos de las personas».
