En el día de ayer, efectivos de la Policía de Córdoba allanaron de forma simultanea las casas de 15 trabajadores de Molinos Minetti. Desde el Cuerpo de Delegades denunciaron que estos allanamientos son irregulares y dejan en evidencia la connivencia de la Justicia de Córdoba y la empresa Minetti.
No les permitieron leer la orden correspondiente antes de que se efectuaran las requisas, una vez finalizado los allanamientos se les entrego la orden judicial con firma de la jueza Laura Barale de la Fiscalía N°2. La policía buscaba armas de fuego: todos los allanamientos dieron resultados negativos.
Además, a estos trabajadores se les impuso una orden de restricción de acercamiento a 200 metros de la planta fabril del Barrio Altos de Vélez Sarsfield.
La persecución de les trabajadores es consecuencia de la lucha desarrollada desde el año pasado, por la ocupación realizada «luego de que la empresa se ausentase y dejara de pagar sueldos en el marco denuncia proceso fraudulento de vaciamiento con el objetivo se licuar deudas y librarse mediante la simulación de despidos con causa del importante pasivo laboral de la empresa«.
«El reclamo del pago haberes y la defensa de los puestos de trabajo, fueron, son y serán las únicas razones de las medidas tomadas por los trabajadores» expresó el Cuerpo de Delegades en un comunicado.
Se denuncia además que «estas medidas judiciales no son otra cosa que una clara ofensiva penal contra el derecho de huelga y configuran una criminalización de la acción gremial mediante el uso abusivo de procesos judiciales y la apertura de causas penales».
“Consideramos que se busca estigmatizar política y sindicalmente para ejemplificar y disciplinar a quienes reclaman el atropello y vulerabilizacion de derechos humanos como el trabajo, el alimento y la salud”, expresaron les delegades.
Les trabajadores remarcan que estas acciones se producen en un contexto de despido de 150 trabajadores y ante un concurso preventivo de acreedores fraudulento. Por esta razón exigen «que la justicia investigue a los delincuentes responsables de colocar a 150 familias en estado de necesidad y desempleo».
BASTA de persecución / BASTA de criminalizar la protesta social / BASTA de la complicidad judicial en un proceso fraudulento de vaciamiento empresarial ¡Reclamar un derecho no es delito!
