Al cierre de esta edición, el intendente Mestre y las empresas negaban haber firmado el acuerdo al que se había llegado con el Ministerio de Trabajo provincial. Entonces los choferes, que acababan de levantar el paro, retomaron la medida de fuerza.
En el enorme acto del lunes 12, la CGT Rodríguez Peña cordobesa había lanzado la posibilidad de un paro provincial. La ciudad ya llevaba una semana paralizando. El gobier no municipal ya había rodeado con Gendarmería y policía las terminales de ómnibus para sacar a andar los colectivos. Desde el lunes por la mañana circularon algunas decenas de coches, con custodia de gendarmes.
Según informaron los delegados, el acuerdo que finalmente no prosperó incluía la reincorporación inmediata de los 88 despedidos, reconocimiento de los haberes caídos, se deja sin efecto las sanciones y se deposita una suma de 6180 pesos como pago anticipado, entre otros puntos. Pero ahora el conflicto sigue abierto.
El reclamo
El paro por tiempo indeterminado había detonado el lunes 5, tras el acuerdo de Roberto Fernández, secretario de UTA Nacional, con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Ese mismo lunes Érika Oliva, delegada de la empresa Tamse, explicaba en Canal 8: “UTA nacional nos provoca con un 8% de aumento para nuestro sueldo para todo el año, es por eso que estamos acá manifestando, y nosotros no desconocemos ni rechazamos el 21% que viene de Buenos Aires. Lo único que pedimos es que sea aplicado como corresponde, en su porcentual de cifra nominal al básico de Córdoba y de una sola vez. No que sea en tres tramos. De una sola vez retroactivo a enero”.
Fernández había acordado un aumento escalonado: 8% en junio, 7% ¡en diciembre! y el restante 6% ¡¡¡en enero!!! Y a aplicar sólo sobre la parte del básico de convenio que ronda los 9 mil pesos, y no sobre todo el salario. En la práctica, unos 900 pesos de bolsillo para todo este año.
Por esta razón, el mismo viernes 2 –cuando Fernández firmó el acuerdo– los choferes rechazaron el acuerdo firmado por la UTA nacional en asamblea. Solicitaron una mesa de diálogo ante el intendente Mestre. Ante su negativa, lanzaron el paro.
Aprietes impotentes
El mismo día del inicio del paro, el Ministerio de Trabajo cordobés dictó la conciliación obligatoria. La conciliación fue defendida por el interventor de la UTA cordobesa, Arcando. Y desde los medios se lanzó una furibunda campaña contra la lucha. Y al otro día, vino la declaración de ilegal del paro y algunas unidades intentaron circular con custodia policial. Pero los choferes continuaron con la medida.
Entonces las empresas Aucor, Coniferal y Ersa comenzaron con la amenaza de despedidos. Intimidaciones a la que se plegó el intendente Mestre: “cuiden sus fuentes de trabajo”, expresó. Y también, como era esperable, el interventor de la UTA: “hoy los empresarios están en todo su derecho de pedir que el Ministerio declare la ilegalidad de la medida”, justificó el traidor Arcando. Luego comenzaron a llegar los telegramas de despido. El gobernador Juan Schiaretti, aliado de Macri, hizo lo propio y demandó también a los choferes por “amenazar la paz social”, mediante la difusión de mensajes… de ¡WhatsApp!
Y el viernes vino el comunicado de UTA Nacional… ¿para repudiar los despidos? ¡No! ¡Para que los trabajadores acaten la conciliación obligatoria! “A los compañeros trabajadores le decimos, que sólo nuestro sindicato podrá garantizar la reincorporación de los despedidos, el cese de las intimaciones y la recuperación de los días perdidos, en tanto y en cuanto, se respete la autoridad y la ley”, expresa el documento. Sin palabras…
Se tambalea el techo
Durante el transcurso de la semana hubo una propuesta de suma fija para destrabar el conflicto. Pero al final, terminó siendo bloqueada directamente por el secretario interior de UTA, Kiener, porque “ponía en riesgo la paritaria nacional”.
A esta altura es evidente que el conflicto excedió lo sectorial o lo local, porque choca contra un eje central de la política macrista: el techo salarial para imponer salarios a la baja. Si el gobierno nacional se arriesga a semejantes conflictos no es por fortaleza política, sino porque el plan económico no le está saliendo y se ve acorralado de déficit y endeudamiento, al igual que el gobierno provincial.
