Hacía muchos años que no se veía un paro tan contundente, donde hubo menos movimiento que un día domingo. Los centros de concentración obrera paralizaron por completo, al igual que los trabajadores estatales, comercios y el rol fundamental del transporte.
El mensaje fue contundente en cuanto a que los trabajadores no bancan el ajuste de este gobierno, ni las superganancias de los monopolios mientras se congela los salarios, se despide y se cierran miles de fuentes de trabajo. El paro mostró que la voluntad de los trabajadores es de lucha; y que si no se mostró antes con tanta fuerza fue fundamentalmente por el rol de los traidores del movimiento obrero que ahora no tuvieron plafón para una nueva traición.
Con el paro se inicia una nueva etapa, donde se muestra el potencial de la clase obrera cuando juega como rectora en cuanto a hacer girar en torno suyo al resto de clases y capas que son castigados por esta política. Porque el paro tuvo un efecto duro sobre el gobierno y los monopolios en cuanto al factor económico, pero fundamentalmente en el factor político.
Sin lugar a dudas el antecedente directo de haber arrancado el paro es el paro y jornada de lucha del 14 de junio, convocado y organizado por las dos CTA’s, el Movimiento 21F, Camioneros, la Corriente Federal de Trabajadores y las organizaciones sociales y políticas. Esta unidad en este centro coordinador de luchas jugará un papel muy importante a la hora de no dejar que se negocie una tregua entre el gobierno y el triunvirato de la CGT u otros gremios como el transporte o los de la industria.
Vienen por los convenios colectivos
La amplia unidad contra esta política es fundamental. Más aún cuando se pretende avanzar en el tratamiento de la reforma laboral que apunta a modificar los convenios colectivos, como parte del acuerdo del gobierno con el FMI y los monopolios para bajar los costos laborales y las condiciones de trabajo. Buscan dar un nuevo salto, porque en realidad ya hay gremios –como el SMATA, UPCN, comercio y otros– que vienen acordando modificaciones que afectan a los trabajadores. El acuerdo al que llegó petroleros privados en Vaca Muerta fue unos de los pilares donde se basaron los monopolios y el gobierno para avanzar en este terreno. El resultado es conocido: más superexplotación, con miles de despidos y mayores ganancias a las petroleras.
Los convenios colectivos, así como toda la legislación laboral, siempre fue un terreno fundamental de disputa entre los explotadores y asalariados. Lucha encarnizada desde la propia Revolución de Mayo que abolió la esclavitud, pasando por el Código Civil de Vélez Sarsfield de 1829-2015, la Constitución del Estado Argentino en 1880 hegemonizado por los terratenientes. La disputa y la presencia de los monopolios en la época imperialista marcaron una nueva fase con persecuciones a los sindicatos, cárceles, fusilamientos, golpes de Estado como en 1955 que barrió con la legislación del gobierno peronista que había incorporado exigencias y respetado legislaciones conquistadas como la de descanso dominical, el trabajo de menores y mujeres, de accidentes de trabajo, la inembargabilidad de los sueldos, jubilaciones y pensiones, la jornada de 8 horas, entre otras leyes, así como las normas sobre sindicatos y las negociaciones colectivas donde se estipulan los sindicatos por rama de actividad y de alcance nacional establecidas entre el ‘43 y el ‘53. Una historia donde los trabajadores dejaron su sangre en los chupaderos de la dictadura de 1976 que prohibió los sindicatos, modificó artículos de la Ley de Contrato de Trabajo mientras encarcelaba, torturaba y desaparecía a miles de delegados y activistas.
A la salida de la dictadura, el alfonsinismo llevó adelante uno de los primeros desafíos considerados vitales por el gobierno radical que asumió en 1983 al buscar imponer la “Ley Mucci” (por Antonio Mucci, ministro de Trabajo) o de “reordenamiento sindical”: una clara embestida sobre las organizaciones sindicales basada en la “normalización” de los sindicatos a través de elecciones controladas desde el Ministerio de Trabajo. La lucha del movimiento obrero impidió que se apruebe.
El menemismo a poco andar en 1991 aprueba la Ley de Empleo y la nueva Ley de Contrato de Trabajo, imponiendo la precarización laboral a la medida de los monopolios que se iban a quedar con las empresas del Estado luego de la ola privatizadora. Se avanzó con el acuerdo de la CGT en la reducción de los costos de despido y el pago de horas extras. La habilitación de distintas modalidades promovidas de empleo eventual reduciendo a un mínimo o directamente la eliminación del costo del despido y reducción de las cargas patronales. Posteriormente el gobierno de la Alianza llevó adelante en el año 2000 otra reforma laboral retrógrada impuesta por la compra de votos en el Congreso, que se la llamó la “Ley Banelco”.
Muchos retrocesos en materia de precarización laboral que traía la “Ley Banelco” no fueron modificados por el gobierno kirchnerista, como la habilitación a que los convenios colectivos modifiquen las cláusulas laborales, independientemente de lo pautado como derechos laborales en la Constitución como el descanso dominical, los límites a la jornada de trabajo, o la unidad del período de vacaciones. También se mantuvo la habilitación a las empresas para firmar convenios donde se disponga una merma de los beneficios otorgados por los convenios de rama.
Como vemos esta nueva pulseada por la defensa de los convenios colectivos es fundamental para la clase obrera y el conjunto de los asalariados. La voluntad de lucha está, como lo estuvo en otros momentos de la historia donde gobernaron los mismos sectores que hoy lo hacen con Macri y fueron derrotados.
La amplia unidad para la lucha fue uno de los factores claves para avanzar. En esta dirección se inscribe fortalecer la CTA Autónoma que conduce Pablo Micheli que va a elecciones cuando salga este periódico el jueves 28/6. Fortalecimiento que es muy importante porque lleva adelante la línea de “unidad en la acción” con la CTA-T conducida por Yasky, así como con Camioneros y la CFT. Una unidad que parte en primer lugar de ubicar el blanco de la lucha popular en el macrismo y desde allí, con independencia, desplegar una política de alianzas amplia para enfrentarlo en la lucha. En la Lista Nº1 nacional ocupa la Secretaría de Organización el compañero Horacio Catena, secretario general del Sutef fueguino.
En busca de la gobernabilidad ajustadora
El paro nacional hizo mover rápido al gobierno, registrando el duro cachetazo. Así salieron rápidamente a ofrecer negociaciones a los jerarcas sindicales, ofreciendo discutir aumentos de hasta el 25% que ya le había impuesto el gremio de camioneros con el paro de 24 horas con bloqueos y tras la amenaza de otro de 72hs.
El gobierno busca negociar también con los “dialoguistas” del PJ, encabezados por Pichetto, el massismo (que prueba un acuerdo con Marcelo Tinelli para 2019) y algunos gobernadores como Urtubey, que si bien han endurecido su discurso le garantizaron el apoyo y el “no quórum” en la sesión especial que convocó el kirchnerismo con el FIT en diputados para tratar el rechazo al acuerdo con el FMI.
Esto evidencia una división objetiva en el PJ, donde el kirchnerismo en un rol opositor activo se muestra en un reagrupamiento más amplio cercano a la corriente de Alberto Rodríguez Saá y Moyano, pasan a ser el blanco compartido entre el Ejecutivo y los “dialoguistas” del PJ.
Lograr el aislamiento de los principales exponentes de la oposición es un factor clave para el Ejecutivo para negociar por fuera del Congreso los puntos claves del acuerdo con el FMI, como el ajuste en las provincias y el manotazo al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES que asciende a 63 mil millones de dólares, entre otros puntos cruciales. Con los jerarcas negociarán puntos de la flexibilización, congelamiento salarial y despido en el Estado.
Para estos objetivos deben avanzar con la militarización y represión de los conflictos como Chubut y Salta. Así como el traslado del Ejército a las fronteras y traer más gendarmes para la represión interna, a la para que avanzan los acuerdos con Israel y EEUU para la compra de armamento militar represivo a cambio de dejar establecer efectivos militares y una base yanqui en el sur.
¡Sin tregua!
La más amplia unidad es la garantía para derrotar esta política antes que sea demasiado tarde. El parazo del 25J marcó una clara voluntad de lucha que se tendrá que seguir imponiendo a los jerarcas sindicales. Hubo un 14 de junio como antecedente, tendremos que ganar las calles en todo el país el próximo 9 de Julio, día de la Independencia nacional, como lo hicimos el 25 de Mayo.
Para enfrentar los despidos en la Agencia Télam, INTI, TV Pública, Renape, Senasa y defender la patria de los enemigos tan poderosos que buscan someternos, no puede haber sectarismos. El pueblo reclama esa gran unidad popular anti-ajustadora y antiimperialista que barra con el ajuste en las calles y abra una nueva situación donde la oposición con un programa democrático y emancipador se pueda imponer por sobre el ajuste, la represión y la entrega nacional.