El gobierno insistió en la audiencia pública del gas que pretende llevar el precio a boca de pozo a más de tres veces lo que se paga, por ejemplo, en Canadá o Estados Unidos. Tras caerse su primer intento, ahora aumentará este precio en aproximadamente un 200% para octubre. Y además se trazó un objetivo de un aumento del ¡660% en dólares!, llevando el precio del gas que pagamos los usuarios residenciales del promedio actual de 0,89 dólares por millón de BTU a 6,78 (ver infografía).
La “gradualidad” y “previsibilidad” que enunció el ministro Juan José Aranguren evidentemente no está pensada en función de las necesidades populares sino para los intereses de las petroleras, a las cuales quiere garantizarles un precio 250% superior al costo de producción que tiene hoy YPF. Argumenta que esos 6,78 dólares por millón de BTU (cada millón de BTU equivale a 27 metros cúbicos) serían el valor de “mercado”. Toma como referencia el precio del gas importado por barco (el más caro), pero no el precio del gas en boca de pozo ni el importado por gasoducto. Según la Fundación Bariloche, en Argentina el costo de producción en boca de pozo de YPF es de 1,9 dólares por millón de BTU, en Canadá 2,0 y en Estados Unidos 2,1. Naturalmente que el ministro se ha negado una y otra vez a revelar estos costos en Argentina.
Otra cuestión de importancia es que las tarifas anunciadas por el ministro de Energía se encuentran todas expresadas en dólares. Es decir, a este 660% de aumento que espera implementar el gobierno “gradualmente” debe agregarse la devaluación y pérdida de salario real medido en dólares que se propone. Por ejemplo, en el presupuesto 2017 ya estiman una devaluación del 60% para 2019. Pero esto podría ser mucho peor.
Si el gobierno logra concretar este objetivo tarifario, la transferencia neta hacia las petroleras puede alcanzar los 5.500 millones de dólares al año (ver recuadro). Es decir: se acabarían los subsidios a los usuarios de gas; pero ahora ¡seríamos los usuarios quienes subsidiaríamos a los monopolios petroleros!
Pero aun pagando estas cifras siderales, nada asegura que a los monopolios petroleros les interese invertir en Argentina. Porque sus inversiones no dependen de los intereses nacionales ni de los deseos de un presidente, sino de si les es más rentable o no invertir en cualquier otro lugar del planeta. Quizás por esto el ministro no hizo ninguna estimación sobre cuánto aumentaría la producción local (sino que más bien hizo un plan para importar gas “sin subsidios”).
Más aún en un país dependiente como el nuestro, la única garantía de desarrollo energético sustentable es con una política de Estado soberana, que planifique el aumento de producción con tarifas que contemplen las necesidades populares y nacionales. Naturalmente que para esto es necesario re-estatizar los servicios y la producción hidrocarburífera, con control de los trabajadores y el pueblo. El ocultamiento sobre los costos de producción, los acuerdos secretos que se mantienen con Chevron y el tarifazo PRO claramente sirven para adecuar la política energética del país a las necesidades de los monopolios petroleros. Esta política entreguista no sólo la sufrimos en cada hogar sino que es también una traba para nuestro desarrollo productivo. Por eso, así como nos movilizamos el 16, las organizaciones populares seguiremos en la calle.
