El sábado de Navidad por la tarde en el barrio de Flores de la CABA fue baleado en la cara por motochorros el niño de 14 años Brian Aguinaco, que tras agonizar murió el lunes por la tarde. Al enterarse, llenos de bronca los vecinos de Flores se movilizaron la puerta de la Comisaría 38.
La multitud ya no aceptó ser recibidos por el comisario Monzón que intentaba disuadirlos zanateándolos desde la puerta. La gente exigía la presencia de la secretaria de Seguridad, Patricia Bulrich, de Larreta, del jefe de Seguridad del Gobierno porteño y hasta del propio Macri. Pero ninguno se hizo presente. La bronca siguió creciendo y los vecinos al grito de “que se vayan todos…”, “son todos chorros la p… que los parió…” ingresaron a la comisaria, ocupándola hasta altas horas de la madrugada donde la represión policial con gases y la Guardia de Infantería la desalojaron.
Los vecinos están hartos de ser víctimas de los homicidios y robos en esta zona liberada por la policía. Violencia que sufren los vecinos de afuera de las villas y también los que viven adentro, muchas veces envueltos directamente entre el fuego cruzado de las bandas.
La circunstancia del disparo que causó la muerte de Brian Aguinaco fue la reacción del abuelo del joven, que mientras conducía su auto en compañía de su nieto observa como una mujer y su hija son acorraladas por los motochorros. La moto roja desde la que le dispararon a Brian ya había sido reconocida y denunciada en esa misma comisaría sin ningún tipo de respuesta.
La respuesta del gobierno esa noche fue un operativo para recuperar la comisaría de una parte de los vecinos que se mantenía en su interior. Recién al día siguiente entrevistaron a la familia con las promesas habituales. Mientras tanto, el problema de fondo sigue a la espera de nuevos Brian Aguinaco.
Luego vinieron la identificación, la detención en Chile y extradición del presunto autor del disparo, otro menor de 15 años de nacionalidad peruana, con padres de antecedentes penales por tráfico de drogas. El juez de menores optó sin mayor explicación en deshacerse del caso enviándolo a Perú de donde es originario.
El fondo de la inseguridad
Ya es público que la Villa 11-14 del Bajo Flores ha sido tomada por el narcotráfico en connivencia con las fuerzas de seguridad y los gobiernos que conocen perfectamente la situación y el negocio. Marcos Antonio Estrada Gomes, uno de los jefes narco de la 11-14, fue detenido hace unos años pero el Tribunal Oral y Federal N°3 de CABA lo excarcelo por considerarlo “un buen estudiante”, por lo que contaba con el privilegio de arresto domiciliario. Hacia fin de año volvió a ser detenido en su vivienda del barrio cerrado Parque la Celia en Ezeiza, donde también vive el ex secretario de Seguridad de Scioli e intendente de esa localidad, Alejandro Granados.
Si en la Argentina solo hay enfrentamientos de pequeñas bandas por el control barrial y no hay una guerra de carteles como en otros países, es porque el narcotráfico esta cartelizado desde el propio Estado, como lo probó el triple crimen de Gral. Rodríguez como respuesta al intento de puentear al gobierno y al Side en la relación con los mexicanos en el tráfico de efedrina. Y también como lo probaron las cinco muertes en Costa Salguero –el boliche del Pro– y el hecho de que hoy no haya ni un solo detenido. Allí quedó más que claro la connivencia del actual gobierno con la circulación del éxtasis en la noche porteña.
Por eso el camino no es la imputabilidad de menores: ¿O acaso los responsables fundamentales de que toda esta situación pueda estar ocurriendo tienen 14 años? Para los menores que delinquen está el Sistema Correccional, y es allí donde debería ponerse el centro del debate y el esfuerzo. Licuar todo dentro de un mismo sistema Penal, lo único que garantizará será asegurarse la formación de esos menores como delincuentes para cuando salgan.
Antecedentes
Desde hace 15 años que no se producía una ocupación de una comisaria en la CABA. El último antecedente fue la ocupación de la Comisaria 24 en la Boca tras el asesinato político de Oso Cisneros, dirigente barrial del FTV-CTA, en manos de Juan Carlos Duarte, vendedor de droga protegido por la policía, ocupación que encabezó Luis D’Elía y derivó en un juicio.
La ocupación de la Comisaría 38 marca el único camino que le queda al pueblo para enfrentar la inseguridad que genera la connivencia policial, judicial y política con el delito organizado. Apuntando no solo a los responsables inmediatos sino fundamentalmente a los principales responsables en connivencia en el negocio del narcotráfico y la vertebración de todo el delito a través del sistema de recaudación policial que se ordena desde cada comisaria y de ahí para arriba, a los más altos niveles poder.
Corresponsal
