A 72 hs. de asumir, el presidente Alberto Fernández firmó este viernes el DNU 34/2019 por el cual declara la emergencia ocupacional, estableciendo la doble indemnización por 180 días en caso de “despidos sin justa causa” y “ante la necesidad de detener el agravamiento de la crisis laboral”.
El objetivo de dicha medida, es detener el crecimiento del desempleo que según el INDEC alcanzó el 10,6% en el período correspondiente al segundo trimestre del año.
La norma señala que la gravedad de la crisis en materia ocupacional y las dificultades del pueblo para acceder al derecho al trabajo, hace que las y los trabajadores convivan con el temor a la pérdida del empleo y padezcan un deterioro en sus condiciones de vida, lo que empeora con el paso de los días, de allí la urgencia.
Entre sus fundamentos, el decreto da cuenta del brutal avance del desempleo que superó el 10% en el segundo trimestre de 2019, y según datos oficiales -en el caso de los jóvenes-, el 18% en los varones y el 23% entre las mujeres. Resalta además que desde el veto de Macri a la Ley N° 27.251 que sancionó el Congreso en mayo de 2016 (que prohibía los despidos sin causa), se perdieron 111 mil puestos de trabajo asalariado registrado privado hasta septiembre de 2019.
También dispuso para los casos de despido sin justa causa, la duplicación de todos los rubros indemnizatorios que se deriven de tal tipo de extinción: ello impactaría no solo a la indemnización por antigüedad, sino entendemos también a las originadas en el preaviso y la integración del mes de despido, y otras especiales como la del despido represalia del art. 15 de la ley nacional de empleo, art. 2 de la ley 25.323, por matrimonio, maternidad, y las del art. 52 de la ley de asociaciones sindicales, entre otras.
El decreto no se aplicará a las contrataciones celebradas después de su entrada en vigencia, lo que según sus considerandos es a los fines de facilitar la generación de nuevas fuentes de trabajo; medida razonable cuyos argumentos no compartimos, dado que no está demostrado que este tipo de medidas afecten la creación de empleo, tal como aconteció en 2002 con la ley 25.561.
La medida fue sorpresiva, no se había dado ningún indicio en los días previos, pero va en sintonía con el rumbo de gobierno planteado por Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa. También en las palabras del ministro de Economía Martín Guzmán donde planteó como prioridad «detener la caída de la economía» y poner el eje en los sectores más desfavorecidos en el rumbo económico venidero.
Una medida necesaria y urgente con la mirada puesta en la preservación de las fuentes de trabajo.
