Aprovechando su fortalecimiento en las elecciones legislativas, el gobierno nacional logró el acuerdo de casi todos los gobernadores –exceptuando San Luis– para un paquete de medidas fiscales, previsionales e impositivas. En paralelo, lograba también subordinar a la cúpula de la CGT con la reforma laboral.
Uno de los temas centrales del pacto fueron los fondos para la provincia de Buenos Aires. El macrismo se garantizó un aumento de las transferencias a esta provincia de 45 mil millones de pesos en 2018 y 65 mil millones en 2019. Parte de esta operación es dar de baja el Fondo del Conurbano Bonaerense y establecer asignaciones especiales a esta provincia. Las demás provincias que firmaron recibirían también una compensación, menos sustanciosa. Y se comprometen a un plan de “responsabilidad fiscal”, que implica congelar los gastos provinciales y municipales.
¿De dónde saldrían los fondos para sostener este pacto? De los jubilados. El cambio de la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios significará un ajuste de 150 mil millones de pesos en 2018, incluyendo las AUH. Con este ajuste el gobierno logró el acuerdo. Claro que esto implica que los gobernadores apoyen las reformas previsional, tributaria y laboral.
El acuerdo significa además un nuevo ataque al federalismo. Esto es así no sólo porque los gobernadores aceptaron una importante centralización de fondos en la provincia de Buenos Aires, sino porque aceptaron resignar sus demandas judiciales contra Nación. San Luis, con un fallo firme en la Corte Suprema, es la única provincia que no firmó.
Pierden los jubilados
Como explicamos en Vamos! Nº109, la nueva fórmula de actualización de haberes jubilatorios que presentó el gobierno para ser aprobada por el Congreso implica un ajuste de 100 mil millones de pesos. Esta precisa estimación había sido ya publicada por el propio FMI –que propuso el cambio– pero es reafirmado también por los medios oficialistas (Clarín, 20/11). Como las AUH también dependen de este cálculo, se agrega otro ajuste de 50 mil millones por este rubro. (Ver recuadro: Proyecto de ajuste previsional)
Así se cubre la baja de ingresos a la ANSES producto de la baja de las contribuciones patronales establecida en la reforma tributaria. Lo otro que también se cubre de esta forma es la derogación del artículo 104 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, que destinaba a la ANSES el 20% de ese impuesto. Es cierto que el Impuesto al Cheque pasaría a ser destinado íntegramente a la ANSES; pero esto es mucho menos que lo que se le quita por Ganancias.
Más plata para Buenos Aires
El artículo 104 de la ley mencionada es el que había creado el Fondo del Conurbano Bonaerense con el 10% del Impuesto a las Ganancias. Sin embargo, establecía un tope de 650 millones de pesos, distribuyéndose el resto de ese 10% entre las demás provincias. Como ese tope nunca fue actualizado, derivó en la demanda judicial de la provincia de Buenos Aires. La sola derogación de este artículo significa entonces unos 20 mil millones de pesos más para esta provincia por año. A eso deben sumarse las transferencias especiales establecidas en los incisos e) y f) del título “Compensaciones a provincias” del acuerdo firmado por presidente y gobernadores. De este modo se llegan a 45 mil millones extras en 2018 y 65 en 2019.
Para que las provincias acompañen –y ante las inciertas perspectivas de sus demandas judiciales– el gobierno nacional se comprometió a compensarlas por esos 20 mil millones (que dejarían de distribuirse entre las mismas) con transferencias automáticas destinadas a infraestructura (inciso a) del título mencionado). Además se emitirían bonos a 11 años para ser distribuidos entre las provincias “que aprueben el consenso” (exceptuando provincia de Buenos Aires). Con este toma y daca –basado en el salario diferido de los jubilados–, las 23 provincias firmantes pactan desistir de sus demandas. Pero la entrega de los gobernadores no es sólo esto.
Ajuste fiscal e impositivo
Además de lograr el apoyo al ajuste previsional, el gobierno comprometió a los gobernadores para una “Ley de Responsabilidad Fiscal”. Esto implica más ajuste en los estados provinciales, como comprometerse a no aumentar el gasto público en términos reales (ver Puntos principales). Pero también los ha comprometido en acompañar la Reforma Tributaria. Más allá de lo complejo de esta reforma desarrollada en un proyecto de 220 páginas, significa importantes beneficios impositivos para los monopolios y terratenientes como la baja de las contribuciones patronales.
