De las 17 comunidades autónomas de España, Catalunya es con sus 7 millones y medio de habitantes la segunda más poblada. Situada entre el Mediterráneo y los Pirineos en el nordeste de la Península Ibérica, la componen cuatro provincias: Barcelona, Girona, Lérida y Tarragona.
Tras la caída de Barcelona el 11 de setiembre de 1714 en manos de las tropas borbónicas durante la Guerra de Sucesión Española, el borbón Felipe V abolió las libertades civiles y las instituciones de autogobierno. Precisamente el 11 de setiembre es la “Diada”, el Día Nacional de Catalunya, recordando aquella derrota pero reivindicando los derechos y libertades nacionales.
El derrumbe del imperio español a fines del siglo 19, con las humillantes derrotas sufridas a manos de Estados Unidos en Cuba y Filipinas, hizo emerger las grietas que fracturaban el Estado: una de ellas fue el crecimiento de movimientos nacionalistas en Cataluña, el País Vasco y en menor medida Galicia. A inicios del siglo 20 el movimiento catalanista, de raíz liberal y republicana, adoptó los símbolos que lo identifican: la bandera a barras rojas y amarillas, el himno campesino y antimonárquico Los Segadores, y la conmemoración de la Diada Nacional.
Cuando entre 1923 y 1930 se instauró en España la dictadura fascista del General Primo de Rivera respaldada en el rey Alfonso XIII, el Ejército, la gran burguesía, los terratenientes y la Iglesia, Cataluña fue uno de los focos más activos de oposición a la dictadura. Creció el catalanismo republicano, con el liderazgo de Francesc Macià.
Ya sobre el trasfondo de la crisis mundial de los ‘30, en abril de 1931 triunfaron las candidaturas municipales catalanistas y republicanas encabezadas por Acció Catalana y Esquerra Republicana. Pero la cruenta Guerra Civil desencadenada en 1936 por el levantamiento de Francisco Franco contra la República Española instalada en 1934 volvió a quebrar la autonomía catalana: el triunfo en 1939 del fascismo franquista cimentó sus bases ideológicas utrarreaccionarias en el anticomunismo, el catolicismo, y la imposición de la unidad de España a hierro y fuego.
La tiranía franquista oprimió al pueblo español durante 36 años (1939-1975). En Cataluña significó la anulación de las libertades democráticas, la prohibición y persecución de los partidos democráticos, la supresión del Estatuto de Autonomía –que el Gobierno republicano de España ya había suspendido– y la persecución de la lengua y la cultura catalanas.
Tras el franquismo –y con el franquismo– la “Transición”
La llamada “Transición Española” fue resultado de un pacto entre el fascismo de Franco y los partidos oportunistas, por el que se maquilló al estado franquista para darle una cara “democrática” y de “unidad nacional”. El reinado del parásito borbón Juan Carlos fue acordado todavía en vida del dictador y asumió tras su muerte, en noviembre de 1975.
La actual situación catalana es una manifestación más de aquella reforma cosmética del estado fascista consumada con la Constitución de 1978 que conservó la esencia del estado franquista: la monarquía, el control por los franquistas del Poder Judicial y del ejército, la “unidad indisoluble” de España y la negación del derecho a la autodeterminación de las naciones vasca, gallega y catalana. Los catalanes siguieron padeciendo la doble opresión del estado español y de su forma monárquica. Por eso la «cuestión catalana» no remite sólo a la reivindicación del derecho nacional de los catalanes, sino también a los acuerdos originarios del estado pos-franquista que oprimen a las naciones, aunque al día de hoy la reivindicación nacional sea comandada por la burguesía monopolista catalana y eso limite mucho sus alcances democráticos.
El estado que los independentistas cuestionan y combaten en 2017 sigue negando y reprimiendo el carácter plurinacional y pluricultural de España. En el soberanismo catalanista coexisten proyectos políticos y sociales muy diferentes. Algunas fuerzas proponen, en caso de proclamarse la independencia y la República Catalana, que se inicie un proceso constituyente. Porque la Constitución y las leyes españolas son herederas del franquismo –al igual que lo son el Partido Popular, el PSOE y los demás partidos de la burguesía– y por eso no sorprende que nieguen tanto los derechos de los trabajadores como los de las naciones. Ni sorprende tampoco que partidos reaccionarios como el PP, el PSOE y Ciudadanos cierren filas en defensa del estado reaccionario español, y de la integración de los monopolios españoles y su estado en estructuras imperialistas como la UE y la OTAN, desplegando incluso su ejército en numerosas guerras imperialistas de rapiña.
