Por Sergio Párraga, Corriente Clasista René Salamanca.
La conversión de los subsidios de los Programas Sociales en ganancias patronales atacando a los Convenios Colectivos de Trabajo
El presidente Macri anunció con el decreto 304/17 la creación del “Plan Empalme”, consistente en subsidiar a las empresas que tomen en relación de dependencia a trabajadores beneficiarios de Programas de Empleo de los Ministerios de Trabajo o de Desarrollo Social. El monto del subsidio equivale al ingreso del Programa que recibe el trabajador, los cuales pueden ser el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Seguro de Capacitación y Empleo, Progresar, Promover, Prestaciones de Desempleo, Construir Empleo, Intercosecha, Argentina Trabaja, Ellas Hacen, Salario Social Complementario y los egresados de los cursos de Formación Profesional. Actualmente esos programas tienen subsidios que van de $ 900 a $ 4.000. Los trabajadores que estarían en condiciones de acceder a esta modalidad de contratación ascienden a cerca de un millón.
En el artículo 2 del decreto mencionado queda establecido el carácter de la medida cuando dice que la ayuda económica que perciben los beneficiarios “tendrá carácter de subsidio al empleo y podrá ser contabilizada por los empleadores como parte de su remuneración laboral neta mensual”. Los patrones y los trabajadores con programa que establecen esta relación de dependencia deberán inscribirse en el Programa de Inserción Laboral del Ministerio de Trabajo y el beneficio patronal será por 24 meses o mientras subsista la relación laboral (artículos 3 y 4).
Los objetivos de esta iniciativa del gobierno, según sus propios dichos, serían:
• La reducción de costos laborales, al subsidiar del 10% al 50% del salario.
• La reducción del trabajo en negro, ya que los patrones podrán blanquear una relación laboral preexistente al 31 de diciembre del 2016.
• La transitabilidad de los trabajadores con subsidios sociales a trabajo formal.
La situación social generada por la política de Cambiemos se deteriora día a día. La destrucción industrial, la perdida de trabajo y la caída del salario real golpean a millones de trabajadores.
Por un lado, uno de los ejes del gobierno es el ataque a los convenios colectivos de trabajo para avanzar en la reducción de los costos laborales, que mirado desde las patronales no es más que reducción salarial y la eliminación de conquistas de la clase obrera conseguidas a través de sus luchas. Esta política esta direccionada sobre los trabajadores industriales como forma de aumentar las ganancias del sector monopolista e incentivo a las inversiones extranjeras (junto a la entrega de los recursos naturales como el petróleo o la minería).
Por otro lado, el gobierno a sabiendas de las consecuencias sociales de su política, mantuvo los programas sociales que el kirchnerismo desarrolló, ampliando su presupuesto. Y fruto de la lucha de organizaciones sociales tuvo que crear nuevos programas y sacar a fin del año pasado la Ley de Emergencia Social destinando 30 mil millones de pesos adicionales de presupuesto. Con esta Ley también creó el Consejo Social, ámbito de conciliación de las organizaciones como el “trío celestial piquetero”: CCC, CTEP y Barrios de Pie que firmaron el acuerdo con el gobierno y lo enmarcaron en el funcionamiento del Consejo Social que integran.
El objetivo es claro: contener el aumento y la profundización de la pobreza de una parte de los trabajadores que ya están en esa condición o muy cercanos a ella, evitando de esa forma conmociones políticas como las que se podrían producirse por saqueos, mientras se avanza contra los sectores industriales de los trabajadores generadores de la ganancia monopolista.
A medida que los trabajadores con programas sociales vayan ingresando al Plan Empalme, el gobierno lo usará en su ataque a los convenios colectivos de trabajo, ya que habrá un montón de aspectos que modificar con esta nueva modalidad de contratación subsidiada como el cálculo de cargas sociales, presentismo, productividad, etc. Habrá que ver la extensión que tendrá el ingreso al Plan Empalme. Pero que será usado así por el gobierno, no cabe duda.
Una gran parte de trabajadores con programas sociales son compañeros/as con baja calificación laboral que se concentran en la industria de la confección textil, de la construcción, del calzado, en el comercio cuentapropista y en los servicios sociales como el trabajo doméstico a terceros. Todas estas actividades se caracterizan por el trabajo en negro y ya hoy en día son actividades en que los compañeros/as trabajan, aunque con menos horas o menos salario o más esporádicamente, en paralelo al cobro de algún programa social.
La otra gran parte de trabajadores con programas sociales son las mujeres no integradas al trabajo social. Hoy el 56% de las mujeres entre 14 y 64 años no es parte de la Población Económicamente Activa (PEA). Son 7 millones de mujeres que no están integradas al trabajo social pero que necesitan enfrentar la falta de ingresos en la familia y son las que nutren en su mayoría las organizaciones sociales y protagonizaron los cortes y acampes del último año.
El ingreso de trabajadores al Plan Empalme, aunque no sea muy extenso en cantidad, será un instrumento del gobierno para profundizar el ataque al movimiento obrero con el ajuste y la precarización.
Por todo esto, las agrupaciones territoriales que conformamos la Corriente Clasista René Salamanca nos pronunciamos en contra del Plan Empalme y trabajamos para llegar a la Capital Federal desde todos los rincones del país en la 2º Marcha Federal convocada por las CTA’s contra la política de ajuste y entrega de Macri y los que la aplican.
