La matriz económica agro exportadora, de concentración y negocios inmobiliarios, son responsables del hacinamiento y la falta de viviendas para el pueblo en los grandes cinturones de pobreza que rodean las grandes ciudades.
Hay un déficit de alrededor de 4 millones de viviendas en el orden nacional. Solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 365.000 hogares con necesidades habitacionales, donde habitan 1,17 millones de las 3 millones de personas que viven en la ciudad. 300 mil personas viven en las villas, mientras hay 150 mil departamentos vacíos en la Ciudad. Por ejemplo en el barrio de Puerto Madero son más los departamentos vacíos que los ocupados.
Desde hace meses que se extienden las tomas de tierra en diferentes lugares del conurbano bonaerense y ciudades del interior del país como Neuquén, Córdoba y Cipolletti. Solo en la Provincia de Buenos Aires hay más de 1700 hectáreas tomadas, siendo la ocupación de Guernica la más grande con más de 3.000 vecinxs ocupando 100 hectáreas de tierra para la construcción de viviendas dignas para quienes ya no pueden sostener el alquiler, o escapan de la violencia, o deambulan en situación de calle, como afirmó Yamila al Vamos!: «Queremos un pedazo de tierra donde tener un techo digno».
La Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, afirmó que si bien es un problema social y no de seguridad, son ilegales y que responderán al requerimiento de la justicia, luego de esa afirmación la seguiría el Presidente y más tarde se alinearían en esa línea el gobernador Axel Kicillof y la Intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Desde el Gobierno se transmite un relato que «atiende» las necesidades y las urgencias, pero todo eso, está por debajo de la propiedad privada y si eso se vulnera es un delito al igual que un robo o el narcotráfico. Por eso el Presidente habló de las tomas de tierras en un acto para presentar un programa contra la inseguridad en el AMBA.
La realidad histórica es que si el pueblo no aprieta con su lucha nada ocurre. La lucha por el acceso a la tierra y la vivienda en nuestro país han dejado muertxs, heridxs y presxs por la represión, como en el Parque Indoamericano -que también lo tuvo a Berni de protagonista en la represión y desalojo de 16 mil personas- y ninguna solución llegó.
La situación habitacional y el derecho a la tierra son urgencias que debe tratar el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales. La situación es desesperante, ya que al drama económico heredado de Juntos por el Cambio -que dejó a millones sin trabajo y en el desamparo del hambre y las desigualdades sociales- con la pandemia muchxs terminaron de perderlo todo.
Para millones ya no se puede ni vivir de prestado o pagando como se pueda un mínimo alquiler. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ayuda en el día a día, pero eso no va más allá -aún con la Asignación Universal por Hijx y alguna changa- para hacer frente al pago de algún alquiler u otro gasto cotidiano. Es un drama social de arrastre y estructural. Las medidas como el plan ProCreAr son alicientes, pero a la altura de las necesidades es una aspirina, ya que para los que nada tienen no se les puede pedir que saquen un crédito o paguen una mini cuota para una vivienda, aunque lo desean de todo corazón.
En un principio, el propio Gobernador de la Provincia de Bs.As. Kicillof, afirmaba que «lo que queremos es responder a esa necesidad con programas, planes y perspectivas que dé el Estado, con reconocer un derecho» y que la vivienda es una «necesidad innegable y el Estado debe responder» mientras Sergio Berni, Ministro de Seguridad de la provincia reprimía a 40 familias que ocupaban un predio en San Francisco Solano, partido de Quilmes, apoyado por los intendentes, abriendo una interna dentro de Frente de Todxs, aunque pasó a prevalecer el acuerdo donde se le pide a la justicia que actúe y de orden de desalojar los predios ocupados. Esta última definición fue graficada con sabor a triunfo por el diario La Nación en su tapa como una derrota más del gobierno.
A tono con las afirmaciones de Jorge Macri, Intendente de Vicente López, que pide al igual que el coro de Juntos por el Cambio mano dura con los ocupantes, el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Sergio Massa, propuso sacar el IFE y otras ayudas sociales a quienes ocupen tierras, llegando a un grado superior de miserabilidad.
En el interior avanzan las ocupaciones como en Salta, Río Negro, Córdoba o Santa Fe. En la mayoría de las tomas lo primero que aparece son los aprestos represivos o grupos de patotas vinculados a Intendentes o empresas. Asimismo desde los medios de comunicación hegemónicos instalan que «ocupan para luego vender los lotes», agarrándose de la excepción para dañar «el todo». La realidad es que las familias no solo cargan con la desesperación de vivir en la intemperie o en un rancho, sino que además son tratados como delincuentes que merecen ser reprimidxs y que se les quite lo poco que tienen, como si una madre con lxs hijxs colgando saldría a las 2 de la mañana para ocupar y joder a lxs demás o hacer algún negocio inmobiliario.
Se lleva un problema social y estructural al terreno de la inseguridad, erigiéndose en guardianes de la propiedad privada, negando la condición de habitantes y vecinxs de los territorios en cuestión, sin siquiera discernir sobre las necesidades urgentes del pueblo o la situación en particular de cada propietarix en cuanto a que si las tierras son ociosas para la especulación inmobiliaria, un bien de familia o pequeña inversión.
Ponderan la propiedad y esta es incuestionable y para esto si debe estar presente el Estado como lo grafica el Intendente Macri, «es importante tener un Estado presente que proteja lo que cada uno de los argentinos se ganó con su trabajo y lo que el Estado posee es de todos», pero cuando ese Estado quiere hacer de interés público la fabricación de alimentos y expropiar Vicentin, pegan el grito en el cielo, y lo más triste es que ganan la pulseada. Cierran el paso tajantemente a un debate que pueden perder sobre si vale más las tierras improductivas o para la especulación inmobiliaria que la vida de una familia que no tiene nada o perdieron todo. Son los llamados republicanos que niegan el debate sobre la igualdad social que significa reconocer la Constitución, la declaración universal de los DDHH y otros tratados a los que adhiere la Nación en cuanto al derecho a la vivienda digna y adecuada.
Es necesario poner en discusión todo lo que hace a las necesidades de los pueblos que habitan el país. La tenencia, el uso y el acceso a la tierra para trabajar y vivir es uno de derechos democráticos urgentes en la sociedad.
Estas sencillas pero contundentes verdades democráticas, es la razón de porque son válidas las ocupaciones de territorios aún desafiando la «sacrosanta propiedad privada» para instalar una y mil veces el debate en torno a la necesidad de la vivienda digna en un país donde sobra tierra en pocas manos y son millones lxs que no tienen nada. Verdades que ponen un alerta para que el Estado de respuestas y discierna con lxs vecinxs que no está en juego la pequeña propiedad de quien trabajó toda su vida, sino el debate alrededor de las tierras ociosas en pocas manos que constituyen una estructura antidemocrática y deformada en todo el país.
Nos unimos y derrotamos al gobierno de Juntos por el Cambio para avanzar en estas urgencias estructurales, pero sabiendo que la forma es cuestionar activamente un modelo de especulación inmobiliaria donde en la mayoría de los casos se entrelazan las empresas con el poder de turno en todos los niveles.
