Mediante un decreto de necesidad y urgencia, el gobierno nacional resolvió intervenir y declarar de interés público el monopolio agroalimenticio Vicentin. Mañana 11 de junio está prevista una reunión entre el dueño de Vicentin y Alberto Fernández. Lo cierto es que hay mucha presión desde la oposición como la SRA y Juntos por el Cambio con el montaje de los grandes medios de comunicación como Clarín que estimulan la confusión, las mentiras y cacerolazos. También sectores de clases dominantes cercanos al gobierno como Eduardo Duhalde o Lavagna se han manifestado en desacuerdo con la expropiación. El pueblo y los sectores populares y democráticos del Frente de Todos deben estar alertas para que no se retroceda con la medida que estimula el camino por la soberanía alimentaria en un país con hambre y desnutrición.
Actualmente, la empresa agroexportadora de este grupo se encuentra en concurso de acreedores y la Justicia investiga si los préstamos que le otorgó el Banco Nación (su principal acreedor) por $ 18.500 millones fueron correctamente concedidos. Se trata de una de las principales agroexportadora del país.
YPF – Agro se hará cargo de administrar el fideicomiso que administrará la empresa.
En el año 2019, Vicentin alcanzó el primer lugar entre las principales cerealeras exportadoras. Luego de haber estado en el puesto 19 entre las que más facturan, escaló al puesto 6 detrás de Cargill, Cofco, AMD, Bunge y AGD. Exporta el 85% de lo que factura.
Según informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, en 2019 concentró el 21% de la molienda de soja: unas 8,4 millones de toneladas. En la campaña pasada vendió 5 millones de toneladas de harinas y 1 millones de toneladas de aceites y procesa cerca de 1 millón de toneladas girasol. En el rubro de los biocombustibles, creció entre 2017 y 2019 un 25% en la producción de etanol (97.010 metros cúbicos en 2019) y un 4% en la de biodiésel (163.000 metros cúbicos).
y a información del BCRU (al 31 de diciembre de 2019).
Estafa y operaciones
Con una deuda de más de 1300 millones de dólares la empresa se declaró en quiebra y se dictó el concurso de acreedores. Por el volumen facturado y su papel en el mercado, es un típico vaciamiento con participación estatal, ya que el Banco Nación en manos de Juntos por el Cambio le otorgó 72 préstamos por 18.000 millones de pesos de los cuales 28 fueron aprobados durante los últimas semanas de la gestión Cambiemos y a las pocas semanas la empresa se declaró en quiebra. El dueño de Vicentín, Gustavo Nardelli y su CEO fue uno de los aportantes a la campaña electoral de Juntos por el Cambio en el 2019.
Un antecedente directo que grafica estas operaciones lo constituye el hecho que a finales del año 2019 luego del “auxilio” del Banco Nación a Vicentin, transfiere el 16,17% de su propiedad accionaria (50%) en la empresa Renova a Glencore (monopolio suizo que controla el otro 50%), pasando a ser Glencore la accionista mayoritaria de Renova con el 66,17% de las acciones. Vicentin mantiene el 33% de las acciones. Renova se transformó así en un gran polo donde produce harina y aceite de soja en Timbúes y biodiesel en San Lorenzo. Renova Timbúes constituye una de las obras de ingeniería más notables del país y representa una de las mayores moliendas del mundo, y cuenta con una capacidad diaria de 20.000 toneladas de molienda de soja en dos líneas de producción. La planta posee un puerto propio. Cuenta con dos líneas simultáneas de embarque de 2000 toneladas cada una.
Es muy importante a tener en cuenta, que el fondo de inversión Blackrock tiene un 6% de las acciones en la empresa Glencore. Blackrock es uno de los fondos de inversión (buitres) más importante del mundo, (maneja un capital mundial mayor a los PBI de cualquier país sacando a EEUU y China) y es uno de los acreedores de la deuda de nuestro país, y que según sostiene la Agencia Bloomberg, argentina le propondría en la negociación contra reloj que vence el 12 de junio un bono atado a las exportaciones de granos, “los funcionarios argentinos pueden ofrecer garantías relacionadas con las exportaciones agrícolas de la nación sudamericana para cerrar la brecha con los principales acreedores en las conversaciones de reestructuración de la deuda” (9-06-2020). La idea es obtener el apoyo de algunos de los principales tenedores de bonos del país, entre los que se encuentra Blackrock, ya que estos consideran que los datos de exportación de Argentina son más atractivos y seguros que las cifras del PBI.
Veremos en el proyecto que medida se tomará en cuanto al 33% de las acciones que pertenecen a Vicentin que mantiene en Renova. En la conferencia de prensa Alberto Fernández dijo al respecto: “Tiempo al tiempo”.
Claudio Lozano, director del Banco Nación investigó y denunció en su momento que «el crédito que le dio el Banco Nación a Vicentín fue para financiar exportaciones entre Vicentín Argentina y Vicentín Uruguay. Esto suele ser una triangulación para subdeclarar exportaciones (que impactan en el pago de retenciones) y dejar dinero en el exterior”.
Lozano denuncia también que Vicentín «tenía una cuenta en la sucursal Reconquista del Banco Nación, que estaba afectada en garantía para operar como respaldo del crédito. Y en esa cuenta, entre agosto y diciembre de 2019, entraron 795 millones de dólares. Por lo tanto, entró más dinero que el que le debe al Banco Nación».
La maniobra fraudulenta queda en evidencia cuando se analizan los balances de la empresa que arrojan activos suficientes como para afrontar la deuda. Los últimos datos de su facturación anual, arroja entre 3.000 mil y 4.000 mil millones de dólares. Son unos de los absolutos ganadores del modelo macrista.
A partir de la maniobra de vaciamiento, se trabajó para profundizar el proceso de extranjerización, mientras se estafó al Estado y se puso a resguardo en otros conglomerados empresarios y paraísos fiscales para seguir comercializando.
La medida del gobierno de Alberto Fernández fue correcta en cuanto a que se asegura el control de la producción y comercialización de alimentos impidiendo que una sociedad entre el Grupo Manzano/Vila y en monopolio estadounidense Cargill se quedara a precio vil con la empresa. En esta nueva etapa donde se evitó el proceso de extranjerización, se tendrá que garantizar que de los pasivos se haga cargo quien debe para que no los pague el pueblo.
Soberanía y reacción: polos opuestos
«Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”
Esta frase pertenece a Roberto Dromi, Ministro de Obras y Servicios Públicos del gobierno de Carlos Menem y resume el primer mandamiento del decálogo privatizador del menemismo que constituiría el paradigma de la década de los ’90.
Esta concepción oprobiosa y atrasada siguen abrazando hoy los sectores reaccionarios, como la Sociedad Rural Argentina (SRA) y expresados políticamente en Juntos por el Cambio, entre otros, que ponen el grito en el cielo con la medida sobre Vicentín. Son los defensores más descarados de la penetración y la dependencia en la argentina. Son los parásitos que viven en las cloacas que les reserva el imperialismo en un país dependiente. Escuchan la palabra expropiación o estatización e inmediatamente salen a hablar de “socialismo”, “comunismo”, “Venezuela”, “Chávez” y otras tantas barbaridades.
Buscan instalar una falsa disyuntiva entre el “estatismo populista=socialista y la defensa de la propiedad privada y la libertad individual”, con este criterio alejado de la realidad, Juan Perón sería un gran dirigentes socialista!. Tratan de embarrar la cancha luego de estar enchastrados por el escándalo de espionaje que va emergiendo y advierten la peligrosidad si las expropiaciones se contagian hacia otros rubros de la económica. ¡Están espantados sobre todo porque el pueblo puede profundizar el camino de Vicentín!
Porque lo cierto es que después de 30 años seguimos pagando caro la entrega del patrimonio nacional. Porque se ha profundizado la dependencia y muchas ramas han cambiado de manos entre imperialistas.
Lo que se puso por delante con la medida intervención estatal, no es avanzar hacia el socialismo, sino que se aprovechó la figura de la quiebra para “el rescate desde el Estado” como señala Alberto Fernández, donde la forma legal es declararla de interés público.
La Constitución Nacional establece en su artículo 17 que “la propiedad es inviolable” y que “ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella”. Pero en el mismo artículo aclara que hay casos excepcionales: “La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”. Por eso según explicó Alberto Fernández, en el proyecto de ley de expropiación de Vicentin se declarará a la empresa de utilidad pública teniendo en cuenta que “se dedica a la producción de alimentos” y que, en un momento de post pandemia, para el Gobierno “tiene una relevancia singular todo eso”. En ningún momento de la conferencia se mencionó un monto de indemnización, sino que se habló de una “operación de rescate” aparte el principal acreedor es el Estado nacional.
Es importantes señalar, que como afirman docentes de Derecho Administrativo Constitucional, este caso es pionero en relación a considerar utilidad pública la producción de alimentos y se trata de un caso especial de una empresa que corre el riesgo de que deje de existir. Esa figura de utilidad pública se validará en el Congreso cuando se trate, donde el Frente de Todos no cuenta con la mayoría en la Cámara de Diputados, por lo que la movilización popular en todo el país será una necesidad para mostrar la voluntad de un pueblo en avanzar por el camino popular.
Como señalamos en Vamos! N° 154 afirmando que “urge la intervención estatal para cuidar el patrimonio de todos los argentinos y no permitir su liquidación a una multinacional. La estafa Macri – Vicentín deja un ejemplo claro: Si se industrializara en producción alimenticia lo que hoy exporta Vicentín, se podría alimentar a 22 millones de personas. Si esto se vuelca al mercado interno, se acaba el hambre en la Argentina. Porque la causa no es la mala distribución interna, es la permanente extracción de sus riquezas a través de los mares. Es la total extranjerización de su comercio exterior. Perón comprendió esto y actuó en consecuencia, creación del Astillero Río Santiago y Nacionalización de los Ferrocarriles en 1948, IAPI Y Nacionalización de la Banca en 1946. Porque los mercados libres no existen, todos están regulados. Los regula el Estado, en defensa del Pueblo, o el capital, a favor de sus ganancias”.
Entonces, aquí nos encontramos con una medida que parte de la necesidad de generar y controlar alimentos, preservar los 6000 puestos de trabajo (medida que fue celebrada por los trabajadores) y evitar que se la queden monopolios imperialistas.
No es una medida en el marco de un proceso revolucionado, es en el marco de un país dependiente, en disputa y en la agudización de la lucha inter-imperialista en el mundo y en la región. Siempre una empresa cuando es controlada por el Estado es un paso muy importante para el pueblo, porque encierra una cantidad de contradicciones que pueden ser aprovechada para avanzar, en este caso hacia la soberanía alimentaria y el control de los granos. Sin ir más lejos, el sindicato de Aceiteros ha pedido un lugar en el directorio de la nueva empresa.
Vicentin y el camino hacia la soberanía integral
La medida, es estratégica, pero en sí misma no resuelve el problema del hambre, el control y la comercialización de los granos. Ni tampoco que se haya cambiado el eje de la producción agropecuaria que sigue siendo monopólica, de agro negocios contaminantes y agroexportadora. Es más, el propio interventor designado, Gabriel Delgado, fue entre 2013 al 2015 secretario de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, está cuestionado por su defensa y vínculos con la empresas de comercialización de semillas transgénicas y resta observar el proyecto de Ley y la política que se aplicará desde Vicentin en cuanto a que si se privilegiará el trabajo con las cooperativas agrarias, los pequeños y medianos productores o se seguirá manejando como una empresa concentrada privada.
Como se ve, hay mucho por hacer, pero la medida genera muy buenas condiciones para profundizar el camino hacia la soberanía alimentaria. Hacia una gran empresa estatal de alimentos en manos del Estado, con nodos de producción, comercialización y transporte en las regiones del interior manejada y controlada por los productores pequeños, medianos y cooperativas. Acompañada por un plan nacional de colonización de tierras. Con la recreación de un nuevo IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio) garantizando desde el Estado la comercialización de las semillas, asegurando al productor un precio sostén que se establece previamente, tomando a su cargo la colocación en los mercados internacionales, cambiando las operaciones de exportaciones de granos realizadas de manera oligopólica por empresas nacionales y extranjeras. Y con la posibilidad de volver a tener desde el Estado el control del estratégico puerto de la Ciudad de Rosario, ya que Vicentín lo controla en la actualidad. La medida del gobierno posibilita abrir un gran debate acerca del modelo dependiente que impera en nuestro país y pone en mejores condiciones la lucha pos pandemia por una soberanía integral, alimentaria, monetaria, comercial y productiva.
