Cuando en noviembre de 2016 se aprobó la Ley de Emergencia Social en el Congreso, se abrió un gran debate político. En primer lugar por la cláusula de “paz social” con que cerraba el acuerdo que suscribían tres fuerzas: Movimiento Evita, CCC y Barrios de Pie. En segundo lugar, porque los 30.000 millones en tres años incluía la asistencia social ya existente, por lo que no es realmente un incremento, y mucho menos si consideramos la inflación venidera. También por el contexto en que se aprobaba, que era el levantamiento del paro por parte de la CGT.
El acuerdo y la Ley de Emergencia Social fue una salida mutua, tanto para el gobierno nacional que había perdido la iniciativa política en el Parlamento y se preparaba para un nuevo veto antisocial, como para la dirección de la CGT, que necesitaba levantar el paro ya aprobado por el Confederal.
Esta Ley crea el Consejo del Salario Social Complementario, integrado por tres representantes del gobierno y tres de las organizaciones sociales firmantes. Su función es la implementación del Salario Social Complementario, definido como una asignación estatal adicional para los trabajadores de la economía social, de manera de completar sus ingresos al nivel de un salario mínimo. El Consejo define el universo, las condiciones y los requisitos de los trabajadores de la economía social que podrán inscribirse en un Registro para acceder al Salario Social Complementario.
Así la “Ley de Emergencia Social”, si bien algo en lo económico supuestamente arranca, es más en realidad lo que políticamente entrega. Decimos “supuestamente”, porque en lo económico y social esta ley puede salirle muy cara a los trabajadores ocupados y bajo convenio. Ya que reflota el mecanismo de “Vaucher”, creado en los ‘90, por el que si una persona con asistencia social es empleada por una empresa, el trabajador sigue recibiendo como parte de su salario la asistencia estatal y la empresa solo paga la parte para completar un salario mínimo, dentro de un formato de relación laboral de “pasante”. Esto apunta a la reconversión de la planta de trabajadores bajo convenio, o sea a bajar los costos laborales de los monopolios y quebrar el sistema de paritarias. Esto fue planteado públicamente por el ministro Triaca como “plan de empleo joven”.
A los pocos días también se anunció la creación de una obra social de los trabajadores informales que sería manejada por el mismo trío político firmante. En realidad los trabajadores informales, forzados por el Estado a inscribirse bajo cooperativas, para recibir gran parte de la asistencia social de tipo laboral, al estar inscriptos como monotributistas sociales, de hecho hoy ya pueden acceder al sistema de obras sociales sindicales. Y probablemente con este nuevo régimen no puedan y queden atrapados en esta obra social exclusiva para “informales”.
O sea por todos lados surge lo mismo: la legalización, formalización y administración del trabajo precario como tal, apuntándolo contra los convenios colectivos vigentes. Ninguna otra cosa podía esperarse del gobierno de CEO’s del macrismo.
Por eso desde el CR y la CCRS caracterizamos esta ley mirada en su conjunto como expresión de la tregua acordada con el gobierno y la dirección de la CGT, acompañada por algunas fuerzas políticas como el Movimiento Evita, el PCR y Libres del Sur, en el marco también de un segundo recibimiento de Macri en el Vaticano en el que el Papa Francisco al menos no le gruñó.
Pero la situación política fue cambiando y el macrismo cae en las encuestas porque la situación económica no sólo no mejora, empeora con despidos, aumentos de tarifas y precios, de la mano de paritarias con un techo del 18%. Entonces ahora la dirección de la CGT llama a la movilización del 7 de marzo y amaga con la posibilidad de un paro nacional. Así las cosas, Macri tampoco termina de reglamentar la Ley mientras el Consejo Social ya se ha empezado a reunir integrado por el gobierno y el trío de las fuerzas “piqueteras” que lo suscribieron, y que podrían además conformar un acuerdo electoral para las elecciones del 2017 –anunciado como “la nueva izquierda” por el diario La Nación en entrevista a Otto Vargas–.
El problema del gobierno es que firmó el pacto con una parte de las organizaciones piqueteras. Pero no con la mayoría de las organizaciones combativas; y por otro lado tampoco con las más voluminosas a nivel nacional como la Tupac Amaru o la CNCT, ambas engordadas durante doce años por el anterior gobierno.
O sea, así como están las cosas… El gobierno y el “trío piquetero” que suscribió necesitan engordar el Consejo para que tenga perspectiva. Entonces durante estos meses han sonado los cantos de sirena y de que “todas las futuras negociaciones piqueteras pasarán por allí”, terminando con los innumerables canales existentes. Esto no parece muy fácil de lograr porque detonaría justamente un innumerable volumen de conflictos, además unificándolos contra el gobierno. El problema adicional que tienen para seducir a desprevenidos es que los tres votos “piqueteros” en el Consejo ya están ocupados… Así que andan ofreciendo lugarcitos como “integrantes” con voz y sin voto.
Nuestra postura con todo esto ha sido clara desde un principio. Sin embargo, algunas fuerzas con las que venimos compartiendo la lucha han resuelto integrarse aún bajo estas condiciones al Consejo. Ante esta situación otras plantean hacer “el proceso” de ir y comprobar que ahí no se abre ninguna puerta. El problema es que el único proceso que se puede hacer por ese camino es un proceso de desgaste en un terreno cuanto menos, fangoso. Además, la situación y la perspectiva política del gobierno están complicadas y ni saben si llegan a ganar las elecciones próximas. El volumen del conflicto social no puede ser contenido por el Consejo.
Para nosotros desde el CR y la CCRS la unidad táctica que venimos transitando en el Frente con los compañeros del FOL y otras organizaciones continua en base a mantener la lucha en las calles y no abandonar las reivindicaciones, ni los canales que el Estado tuvo que abrir, producto de la lucha y no de la conciliación.
