Reproducimos parte de la declaración de la Agrupación Clasista Lucha y Trabajo, parte de la Corriente Clasista René Salamanca:
“A lo largo del año, un conjunto de organizaciones sociales (CTEP, BARRIOS DE PIE Y CCC) articulando sus políticas con las posiciones papales y una notoria movilización el día de San Cayetano, fueron proyectando la propuesta de Ley de Emergencia Social que tenía como centro la creación de 1 millón de puestos en el Programa Argentina Trabaja al valor de un salario mínimo de $8000. Lograron que tomaran el Proyecto los senadores opositores y la CGT, que buscaron el momento más propicio para avanzar en la media sanción a partir de la debilidad oficialista sobre todo en esa cámara del Congreso. Este proyecto implicaba un presupuesto de 125 mil millones de pesos con la estructura actual del Programa Argentina Trabaja, financiado parcialmente con impuestos a la renta financiera, al juego y a la minería.
Con la media sanción en el senado de la ley y con la necesidad política del Gobierno de un “diciembre tranquilo”, se llega al acto del 18 de noviembre en el Congreso donde la CGT se convierte en principal convocante y movilizando importantes columnas de trabajadores. Esto le sirvió a la CGT para descomprimir ante el reclamo de paro general.
Nuestro frente de lucha participó de la jornada con un corte desde la mañana en las Av. Callao y Corrientes y un acto al mediodía, movilizándose varias organizaciones del frente al Congreso con la consigna “Ante la Emergencia Social, Paro General por Trabajo de Verdad”.
La convocatoria a sesión especial de la cámara de diputados por parte de la oposición encabezados por el Masismo para la sanción de la Ley de Emergencia Social y la Ley del Impuesto a las Ganancias puso al gobierno ante la posibilidad de tener que vetar las leyes con la consiguiente respuesta popular esfumándose el “diciembre tranquilo” necesario para arrancar la campaña electoral en el verano.
Ante esta situación el Gobierno convocó a dichas organizaciones a negociar un nuevo proyecto de Ley de Emergencia Social y con el resto de los bloques del Congreso las leyes a tratar en el período de sesiones extraordinarias.
El acta acuerdo firmada por los Ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social y por la CTEP, BARRIOS DE PIE y la CCC establece la declaración de la Emergencia Social hasta el 31/12/2019; la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario y del Registro de la Economía Popular; implementación progresiva del Salario Social Complementario; llevar la retribución de los Programas Argentina Trabaja, Ellas Hacen y de Trabajo Autogestionado a $4.000 desde diciembre; medio aguinaldo social de $2.030 a cobrar antes del 29/12 para los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen; 40% de aumento de alimentos a comedores comunitarios y de 63% a merenderos; 1 millón de canastas navideñas; $1.000 por grupo familiar más $250 por hijo a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo; reasignar en los presupuestos por parte del Poder Ejecutivo a lo largo de los 3 años de la Emergencia Social 30.000 millones de pesos en programas de trabajo.
Para tomar dimensión del significado de los 30.000 millones de pesos en 3 años frente a la crisis social que profundiza la política de Macri, veamos la magnitud que implican al día de hoy estos programas.
En los Programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen existen unos 200.000 inscriptos (reconocido oficialmente) que han pasado de 2600 pesos a fin del 2015 a 3100 pesos al comienzo 2016 y a 3400 pesos actualmente, lo que implica unos 10.000 millones de pesos incluyendo a los recursos necesarios para los proyectos. Llevando este programa a 4000 pesos con los recursos necesarios para los proyectos, en el 2017 implicaría para la misma cantidad de beneficiarios un presupuesto de 13.200 millones sin tener en cuenta actualizaciones inflacionarias. En el Ministerio de Trabajo sus programas (PTA, Construir Empleo, Entrenamiento Laboral) abarcan a unas 320.000 personas e implican un presupuesto anual de unos 10.000 millones de pesos en el 2016, yendo a unos 13.000 millones en el 2017.
En resumen, estos programas involucran a unas 520.000 personas que con ingresos de 4000 pesos (no en todos los programas) sumarían un presupuesto de más de 26.000 millones de pesos en un año. Con una modesta actualización inflacionaria del 25% en el 2017, estos programas superarían los 33.000 millones de pesos en un año. Descontando la actualización inflacionaria de los 10.000 millones anuales, ya que la reasignación de esos quedan a discreción de la Jefatura de Gabinete, el resultado es no más de 3.000 millones por año para el ingreso de nuevas personas a los programas, lo que equivale a unas 40.000 personas al año.
Frente a la realidad de 13 millones de personas en la pobreza y la indigencia, sin trabajo o con trabajo precario, donde la canasta básica de alimentos está en 13.000 pesos y una situación inflacionaria (40% anual) sin control hasta ahora, el ingreso de sólo 40.000 personas anuales en programas de trabajo bajo la Emergencia Social parece una aspirina que intenta curar el cáncer.
Aun así, los puntos reivindicativos contenidos en el acta acuerdo son un avance de todos los trabajadores precarizados y desocupados que han luchado a lo largo del año contra la política de Macri y los gobernadores ajustadores, y no de quienes se atribuyen la representación del conjunto.
Habiendo analizado hasta aquí la verdadera dimensión de lo expresado en el acta acuerdo con respecto a las reivindicaciones y el compromiso presupuestario asumido por el gobierno, también hay que señalar el costo que estas organizaciones le hacen pagar al pueblo cuando firman seguido al párrafo final del acta que dice: “Habiendo alcanzado un acuerdo, las organizaciones presentes con la finalidad de colaborar en la conciliación aquí alcanzada se abstendrán de cualquier situación conflictiva cualquiera sea su naturaleza. Dicha obligación alcanza a las partes firmantes de acuerdo con la representación que ostentan, y estas se obligan, en su propio nombre y en el de sus representantes”.
La firma de la tregua para la paz social por parte de estas organizaciones, expresada en ese párrafo final del acta, es una gran contribución que hacen a la gobernabilidad de un gobierno hambreador y un gran favor a las clases dominantes que se preparan para avanzar con todo sobre el movimiento obrero descargando la crisis. Y lo que es peor aún, en una actitud vergonzante publican el acta acuerdo como solicitada en diarios ocultando el párrafo final de “paz social”, buscando de forma engañosa que otras organizaciones sociales firmen de buena fe.
El alto costo de su claudicación, que pretenden hacerle pagar el pueblo, deberá ser revertido con la lucha de todos aquellos que no están representados por dichas posiciones.”
