Finalmente, el gobierno anunció el acuerdo con tres grupos de tenedores de bonos y fondos buitre que representan al 60%, cediendo con respecto a su propuesta original un total de alrededor de 13.300 millones de dólares.
El acuerdo alcanza los 54,8 dólares por cada plancha de 100 dólares de valor presente neto a través de un adelantamiento en las fechas de pago y se oficializará el 28 de agosto con entrada en vigor el 4 de setiembre. Esta propuesta se conforma por el adelanto de intereses de los dos vencimientos anuales, de marzo y septiembre a enero y julio, junto con el adelantamiento de los bonos devengados del 2030 al 2029. La otra concesión que se les hizo a los acreedores, es lo aprobado en la cámara de diputados en el día de ayer en cuanto a la ampliación presupuestaria como figura en el Art. 7 donde se habilita a pasar a moneda extranjera vencimientos en pesos por unos 1.500 millones de dólares. Se trata de deuda emitida bajo legislación local donde buena parte de la misma está en poder de los fondos Pimco y Templeton. Así, se garantizaría la activación de un canje generalizado de la los títulos bajo legislación extranjera.
Argentina tenía que pagar en los próximos años, 125 mil millones de dólares entre los vencimientos de capital e intereses y con este acuerdo pagará alrededor de 96 mil millones de dólares. Esto genera una reducción de alrededor de 31 mil millones de dólares entre el 2021 y 2047.
No habrá vencimiento de capital hasta el 2023 y de los 19.000 millones de intereses que vencían ahora solo serán de 3.127 millones de dólares o 4.500 millones si se suman los intereses de la deuda de legislación nacional.
El acuerdo evitará el default y ganará tiempo, mejorando el papel del país en el mercado de capitales, pero no soluciona el problema de la Deuda, y mucho menos teniendo en frente una catástrofe económica producto de años de neoliberalismo y el efecto de la pandemia que por más que se rebajen intereses los años venideros serán muy duros para la recuperación económica si no se avanza en medidas estructurales.
Siempre sostuvimos que la mejor medida es suspender los pagos e investigar, cómo sostiene el espacio que integramos, “Autoconvocatoria por la suspensión e investigación de la deuda”, incluso tomando las afirmaciones del propio Alberto Fernández y Guzmán en cuanto a la deuda que ya se pagó en la bicicleta financiera y se usó para la fuga de capitales.
La presión del FMI, las grandes empresas endeudadas en dólares y la necesidad de tomar nuevas deudas e inversiones empujaron para reconocer una deuda odiosa y fraudulenta. Se especula que de esta manera el país podrá volver al mercado de crédito antes de los tres años con tasas de prácticamente el “0%”, ya que la mayoría de los gobiernos se capitalizan con las nacionalizaciones de empresas de servicios y la emisión para sostener sus crisis por el Covid-19. Aprovechar la liquidez es uno de los objetivos del gobierno en el corto plazo.
Pero incluso en este escenario adverso vale la preguntarse, entonces, ¿si con el macrismo, que representaba los intereses concentrados de aquellos organismos internacionales y monopolios, nunca llegó ni un chaparrón de la “lluvia de inversiones”, porque lo hará ahora en el marco del crac económico internacional donde se privilegian las crisis locales?.
La euforia en los mercados y el apoyo de la reacción es la muestra de que han salido también beneficiados, ya que despejaron cualquier duda sobre si iban a cobrar o se iba aun default. Seguro le retumbaban en sus oídos las palabras de Cristina en la presentación de su libro el año pasado cuando dijo “yo quiero saber quien se la llevó, porque quiero pedirle a ese que la pague. ¿Por qué la va pagar otro? la deuda no deben pagarla los jubilados ni los trabajadores”. “Claro que las deudas se pagan, pero que la paguen los que más se la llevaron y más la disfrutaron, si no, no me parece justo”. Ahora quedaría saber quién la va pagar.
La razón del apoyo al acuerdo de las grandes empresas se basa en que sostienen una deuda en el orden de los 16.000 millones de dólares que ahora podrán financiar a tasas bajas.
En el mismos sentido lo hacen las provincias, en particular las más grandes ya que también mejora las posibilidades de reestructurar sus deudas a baja tasa que habían tomado para pagar gastos corrientes en pesos. Gobiernos como el de Neuquén ya vaticina inversiones a para Vaca Muerta, a la medida de los monopolios exportadores y manteniéndoles las ventajas impositivas al igual que la mega minería.
Es de esperar que la propuesta del gobierno tenga una alta adhesión del resto de los bonistas y en la negociación con los tenedores de bonos nacionales.
Un gran tema a resolver es la negociación con el FMI, órgano que no permite quitas, (aunque si condonación de deudas como hizo con 25 países en su mayoría africanos) pero, no sería, al menos hasta hoy, nuestro caso. La discusión con el fondo no es de quitas, sino de política económica y lo muestra su historia. Dentro de esto, están los intereses de los EEUU en particular como socio mayoritario del organismo. Lo que pide el FMI a cambio de postergación de pagos, son medidas fiscales o ajuste económico como la reforma laboral, tocar jubilaciones y otras medidas que “contraiga el gasto fiscal”. Si ese condicionamiento avanza, es a contramano con el proceso de recuperación económica.
El FMI ha vuelto a recalcular la caída de la economía mundial donde EE UU cae el 10%, China que venía creciendo al 7% va a crecer solo al 1% y la UE cae el 10.7%. Argentina caerá un 10% pero según otros cálculos va a caer un 13%. Entonces, si este va ser el volumen de caída, y estimaciones del ministro Guzmán es que no va a haber crecimiento, con un déficit enorme y con reservas del orden de los 43 mil millones de dólares y una deuda cuatro veces más grande, la salida es endeudarse nuevamente o “achicar los gastos”.
En este contexto, ponernos a vaticinar que va pasar con la Deuda en el futuro es construir una ficción que se acomode a las necesidades de cada sector que la construye, pero no a la realidad. De lo que hay certezas es que la recuperación económica que necesita el país, no puede estar sujeta a la “generación de divisas”, derivando, en otorgarle más ventajas a los sectores exportadores, (como ya se está trabajando desde el Ministerio de Desarrollo Productivo) para sostener y desarrollar un modelo productivo para 20 millones de personas, postergando el debate y las medidas para avanzar progresivamente hacia el cambio de esa matriz económica que mire principalmente a las necesidades del mercado interno. Si el lugar para el pueblo es el del “derrame”, no saldremos de la crisis a la que nos trajeron los que nos endeudaron por generaciones.
En corto plazo, es necesario aprovechar el respiro para poner el debate en el escenario de la economía real, un plan económico que garantice un rumbo popular donde se defiendan las medidas positivas que empoderan al pueblo como el plan de 44 mil viviendas, con 300 mil créditos, empleando a más de 300 mil personas de manera directa e indirecta y se planteen otras sumamente necesarias para la generación de empleos, la soberanía alimentaria y la producción. Y se siga la lucha por medidas necesarias como la expropiación de Vicentin, el impuesto permanente a las grandes fortunas y otras que refuercen las certezas y fortalezca la unidad popular frente al hostigamiento desestabilizador de los sectores reaccionarios que marcan la cancha para condicionar todas las medidas que avancen en dirección popular.
