Con la destitución de Dilma Rousseff concluye el largo período político abierto en Brasil con la primera victoria de Lula, en 2002. La consumación del golpe institucional tiene, por muchas razones, un fuerte impacto en América Latina. En primer lugar por la enorme influencia del Brasil como principal economía de la región.
En segundo término porque el giro en la política exterior del gobierno de Temer -similar al del macrismo- a través del canciller Serra facilita y refuerza la ofensiva imperialista yanqui y europea en curso contra Venezuela y otros países en la región (como se ve en el Mercosur donde el nuevo régimen brasileño junto a Argentina y Paraguay se coluden para impedir la presidencia temporaria del gobierno chavista, confirmando la existencia de un plan continental promovido principalmente desde Washington y cuyo objetivo final es poner el «broche de oro» a su ofensiva regional volteando al gobierno bolivariano).
Y en tercer lugar porque, al igual que la derrota del kirchnerismo frente a Macri, vuelve a comprobar que las políticas caratuladas como «progresistas» o neodesarrollistas -opuestas al hegemonismo yanqui y a sus socios internos no desde un programa de protagonismo popular antiimperialista sino desde la alianza con otros sectores terratenientes y monopólicos y convirtiéndose en favorecedores e intermediarios de otros imperialismos como Rusia y China- no pueden fundar una perspectiva liberadora para nuestros pueblos.
Los ajustazos antipopulares y proimperialistas de la nueva hornada de gobiernos liberales en América Latina y el duro retroceso en las conquistas sociales obtenidas tras largas luchas por los pueblos de la región vuelven a comprobar una realidad conocida: sólo con una verdadera revolución encabezada por la clase obrera, los pueblos pueden destruir definitivamente las bases del poder económico, político y social de las minorías explotadoras, oligárquicas y proimperialistas que dominan el Estado.
