El Gobierno nacional liberó el pago de más de 18.500 millones de pesos a empresas productoras de gas -unos 250 millones de dólares al tipo de cambio oficial-, que se materializarán en las próximas semanas.
El gobierno retomó así, el pago de las compensaciones a las petroleras bajo el argumento de las “inversiones” que realizaron en el desarrollo de gas no convencional. Tecpetrol (del Grupo Techint) y CGC (Grupo Eurnekian) son las principales beneficiarias. Con la medida, el gobierno busca dar un espaldarazo al nuevo esquema de promoción del gas que define con la industria bajo la batuta de los monopolios (que ya no serian miserables).
Justo cuando las cuentas públicas crujen por la necesidad de redireccionar el gasto público hacia la contención social de la pandemia, el Ejecutivo vuelve a beneficiar a los monopolios petroleros que cerraron sus balances con exorbitantes ganancias. Parece que no podían esperar, ni ganar menos, cuando esas “inversiones” fueron recuperadas con creces.
El antecedente directo a esta medida es la resolución 735 del Enargas, publicada el 14 de noviembre del 2019 en el Boletín Oficial, donde se otorga el desembolso de 24.524 millones de pesos para las empresas productoras de gas como “compensación por el desfase producido por la mega-devaluación de 2018”. O sea, a 26 días de terminar el mandato de Mauricio Macri, en pleno ajuste fiscal y después del reperfilamiento de la deuda, les otorga este lindo regalito de despedida. Al parecer ahora, esto “se le escapó” al ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, a la hora de hacer las compensaciones.
La estructura energética dependiente la pagamos caro, por un lado por el chantaje de las empresas, y por otro lado porque si no se perfora se obliga a importar gas. Las empresas aprovechan la pandemia para chantajear en la búsqueda de mayores beneficios como el “barril criollo” a 45 dólares cuando en el mundo está a 30 dólares.
Ahora, técnicos del gobierno proyectan que si no se retoma la perforación de pozos de gas el invierno que viene pueden llegar a faltar entre 20 y 30 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/día) más de gas y habrá que importar más Gas Natural Licuado (LNG) que se paga en dólares que el país hoy no tiene (porque debe cumplir los compromisos con el FMI y demás acreedores de la Deuda entre otras cuestiones). Para cubrir la demanda de gas del invierno de este año ya se compraron 22 cargamentos que costarán unos 270 millones de dólares.
Dar confianza a los monopolios
Los monopolios le exigen al Estado que «mejores su reputación» y de confianza, cumpliendo con los compromisos tomados desde el 2008 en relación con los pagos de subsidios e incentivos que se pusieron en marcha ese año, como «Gas Plus», y que fueron cumplidos parcialmente. Con ese antecedente, las empresas sostienen que la primera variable que el Ejecutivo debe despejar es de confianza, ahora en los umbrales del Plan Gas 4 que el gobierno apuesta lanzar en agosto/septiembre de este año.
Estas empresas que guardaron silencio absoluto y fueron grandes ganadoras durante el Gobierno de Macri -quien incumplió las condiciones de pago de programas anteriores como el establecido por la resolución 46/20117- son las que exigen compromiso por parte del gobierno.
Al parecer encuentran «comprensión por parte del ejecutivo», que en los primeros días de junio comenzó a cancelar los pagos de compensaciones atrasadas a las empresas beneficiarias del esquema de promoción lanzado por el gobierno de Mauricio Macri durante el 2017.
Matriz dependiente
Las provincias alientan y apoyan estas medidas: la provincia de Neuquén tendrá un ingreso extra por regalías -el 12% del monto transferido a las empresas-, llegando en las próximas semanas a un total de 1.800 millones de pesos; la provincia de Santa Cruz cobrará unos 440 millones de pesos por el mismo concepto.
Como podemos ver, en el modelo dependiente y pro-monopolista las provincias en vez de acordar con el Estado nacional subsidios directos -para el desarrollo federal- están prendidas en el derrame de las regalías que les darán las empresas que reciben estos subsidios: es decir, el Estado favorece directamente a las petroleras y estas pagan regalías a las provincias, así funciona el modelo dependiente en ausencia total de un plan de energía soberano nacional y de las provincias.
Una vez más, estos sectores empresariales, parados arriba de la plataforma energética, vuelven a chantajear para que se les pague las compensaciones, mientras muchas de ellas se benefician a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para pagar salarios.
Estos monopolios extractivistas sin poner nada, en épocas de crisis y pandemia, reciben compensaciones millonarias mientras el pueblo sigue esperando por el llamado “impuesto a la riqueza” que duerme en el Congreso de la Nación.
La necesidad de poner en discusión un nuevo modelo de matriz energética, no fósil, no contaminante y no monopolista es fundamental para que el pueblo y la nación no sigan perdiendo en el modelo de dependencia.
