El miércoles 26 de junio de 2002, seis meses después del Argentinazo que terminó con el gobierno de La Alianza, el hambre arreciaba en el conurbano y el país. El gobierno de Eduardo Duhalde llevaba adelante una política que mediante una mega devaluación licuó las deudas de monopolios y terratenientes y recortó los salarios de los trabajadores. En este contexto, las organizaciones piqueteras, de gran protagonismo en las puebladas del interior y cortes de rutas salían a las calles.
Ese miércoles 26 de junio en el marco de una jornada de lucha nacional, las organizaciones de desocupados y piqueteras decidieron cortar el puente Pueyrredón. La represión en la estación Avellaneda –luego llamada por ley “Darío y Maxi”- se llevaría la vida de Kosteki y Santillán y se convertían en un símbolo de las luchas piqueteras contra el ajuste y el hambre.
En esa jornada, además de los asesinatos de Darío y Maxi, fueron heridos más de cuarenta manifestantes con bala de plomo, hubo cientos de detenidos, se golpeó y torturó en las comisarías.
No hubo exceso ¡Fue planificado!
Junto con esta impunidad, también se denunció que la causa judicial -que debería investigar las responsabilidades políticas- estuvo cajoneada durante años en el Juzgado de Ariel Lijo. Si bien se logró que se desarchive la causa, desde su inicio hubo cuatro fiscales y jamás avanzó un centímetro, según denunció la defensa. También constan en la causa un gran cantidad de pruebas, cruces de llamadas entre los involucrados y los detalles de la cadena de mandos de las fuerzas represivas que intervinieron, pero jamás fueron respondidas.
De acuerdo a todas las pruebas y testigos, quedó demostrado que cuando los policías dispararon con balas de plomo contra los cuerpos de Kosteki y Santillán, y de las personas que resultaron heridas, no lo hicieron por exceso de la fuerza represiva. Por el contrario, los familiares y organizaciones populares denunciamos que hubo un plan de represión por parte del Estado. Es decir que fue una masacre organizada, decidida por la cúpula del poder político de aquel momento y ejecutada por un operativo conjunto de las policías Federal y Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y los servicios de Inteligencia.
Esta complicidad y organización fue demostrada por la serie de reuniones que, durante las semanas previas a la masacre, mantuvieron miembros del gabinete con altos mandos de las fuerzas de seguridad, por los llamados con los servicios de inteligencia y también por las declaraciones hechas a los medios en esos días, en las que se acusaba a los mismos manifestantes por los hechos y se decía que la policía sólo había utilizado balas de goma y había sido agredida con palos y armas de fuego, aunque no incautaron ningún arma de los manifestantes.
La impunidad sigue
La lucha que encabezaron los familiares y las organizaciones sociales y políticas, acorraló al gobierno y la justicia logrando la condena al comisario Alfredo Fanchiotti y al cabo Alejandro Acosta, autores materiales de los asesinatos.
Pero, aún siguen vigentes las palabras de la hermana de Maxi, Vanina Kosteki en el acto del puente Pueyrredón en 2016, “los responsables políticos de aquella represión criminal, los que crearon el clima de provocaciones contra los movimientos piqueteros en los días previos, los que tomaron las decisiones e impartieron las órdenes, los que ordenaron la movilización de cuatro fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia, los que dieron carta blanca para disparar plomo contra manifestantes desarmados, los que escribieron el libreto para justificar la masacre, esos responsables continúan impunes hasta el día de hoy”.
Los familiares y las organizaciones donde militaban Maxi y Darío, han denunciado desde los asesinatos que la responsabilidad política es ineludible y tienen nombres y apellidos: Eduardo Duhalde y Juan José Álvarez, Felipe Solá y Aníbal Fernández entre otros.
Se buscaba dar una señal clara desde el gobierno para disciplinar a las organizaciones sociales para que no hubiera más cortes de rutas ni puentes.
Son conocidas las declaraciones del entonces Presidente y principal responsable político, Eduardo Duhalde, «a veces el Estado tiene que reprimir» a solo meses de las jornadas del 20 y 21 de diciembre del 2001 donde murieron 39 luchadores populares.
Ninguno de estos responsables políticos han pagado por los crímenes políticos. Algunos como Aníbal Fernández, que era Secretario General de la Presidencia, afirmaron que “nunca vio ni oyó nada”. Incluso a tres días después de la salvaje represión en el Puente Pueyrredón seguía sosteniendo que «los piqueteros se habían matado entre ellos» y hablaba de informes de la SIDE sobre las reuniones de las organizaciones sociales pero nunca aparecieron, ni cuando fue a declarar, explicó en qué consistían y dónde están esos archivos que nunca fueron desclasificados. Recordemos que También fue el que avaló a la policía cuando habían liberado la zona para el asesinato de Mariano Ferreyra.
Otros como Felipe Solá, hoy Canciller, a la vez que se pasó negando su responsabilidad, tuvo un acto de sinceridad en la sesión del Congreso respecto de la represión del 24 de octubre contra quienes manifestaban cuestionando la Ley de Presupuesto 2019. Esta vez Solá dijo la verdad, y esa verdad lo incrimina directamente en su responsabilidad en los hechos del Puente Pueyrredón: “Hay una directa relación entre la decisión política y la actitud policial. No existe esa idea de que bueno son policías que están en la calle y le pegan a cualquiera. ¡No es cierto! Se los digo después de haber sido seis años gobernador. La policía primero sabe cuáles son las órdenes, sabe como es la orden. Sabe cómo es el protocolo. Firma un protocolo, se lo digo por experiencia antes de salir”… “No disociemos la actuación policial de la decisión política porque eso no es así. No lo comprobé ideológicamente, lo comprobé trabajando”.
La lucha contra la impunidad sigue y los familiares, amigos, las organizaciones sociales y de DDHH son un claro ejemplo de ello. Desde el CR somos parte de esa lucha y no renunciamos ni escondemos nuestras posturas por más que en la táctica política durante el macrismo, fue necesario poner por delante la unidad para derrotarlo en las calles y en las urnas, a sabiendas que en el Frente de Todos había personajes que deberían estar juzgados por su responsabilidad política en la masacre del Puente Pueyrredón.
La impunidad no ha podido detener que los ejemplos de Maxi y Darío sigan alumbrando a nuevas generaciones de jóvenes que no se resignan en la lucha por un país sin hambre, con igualdad y soberanía.
Maxi y Darío ¡presentes!¡hasta la victoria siempre!
