¿Son hechos aislados, producto de algunas “manzanas podridas” dentro de la fuerza, en este caso de la policía de Tucumán? Claramente no, son los resabios transmitidos desde la dictadura en las fuerzas de seguridad. Son adoctrinamientos que se dan en las escuelas de capacitación, donde el desprecio por los pobres y aquellos que reclaman es una de los ejes de esa formación. En particular en la Provincia de Tucumán gobernada en la dictadura bajo el terror el chacal Domingo Bussi.
Con el macrismo la hipótesis de conflicto nacional dejó de ser por ejemplo la base militar inglesa en nuestras Malvinas, o los ejercicios militares de los EEUU y aliados en mar argentino, para pasar a ser las luchas populares, las comunidades mapuches y los inmigrantes que vienen huyendo de su país empujados por el hambre y la desocupación. Este cambio se radicalizó con Patricia Bullrich frente al Ministerio de Seguridad, manejando la Gendarmería Nacional y las fuerzas de seguridad provinciales, con cursos y adoctrinamientos del FBI de los EEUU. La “doctrina Chocobar” de mano dura fue una de las características de la política en cuanto a la seguridad del macrismo.
Pero estos contenidos y métodos se mantienen y atraviesan las fuerzas de seguridad y los gobiernos de manera horizontal, ya que no solo hay casos de represión en aquellos donde gobierna Juntos por el Cambio, sino también se da en gobiernos provinciales peronistas como es el caso de Tucumán.
No se pueden hacer los distraídos los gobiernos de las fuerzas de seguridad que tienen. No se puede echar la culpa a los que precedieron, porque en Tucumán se suceden gobiernos que son señalados por la corrupción y el cobijo a organizaciones de trata de personas y la prostitución como el gobierno de José Alperovich, (hoy senador suspendido por denuncias de violación) y sus vínculos con los grupos mafiosos de la trata y el narcotráfico que están detrás del secuestro de Marita Verón en abril del 2002 o el asesinato de Paulina Lebbos en febrero del 2006.
Es la misma policía que asesinó por gatillo fácil a Miguel Reyes en 2016 y a Facundo Ferreira en 2018, encubiertos por el hoy gobernador Juan Manzur. La misma policía que hoy secuestra y asesina a Luis Espinoza. Por eso no se trata de “manzanas podridas”, se trata de una institución podrida desde su cabeza para abajo y eso el gobierno de Manzur lo sabe y es el principal responsable de esta impunidad y el libre accionar policial.
La misma política antidemocrática y represiva se da en varias provincias, donde los responsables de los gatillos fácil, robos, y apremios en las comisarías y cárceles, siguen en funciones y la justicia garantiza esa impunidad. En Provincia de Bs.As. Axel Kicillof puso al frente del Ministerio de Seguridad a Sergio Berni que reivindica la mano dura, las pistolas taser y la represión a los piquetes.
La secretaria de DDHH nacional, debe no solo solidarizarse con las victimas como lo ha hecho con los familiares de Espinoza en el caso de Tucumán, sino también y fundamentalmente debe ser promotor de la lucha junto con las organizaciones populares y de DDHH para que haya juicio y castigo por Luis Espinoza y promover un profundo debate sobre el rol del estado y sus fuerzas de seguridad.
