Con apremios ilegales y numerosas irregularidades en la investigaci\u00f3n del hecho, el 17 de junio comenz\u00f3 el juicio oral en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, contra los trabajadores acusados por la muerte de un polic\u00eda. La causa, sin testigos directos, se basa en declaraciones armadas hechas bajo tortura policial. <\/p>\n
Corr\u00eda el 2006 cuando en medio de una huelga de los petroleros de Las Heras, que ven\u00edan en lucha desde hac\u00eda m\u00e1s de un a\u00f1o, se desataba una revuelta popular como consecuencia de una orden judicial librada para detener al vocero del sector sindical disidente, Mario Navarro. Tras ella, comenzaba la represi\u00f3n. En la pueblada ca\u00eda herido de bala el polic\u00eda Jorge Sayago, que fallec\u00eda al poco tiempo.<\/p>\n
Desde el verano de 2005 los petroleros hab\u00edan salido a la ruta a reclamar contra el impuesto al salario, y para que los tercerizados encuadrados en convenios de la UOCRA fueran reconocidos como empleados petroleros, combatiendo la precarizaci\u00f3n laboral. En aqu\u00e9l momento, los desocupados tambi\u00e9n exig\u00edan en la ruta el cumplimiento de la promesa de Repsol-YPF de otorgar 149 puestos de trabajo. <\/p>\n
Frente a la muerte del polic\u00eda, r\u00e1pidamente, el gobierno provincial recib\u00eda el apoyo del gobierno nacional, y a los pocos d\u00edas, con el aporte de servicios de inteligencia, la polic\u00eda santacruce\u00f1a y la Gendarmer\u00eda Nacional desplegaba un operativo con centenares de efectivos en la ciudad. Se allanaban casas, y vecinos y trabajadores eran apaleados y torturados, obligados a firmar declaraciones falsas. Comenzaban las detenciones masivas y arbitrarias de numerosos manifestantes. As\u00ed, se buscaba de forma impune un responsable de aquella muerte: un chivo expiatorio y un acto jur\u00eddico ejemplificador para qui\u00e9nes enfrentan de forma organizada, en la calle, las condiciones de trabajo impuestas.<\/p>\n
De los numerosos detenidos en aqu\u00e9l momento, seis permanecieron tres a\u00f1os presos sin juicio ni condena: Dar\u00edo V\u00edctor Catrihuala, Juan Pablo Bilbao, Ram\u00f3n Inocencio Cort\u00e9z, Alexis P\u00e9rez, Jos\u00e9 Rosales y Humberto Hugo Gonz\u00e1lez, acusados de coacci\u00f3n agravada en concurso real con homicidio calificado. Ahora, pueden ser condenados a prisi\u00f3n perpetua.<\/p>\n
Entre los detenidos hab\u00eda trabajadores petroleros, municipales y desocupados. Muchos hicieron denuncias por apremios y torturas, que conforman causas paralelas.<\/p>\n
El fiscal de C\u00e1mara que iba a participar del debate oral fue reemplazado por el fiscal de primera instancia, tras pedir tres veces la anulaci\u00f3n del requerimiento de elevaci\u00f3n a juicio porque consideraba inadmisibles las acusaciones. <\/p>\n
Durante las recientes jornadas de juicio oral -no p\u00fablico porque no se permiti\u00f3 el ingreso de la gente- se cuestionaron las irregularidades en la investigaci\u00f3n, as\u00ed como tambi\u00e9n la propia elevaci\u00f3n a juicio, y la denegaci\u00f3n respecto de las declaraciones de los testigos.<\/p>\n
Los integrantes del Comit\u00e9 de apoyo por la absoluci\u00f3n de los petroleros de Las Heras denuncian que cuando los testigos declaran en las audiencias, y relatan frente a los jueces c\u00f3mo fueron torturados en 2006, son advertidos de que pueden quedar detenidos para que \u201crecapaciten\u201d, y piensen c\u00f3mo van a continuar su testimonio. Les dicen que los van a acusar por el delito de \u201cfalso testimonio\u201d, los presionan amenaz\u00e1ndolos con encerrarlos 48 horas para que \u201crecuerden lo que pas\u00f3\u201d.<\/p>\n
\u00c9sta es la \u201cdemocratizaci\u00f3n\u201d de la Justicia en la provincia de la presidenta. No se juzga un hecho delictivo. El Estado juzga la lucha popular. Y la intenta aplastar con la criminalizaci\u00f3n que multiplica esta amenaza al conjunto de los trabajadores. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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