El Secretario General de la CTA Aut\u00f3noma de Tierra del Fuego y del gremio docente SUTEF, Horacio Catena, acompa\u00f1ado por la Secretaria de Prensa Florencia Villarreal, realiz\u00f3 una exposici\u00f3n en la 167\u00b0 Audiencia de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos de la ONU, realizada el 29 de febrero en Bogot\u00e1, Colombia. Fue en el marco de la Audiencia sobre la Protesta Social en Argentina, convocada por el organismo ante la informaci\u00f3n recibida sobre las protestas del \u00faltimo a\u00f1o y la respuesta represiva del Estado, sobre todo en el caso del tratamiento de la reforma previsional. Junto con el SUTEF, en la audiencia expusieron representantes del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educaci\u00f3n de Buenos Aires (SUTEBA), del movimiento feminista y del CELS.<\/p>\n
En su intervenci\u00f3n, Catena sostuvo que \u201cel Estado criminaliza la Protesta Social priorizando la herramienta penal para el tratamiento de los conflictos sociales\u201d. A continuaci\u00f3n, relat\u00f3 el caso de la provincia de Tierra del Fuego, en donde \u201cel sindicato docente y otros gremios estatales, sufrimos una persecuci\u00f3n pol\u00edtica y penal desde hace a\u00f1os, con participaci\u00f3n activa de la justicia penal. Adem\u00e1s de las irregulares condenas de 2015 por la participaci\u00f3n en una protesta social frente a la gobernaci\u00f3n, distintos dirigentes sindicales hemos sido v\u00edctimas de los juzgados penales de instrucci\u00f3n, con violentos allanamientos a la madrugada y \u00f3rdenes de incomunicaci\u00f3n, en la investigaci\u00f3n de delitos como el de resistencia y atentado a la autoridad. Bajo amenaza de prisi\u00f3n preventiva, el Juez penal nos impuso \u2018reglas de conducta\u2019 que buscan coartar nuestra participaci\u00f3n en manifestaciones y del ejercicio de nuestra tarea como dirigentes.\u201d<\/p>\n
Seg\u00fan denunci\u00f3 el dirigente docente hoy exonerado, la criminalizaci\u00f3n de la protesta ha sido acompa\u00f1ado tambi\u00e9n con \u201cun avance a nivel administrativo para lograr la exoneraci\u00f3n de los dirigentes involucrados y as\u00ed debilitar las organizaciones de trabajadoras y trabajadores. Este ha sido el caso de, por ejemplo, los dirigentes sindicales de ATE de la provincia de R\u00edo Negro que, mientras suman una serie de imputaciones por liderar protestas de las y los trabajadores estatales, sus empleadores impulsan procesos para levantar su protecci\u00f3n sindical, exonerarlos de sus cargos y as\u00ed debilitar a los sindicatos. Lo propio ocurre en nuestro caso, en Tierra del Fuego el a\u00f1o pasado el Superior Tribunal de Justicia provincial dio luz verde para que se me levante mi protecci\u00f3n como dirigente sindical y la gobernadora proceda a mi exoneraci\u00f3n y la de 16 docentes, intentando amedrentar a la docencia, sin haber llegado a la resoluci\u00f3n de fondo, sin condena firme y con el juicio prescripto.\u201d<\/p>\n
Tambi\u00e9n Catena hizo referencia a la represi\u00f3n en la industria azucarera del norte argentino: \u201cEn el caso de la represi\u00f3n a las y los trabajadores del Ingenio La Esperanza de Jujuy, la intervenci\u00f3n de la Justicia, impulsada por el gobierno provincial, da cuenta de la intenci\u00f3n de criminalizar la protesta. Luego del violento desalojo del corte de ruta la Justicia provincial orden\u00f3 la detenci\u00f3n de toda la Comisi\u00f3n Directiva del sindicato y sus asesores legales, por los delitos de da\u00f1os, lesiones, resistencia a la autoridad y entorpecimiento del normal funcionamiento de los servicios p\u00fablicos. \u2018Son unos delincuentes\u2019, afirm\u00f3 el gobernador Gerardo Morales en una conferencia de prensa.<\/p>\n
\u00c9ste no es un caso aislado en la industria azucarera del norte del pa\u00eds. Las y los dirigentes sindicales de los ingenios La Esperanza y Ledesma en Jujuy, y los ingenios el Tabacal y San Isidro en Salta, tambi\u00e9n han sido todos objeto de persecuci\u00f3n y criminalizaci\u00f3n como respuesta a la organizaci\u00f3n y movilizaci\u00f3n sindical. Todas y todos ellos suman causas por delitos de usurpaci\u00f3n, coacci\u00f3n, resistencia, etc.\u201d<\/p>\n
Por \u00faltimo, afirm\u00f3: \u201cSe destaca un preocupante alineamiento entre los poderes ejecutivos, judicial y los ministerios p\u00fablicos a nivel federal y provincial, para impulsar la aplicaci\u00f3n de figuras como intimidaci\u00f3n p\u00fablica, atentado y resistencia a la autoridad, sedici\u00f3n o corte de rutas o calles, todas ellas con la clara intenci\u00f3n de criminalizar y desactivar los conflictos y los reclamos sociales.\u201d<\/p>\n
Las dem\u00e1s exposiciones hicieron eje en el enfoque represivo que caracteriza la respuesta estatal a la protesta y que involucr\u00f3 cacer\u00edas policiales, la utilizaci\u00f3n de agentes sin identificaci\u00f3n, el ataque a trabajadores de prensa, el uso abusivo de la fuerza y la criminalizaci\u00f3n de manifestantes y referentes sociales y sindicales. La delegaci\u00f3n del Estado argentino, encabezada por la ministra Gabriela Quinteros, Directora General de Derechos Humanos, respondi\u00f3 a las acusaciones apelando a planteos generales sobre las \u201cmanifestaciones violentas\u201d y defendiendo el accionar de las fuerzas represivas. Sobre el caso espec\u00edfico de Tierra del Fuego no hubo ninguna respuesta.<\/p>\n
La presentaci\u00f3n de las \u201corganizaciones de la sociedad civil\u201d finaliz\u00f3 exigiendo al Estado, entre otros puntos, que \u201crespete los espacios ya establecidos legalmente para la resoluci\u00f3n de las demandas que originan las protestas sociales y cese toda acci\u00f3n de amedrentamiento y deslegitimaci\u00f3n de las organizaciones sociales y sus dirigentes\u201d.<\/p>\n