Que la deuda la paguen los que la fugaron

En su discurso ante el Congreso de la Nación, el Presidente Alberto Fernández salió con los tapones de punta con anuncios en la dirección correcta, como querellar de manera criminal a los responsables del endeudamiento con el FMI del gobierno de Juntos por el Cambio y avanzar sobre la reforma judicial, cuestionando a la Corte Suprema y fiscales como Stornelli, estandarte de la oposición.

También anunció otras medidas positivas en lo económico y social, como la desdolarización de las tarifas de los servicios públicos. Si bien anunció el fin del congelamiento de tarifas con un nuevo paquete de aumentos en los servicios de comunicaciones.

De esta manera, el gobierno retoma la iniciativa después del golpe político por el “vacunatorio VIP” y aprovecha la aberración de la oposición con las bolsas mortuorias en la vereda de la Casa Rosada.

La descripción por parte del Presidente de las acciones de gobierno del Frente de Todos en el año que pasó, desnuda la política neoliberal de Juntos por el Cambio que sumergió en la pobreza y el hambre al pueblo y endeudó al país por generaciones. El macrismo destruyó el sistema de salud pública, rebajó a secretaría el Ministerio y destruyó decenas de programas que estaban destinados al pueblo.

Pero el desafío más claro quedó marcado alrededor de la Deuda Externa contraída por el macrismo y la reforma judicial. Esto descolocó a la oposición que salió a denigrar el discurso del presidente.

Claramente Alberto inaugura un año electoral y un nuevo período político de gran confrontación con una oposición liderada por los sectores que buscan parecerse a Bolsonaro y a Trump.

Deuda: las estafas no se renegocian, que la paguen los que la fugaron

“Se trata de un endeudamiento singular por los montos y por los plazos de Repago (…) A una Argentina en absoluto default, el Fondo Monetario Internacional le adjudicó un préstamo de 55.000 millones de dólares. De esa cifra se desembolsaron 44.000 millones de dólares que solo sirvieron para facilitar la salida del mercado financiero argentino de capitales especulativos con la absoluta anuencia de las autoridades de entonces. Ese monto adeudado, según lo acordado por el gobierno que nos precedió, debe ser pagado en cuatro años. Este año, la deuda a pagar es de 3.826 millones de dólares. En 2022 esa cifra aumenta a 18.092 millones de dólares. El año subsiguiente el monto asciende a 19.186 millones de dólares. Recién en 2024 el pago de la deuda se cancela abonando 4.921 millones de dólares”, sostuvo Alberto Fernández.

“Endeudar al país de ese modo, permitir que los recursos que ingresaron solo hayan posibilitado la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra y que la toma de semejante crédito haya sido resuelta entre gallos y media noche, sin intervenciones jurídicas y técnicas previas, con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso Nacional, no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado”, concluyó. Afirmando: “”Por eso, he instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra””.

Sin lugar a dudas estas verdades sonaron como un estruendo en el recinto del Congreso y agarraron mal parada a la oposición que sólo atinó a murmurar su odio en voz alta.

Estas verdades descriptas por el Presidente desnudan una de las páginas más dantescas y descaradas que se recuerde en el país y el mundo en cuanto a deuda se refiere.

La misma noche después del discurso presidencial, desde las cloacas de Clarín y La Nación estimularon un cacerolazo contra las palabras vertidas por Fernández. Esta medida anunciada coincide en la dirección que viene denunciando la “Autoconvocatoria por la suspensión e investigación de la Deuda” encabezada por Pérez Esquivel y Nora Cortiñas. Pero hay que decir que para que surta efecto práctico y coherencia, debe ir indefectiblemente acompañada por la suspensión de los pagos de una deuda que está señalada por el propio presidente como criminal.

El anuncio del Presidente abre la perspectiva de juzgar criminalmente a los responsables, pero sería sólo un instrumento para “mejorar la renegociación con el FMI” si no se suspenden los pagos de esa deuda fraudulenta y de malversación de caudales públicos. ¡Ahora hay que ir a fondo con el pueblo movilizado! No se puede renegociar una estafa.

La Constitución Nacional tiene en la “Consulta Popular” un instrumento legítimo para hacer protagonista al pueblo en temas cruciales como el de la Deuda. Esta iniciativa es apta para saber si la voluntad popular es suspender los pagos de la deuda mientras se investiga la denuncia de malversación de fondos presentada por el Presidente.

La reforma judicial

(…) parecen vivir en las márgenes del sistema republicano”” sostuvo Alberto.

Y exhortó a la Cámara de Diputados a que avance en el tratamiento de la reforma judicial, que ya tuvo media sanción en el Senado, pero en la Cámara baja encontró una gran resistencia de la oposición y de algunos sectores del oficialismo.

También avanzó sobre la descripción de cómo desde la justicia se persiguió a los opositores durante el macrismo y de cómo se armaban causas con fiscales procesados (Stornelli) y que aún gozan de la impunidad manteniendo su cargo.

En eel discurso se refirió a los juicios por jurados y la creación de una comisión bicameral para controlar a los jueces. Sin lugar a dudas el pueblo debe ser protagonista en la labor de transparentar la justicia con elección de jueces y fiscales que investigan y no dejen libres a femicidas y narcotraficantes.

La oposición ya se expresó en los medios afines planteando que Alberto cede al kirchnerismo y se quiere llevar puesta la Constitución Nacional. “No pasarán” bramaron desesperadamente desde JxC en una reciente conferencia de prensa.

La pandemia y las vacunas

En cuanto al vacunatorio VIP sostuvo una tibia autocrítica:“Ningún gobierno de la tierra puede arrogarse el privilegio de no cometer errores, pero todo gobierno sensible tiene la obligación de corregir esos errores para desterrar cualquier indicio de privilegio o falta de solidaridad”.

Como sostuvimos en nuestro comunicado “En la medida que no haya control popular sobre las medidas que lleva adelante el Estado, estos hechos se volverán a repetir una y otra vez, porque la estructura desigual, patriarcal y antidemocrática no ha cambiado y es desde donde se sirven lxs políticxs, periodistas o empresarios inescrupulosos para gozar de impunidad.

Son tiempos donde el pueblo viene haciendo grandes sacrificios, y donde el sector más vulnerable está en la incertidumbre hasta recibir la vacuna” (https://vamosporlaliberacion.org/crpmlm/vacunatorio-vip-en-el-ministerio-de-salud/).

La batalla por delante es garantizar millones de vacunas para vacunar en el menor tiempo posible a todo el pueblo y así enfrentar de la mejor manera posible la segunda oleada que llegará con el otoño/invierno. Esta es la garantía, y no los avances temerarios de gobiernos como en CABA y provinciales que introducen el comienzo de las clases como parte de la campaña electoral para mostrar la “normalidad” poniendo en riesgo a lxs docentes y demás personal escolar, así como a las propias familias.

(Ver nota “la pandemia de la dependencia”)

El rumbo de la economía

Fueron pocos los anuncios para delante en materia económica. Alberto puso énfasis en la creación del Consejo Económico y Social (opacado por el escándalo del “vacunatorio VIP”), pero más allá de los actores conocidos como su cabeza, Gustavo Beliz (sin indicios de lo popular en su historial político, más bien lo contrario), los 30 miembros que lo componen entre empresarios, sindicalistas y asesores nacionales e internacionales expresan un “variopinto” entre dirigentes populares y otros vinculados a multinacionales y organismos internacionales. Como dato de importancia, en la lista de miembros no figuran las principales cabezas del empresariado y del sector agrario.

La dureza de Alberto Fernández en su discurso también tiene un origen en relación a esta ausencia y boicot por parte de sectores que controlan los resortes claves del poder económico y político del país. A las reuniones previas al lanzamiento del CES, los principales monopolios industriales y exportadores, formadores de precios, no concurrieron o mandaron a sus Ceos.

La pulseara con los sectores monopólicos concentrados no pasa por el rumbo de la economía o su carácter estructural, ya que el propio Alberto por más que en su discurso habló de la crisis climática y que “el desarrollo será verde o no será”, se encargó de ratificar el rumbo agro-exportador extractivista (con mayor derrame hacia los sectores populares), productor de materia prima contaminante, ratificando el decreto sobre la Hidrovía que concede la explotación a los actuales monopolios agroexportadores y anunció la promoción de la industria hidrocarburífera (Vaca Muerta) mediante una ley que enviará al Congreso.

La pulseada con los sectores monopólicos pasa por la disparada de los precios de los artículos de primera necesidad y medicamentos, vinculado directamente a los grandes productores y exportadores. La respuesta del gobierno al constante desabastecimiento y su incontrolable carrera “remarcadora” de los precios de primera necesidad, fue que desde la Secretaría de Comercio Interior se  imputó a  grandes empresas por «retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización». Las imputaciones recayeron sobre las compañías, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian.

El titular de la  Coordinadora de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, se sintió perseguido y nuevamente marcó un eje político en defensa de la república, aduciendo de hecho haber sido violado sus derechos “¿apropiarse de la producción o decirme cuánto tengo que producir?”, y agregó “(…) ahora nos dicen que tenemos que producir a full, que hay que incrementar la producción ‘hasta el más alto grado de su capacidad instalada’. ¿Y esto de dónde sale? de la Ley de Abastecimiento, que es absolutamente inconstitucional”.

Los precios disparan la inflación en medio que los gremios están discutiendo la paritaria, por eso esta es una de las pulseadas de gran importancia política del periodo actual.

Todavía el INDEC no dio los datos de febrero, pero el aumento de los precios para el mes de enero fue de 4,2%, (recordemos que la proyección del gobierno en el presupuesto 2021 es de 29%) A este ritmo se supera ampliamente.

El acuerdo con las empresas petroleras y transportadoras de liberar el ajuste de la tarifa de la nafta, llevó a que en el mes de enero haya habido dos aumentos y ahora se anunciaron dos aumentos más. De poco sirve el control de precios, si por otro lado se libera el aumento de los combustibles que afecta a toda la cadena de producción y comercialización. También se autorizó aumento de los servicios de comunicación, teléfono, internet y derivados. Las prepagas aumentaron un 5%. Los alquileres, aún con el congelamiento vigente, aumentaron entre un 35 y un 55% por encima de la inflación. Ahora acaba de anunciar que se termina el “congelamiento de alquileres”. En el mismo sentido de pesificar las tarifas de servicios públicos, se tendría que aplicar para las viviendas y la tierra.

En el rubro alimentos la carne vacuna fue el producto que más aumentó, sólo en diciembre fue del 19,9% y 74% durante 2020. Más del doble que la inflación, mientras que el consumo medio tuvo el registro más bajo de los últimos 50 años. Los sectores exportadores, beneficiados al máximo porque China pasó a comprar los principales cortes, no sólo trasladan esos precios al consumo interno, sino que también lo utilizan para desestabilizar.

Frente a este fenómeno, el gobierno dispuso un acuerdo con exportadores y grandes cadenas de supermercados (no abarcando a las carnicerías de barrio) para que una serie de cortes tengan precios anteriores a diciembre con un 30% de rebaja, pero los controles son laxos y en algunas cadenas no se cumplen y la calidad es tan mala que ni los chinos se la llevarían.

Ahora, el gobierno nacional acordó hoy con la Mesa de Enlace hacer una revisión sobre la cadena de producción y comercialización agroindustrial para determinar los costos e incidencias en el precio final de los alimentos de los diferentes eslabones, sin apelar al aumento de las retenciones o establecer cupos de exportación, como se ve el “tire y afloje” es constante y el diálogo persiste en la medida que no se avance sobre las mega ganancias de los sectores agro exportadores. Un chantaje que retrasa medidas económicas como el aumento de las retenciones segmentadas sobre los grandes exportadores en un período record de precio de la soja.

Sobre los cupos de exportación el presidente le había advertido a la dirección de la UIA que busca el diálogo para consensuar la medida, pero si no lo aplicará de hecho. A decir verdad, por un lado esta es una necesidad que hace al financiamiento de la economía a corto plazo y por otro, cuenta con el aval del 48% del pueblo que votó romper con el neoliberalismo para avanzar sobre el consorcio de entidades y monopolios que recaudan por exportaciones y por contrabando, la fugan y especulan. Conspiradores que nada les importa las necesidades de las mayorías como muestran constantemente con la especulación con los granos y la rendición de divisas.

Las palabras de Alberto Fernández contra los que la fugaron con la Deuda, contra una justicia corrupta o la pesificación de las tarifas de los servicios, así como la llegada de más de 4 millones de vacunas contra el Covid-19, estimulan y cohesionan al pueblo, pero la contracara de quienes quieren un país para un puñado, no puede ser un país para todos. En ese esquema siempre los poderosos se imponen, ya que manejan los resortes de la economía.

La pandemia dejó en evidencia que el tiempo debe ser el del pueblo y los intereses del país. Para eso hacen falta medidas que marquen claramente un cambio de rumbo en lo económico y lo político. Para eso es sumamente necesario aprovechar cada medida positiva y sumar fuerzas para trabajar en esa dirección sin dale ventaja al neoliberalismo que concentra el poder en el país.

Marcha contra la megaminería en Rawson, Chubut.

Es necesario la unidad del campo popular que tracciones y garantice con el pueblo en las calles la marcha hacia un rumbo popular. Como enseña el pueblo de Chubut contra la megaminería, que otra vez marcó la cancha haciendo retroceder a Arcioni y los monopolios extractivistas. Como muestran lxs docentes en Tierra del Fuego, Mendoza, Misiones y demás provincias que salieron a la lucha, como muestran los obreros de la carne contra los despidos o los aceiteros y desmontadores que enfrentan a los monopolios agroexportadores.

últimas noticias