El médico José Gijena y la médica Cecilia Ousset, que le practicaran una microcesárea a Lucía, fueron acusados de “homicidio calificado”. Ocurrió luego de que falleciera la neonata producto de la violación a Lucía, tras agonizar algo más de una semana en Tucumán. Lucía, la niña de 11 años embarazada tras ser violada por el novio de su abuela, había esperado ¡un mes! para que le practiquen la Interrupción Legal del Embarazo. El sistema público de salud y el gobierno de la provincia maniobraron para dilatar el procedimiento, contemplado en el Código Penal y reafirmado por el fallo FAL de la Corte Suprema. “Pusimos fin a su tortura”, expresaron en su Facebook los médicos, que son representados legalmente por Andhes y Cladem.
La acusación por parte de sectores “Pro Vida” busca, obviamente, amedrentar a los profesionales dispuestos a atender estos casos. Pero, al menos con José y Cecilia, no lo lograron. En cambio, han respondido públicamente en una carta titulada: “Nos usan para tapar lo que pasa en Tucumán” (publicada por La Garganta Poderosa).
En su carta insisten: “No se detengan en nosotros dos, analicen lo que realmente pasa en Tucumán: vivimos por fuera del Estado de Derecho en una provincia que no adhiere ni implementa las leyes de Educación Sexual y Reproductiva”. Señalan la vulnerabilidad que sufren muchas niñas “desamparadas por ese mismo Estado que sólo brilla en campaña y se ausenta en derechos”. Mencionaron, como muestra de esto, que los llamó la ministra de Salud provincial, Rossana Chahla, “para ofrecernos ayuda”, pero que “bajáramos el perfil, que no hablemos tanto en los medios”. “Son niñas, no madres”, concluyeron en su carta.
