“Los gobiernos son democráticos cuándo mejoran la vida de los pueblos. Cuando la suma de votos sirve para hacerle una declaración de guerra, se convierte en una tiranía.” (Madres de Plaza de Mayo)”
El presidente electo describe y exagera la realidad que venimos viviendo, para achacarle al gobierno saliente los costos de su plan económico acordado con los bancos y monopolios, que nos lleva a la hiperinflación.
En vez de reforzar o mejorar los controles en toda la cadena de producción de alimentos, bienes y servicios, libera los precios y elimina los programas que lo controlan (en nombre de que no funcionan) y libera el mercado de cambio habilitando una mega devaluación y dando libertad a los aumentos en la salud, energía y otros servicios, constituyendo el primer elemento de una situación de hiperinflación.
Junto con esto se configura una recesión porque los salarios son golpeados por esos aumentos y devaluación, pero no se actualizan, mientras comienza la ola de despidos en la construcción, administración pública, electrónica y automotriz. Las empresas que vienen facturando de manera obsena en estos años, ahora están habilitadas a reforzar sus ganancias con mayor producción pero con menos trabajadorxs. Mientras a la pequeña y mediana industria se le van a cortar los créditos y aumentar los insumos importados que se pagan en dólares.
Así, el gobierno blanquea antes de asumir, que los ganadores absolutos son los bancos, monopolios y exportadores mientras aprovecha el consenso del 55% que lo votó para “sincerar” el ajuste brutal que llevará adelante con medidas que ya anunció y otras que incluirá en su plan de ajuste como:
Fin de la secretaría de comercio. Fin del programa “precios justos”. Fin del fideicomiso del aceite y del trigo. Fin de los cupos de maíz, trigo y carne. Desregulaciones de combustibles y las tarifas de luz, gas, agua y telecomunicaciones. Derogación de la ley de alquileres. Devolución del IVA (vence 31/12).
El nuevo ejecutivo ya solicitó cesión extraordinaria en el Congreso inmediatamente luego de la asunción presidencial para tratar un paquete de leyes que incluirá además proyectos de derogaciones y nuevas leyes para avanzar en la “reforma del Estado” donde se pretende iniciar con el desguace y privatización de las empresas públicas de energía, comunicación y otros servicios públicos estatales.
El consenso de las clases dominantes habilita al nuevo gobierno para avanzar con “decretos de necesidad y urgencia” si estas leyes no salen, aunque los decretos tienen sus limitaciones constitucionales.
El acuerdo con el FMI entrará en una nueva etapa, pero ya no necesitaría pasar por el Congreso. La reducción de ministerios, si bien tiene un sustento económico, conlleva la carga ideológica de aquellos sectores que pregonan lo privado por sobre lo público estatal como la salud, educación, desarrollo social, género o trabajo, donde se reduce el presupuesto, se desarman programas y despide personal, en aras de “ganar la batalla cultural” sobre los nidos de ñoquis.
Las provincias ya empiezan a recortar los gastos luego de que Milei les dijera que reduce las partidas presupuestarias coparticipables. Los que ya han empezado son los gobiernos en manos de Juntos x el Cambio quienes ya lanzaron las jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios y no renovación de contratos.
También está en los planes del ejecutivo nacional el desguace del PAMI dándoles el control a las provincias, tirándoles el “cebo” del manejo de esas cajas, pero llevándolas a la quiebra donde pagarán los jubilados y pensionados más temprano que tarde, mientras se habilita a las AFJP para que compitan con el sistema de reparto “desregulado” y se avanza con poner el Fondo de Garantía de Sustentabilidad como garantía para nuevos endeudamientos.
En esta situación, las provincias no tardarán en arder por los despidos y crisis económica. Historia conocida en nuestro país marcando el ritmo de una verdadera catástrofe social donde la motosierra empieza a cortar las cabezas de los sectores populares. La represión es un departamento vital para hacer avanzar estas políticas que rechazarán gran parte de ese 55% que los votó junto al resto de los sectores populares que no lo hizo.
Para ello pretenden cercenar las libertades democráticas apelando a la criminalización de la protesta social so pretexto de que no dejaran gobernar. Como así también buscarán cerrar causas a represores genocidas para satisfacer a los sectores procesistas de las FFAA y mantendrán la impunidad a los militares y fuerzas de seguridad responsables de represión y asesinatos como acaba de ocurrir en la causa por el asesinato de Rafael Nahuel donde solo se dio cinco años de cárcel a los prefectos responsables del asesinato por la espalda del joven mapuche.
Frente a esta realidad, darle tiempo es criminal
Los sectores populares deben empezar a coordinar acciones y encuentros para ir dándole forma a la resistencia. Una resistencia que deberá ser amplia porque vienen por todo pero a la vez muy clara en cuanto al programa, ya que deberá contener la necesaria solidez en cuanto al rumbo y los objetivos que debe emprender para no volver a cometer los mismos errores que nos trajeron hasta aquí con la ultraderecha gobernando el país.
Una resistencia y rumbo soberano encabezado por los sectores populares, democráticos, antiimperialistas y revolucionarios dirigiendo a otros sectores y clases sociales que enfrentan al neoliberalismo neofascista.
