La declaró insconstitucional dando lugar al amparo presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la diputada nacional Gabriela Cerruti (FDT). Un fallo contra los negocios de Larreta con tierras públicas porteñas.
El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario 16 de la Ciudad, Leonardo Furchi, declaró este martes la inconstitucionalidad de la ley que autorizaba la venta del predio de Costa Salguero, aprobada en la Legislatura Porteña en diciembre de 2019. El proyecto impulsado desde Vamos Juntos es resistido por organizaciones sociales, políticas, ambientalistas y académicas, y por amplios sectores de la sociedad, por tratarse de la privatización de tierras públicas ribereñas para negocios inmobiliarios.
El fallo declaró «la inconstitucionalidad de la Ley 6.289 por ser contraria a los artículos 63, 89 incisos 4 y 6, y 90 de la Constitución de la Ciudad». Específicamente, la ley debería atenerse a la convocatoria de audiencias públicas, establecido por el artículo 63, puesto que es obligatorio para “modificaciones de uso o dominio de bienes públicos”. Asimismo, debería ejecutarse el tratamiento de leyes “de doble lectura” debido a que se trata de una iniciativa del Ejecutivo para desafectar inmuebles de dominio público, mecanismos legislativos establecidos por los artículos 89 y 90.
La resolución del juez hizo lugar al amparo presentado en enero de 2020 por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) y la diputada nacional del Frente de Todos Gabriela Cerruti, contra el Gobierno porteño. La medida presentada hace objeciones sobre la forma y el contenido de la ley que permitía a Rodríguez Larreta vender las tierras públicas donde funcionaba el complejo de Costa Salguero y Punta Carrasco tras el vencimiento de su concesión. El fallo resuelve sobre la forma, ya que se aprobó mediante un solo debate legislativo cuando debería hacerse por doble lectura y garantizando la realización de la audiencia pública. En octubre de 2020 la Justicia ya había dado argumentos sobre este mecanismo al dictar una medida cautelar que ordenó al Gobierno porteño no avanzar en el cambio de titularidad de los terrenos en cuestión hasta que se expida sobre su constitucionalidad, lo que finalmente sucedió ahora.
La lucha colectiva ejerció una presión que se expresa en este fallo y por lo tanto genera mejores condiciones para avanzar en un rumbo popular hacia la creación de un parque público, garantizando el acceso libre al Río de la Plata y el derecho a un ambiente saludable. Es decir, la lucha avanza en la cuestión de fondo de no privatizar la Costanera Norte, cuestión planteada en el amparo y especialmente en la audiencia pública del proyecto de ley para el cambio de normativa urbana que también impulsó Vamos Juntos y sus aliados, buscando que en el predio que intentaba vender, se puedan construir emprendimientos inmobiliarios. Más de 7.000 inscriptos convirtieron esta audiencia pública en la más masiva en la historia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante las 31 jornadas donde expusieron 2058 participantes, el 98% rechazó la venta del predio y su entrega a la especulación inmobiliaria para construir torres de lujo, mientras que sólo 55 expositores defendieron la venta, 34 de los cuales son funcionarios del Gobierno de la Ciudad. El rechazo al intento privatista del PRO y sus aliados se sintió fuerte en las calles, las redes sociales y a través de la contundente mayoría de las intervenciones de la audiencia, exigiendo el archivo del proyecto del oficialismo y proponiendo esas tierras públicas -concesionadas durante 30 años para el usufructo privado- para la creación de un parque público ribereño de escala metropolitana.
La ley para vender la Costanera Norte se enmarca en el modelo de extractivismo urbano que impulsan los sectores políticos expresados en el Gobierno Porteño, entregando tierras públicas a la especulación inmobiliaria, y fortaleciendo el modelo de una “ciudad para los que puedan pagarla” que expulsa a las mayorías populares. El proyecto de ley sobre la venta -ahora declarado inconstitucional- fue presentado a la Legislatura la mañana del 5 de diciembre de 2019 y en 12 horas ya estaba aprobado en el recinto, sin que los legisladores tuvieran oportunidad de leerlo siquiera. Cinco días después, asumían las nuevas bancas y sus votos cambiaban. Este fallo es un freno al atropello constante de Rodríguez Larreta a la Constitución de la Ciudad y los mecanismos legislativos y de participación ciudadana establecidos. Ahora bien, para el proyecto de cambio de normativa urbana del terreno en cuestión, el bloque oficialista Vamos Juntos -PRO y Coalición Cívica- reunió los votos necesarios en alianza con la UCR-Evolución y el Partido Socialista. Pero la lucha de vastos sectores del arco popular de la Ciudad logró ponerle un freno a este avance privatizador. Este fallo de la Justicia Porteña sobre la ley que inició el conflicto sumado a la participación masiva en la audiencia pública del proyecto de ley para cambiar la normativa urbana -aún vigente y en camino a la segunda lectura- y finalmente la iniciativa popular en marcha para reunir 40 mil firmas y lograr que la Legislatura trate la propuesta para la creación de un parque público ribereño; demuestran una vez más que luchar no sólo es necesario sino que además, sirve.
Vamos por un parque público ribereño
La aprobación de la ley que permitía la venta de las tierras públicas de la Costanera Norte de la Ciudad encontró una fuerte resistencia de vastos sectores populares. El rechazo se expresó primero en las redes sociales y rápidamente se transformó en organización, tanto de espacios que ya venían impulsando procesos en defensa de los espacios públicos como otros que se conformaron al calor de este proceso. Entre los primeros se encuentra el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que junto a asambleas vecinales, organizaciones ambientalistas y otros colectivos, impulsan la Coordinadora “La Ciudad Somos Quienes La Habitamos”, que estuvo al frente de las primeras iniciativas para visibilizar en las calles las acciones en defensa del río, como las bicicleteadas, los semaforazos informativos y la presentación del proyecto de ley para la creación del parque público “Nuestro Río”, a finales de octubre de 2020.
Asimismo, entre los espacios que se crearon a partir del conflicto se destaca el Colectivo de Arquitectas, que a partir de la presentación de una nota a la Legislatura Porteña con la firma de 342 arquitectas cuestionando la privatización de las tierras públicas de la Costanera Norte, emergió como uno de los actores clave en el proceso. La capacidad de organización para la difusión y acción, la sistematización de sus saberes profesionales expresados en sólidos argumentos en defensa de las tierras públicas y su visibilidad en redes sociales y medios de comunicación; jugó un rol determinante en la lucha colectiva contra la privatización de tierras públicas ribereñas y por la creación de un parque público.
Actualmente se encuentra en marcha una Iniciativa Popular para el tratamiento en la Legislatura del proyecto por un parque público ribereño en Costa Salguero, cuya concesión finaliza en los próximos meses tras 30 años de usufructo privado. Para ello, las organizaciones que impulsan esta propuesta alternativa a la privatización y con perspectiva de derechos, se afirman en el artículo 64 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que prevé este mecanismo “para la presentación de proyectos de ley, para lo cual se debe contar con la firma del 1,5% del padrón electoral.” Este porcentaje equivale a 40 mil firmas, que permitirían que el proyecto sea tratado por la Legislatura Porteña en el plazo de 12 meses.
La lucha sirve, la lucha continúa.
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Corresponsal