El 19 de Mayo el Congreso de Perú aprobó el ingreso de fuerzas armadas yanquis a su país. La Resolución Legislativa 4766 obtuvo 70 votos a favor y 33 en contra. La misma dispone que a partir del 1 de Junio hasta el 31 de Diciembre, el ejército norteamericano realice tareas de “apoyo y capacitación” de las fuerzas armadas y la policía peruana. El ejército imperialista actuará en las regiones de Lima, Callao, Loreto, San Martín, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Iquitos, Pucusana y Apurímac.
Esta iniciativa fue de la propia presidenta de facto, la ex Vicepresidenta de Pedro Castillo y golpista, Dina Boluarte. Castillo luego de sufrir duros embates de propios y ajenos (combinados con tropiezos propios) fue destituido y encarcelado sin respetar ningún tipo de garantía. En ese cierre del 2022 el estallido social escaló y el pueblo salió a las calles para hacerle frente al golpe. Dina Boluarte como respuesta movilizó alrededor de 140.000 militares y policías para reprimir los alzamientos. Desde esa fecha hasta hoy, el gobierno de facto comenzó una cacería de militantes –particularmente a aquellos de pueblos originarios- que alcanzó una cifra estimada de 70 muertes.
En la misma semana que se aprobaba la resolución legislativa, la Corte Suprema de Justicia del Perú publicó una sentencia sobre el “Entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, derechos a la libertad de expresión y reunión, derecho a la protesta y principio de lesividad” en la cual sienta jurisprudencia para criminalizar la protesta social siempre que se considere que esta afecta al desarrollo del país. El criterio queda a cargo de un gobierno de facto. La sentencia decidió condenar “como coautores del delito contra la seguridad pública-entorpecimiento” a manifestantes que cortaron rutas. De esta manera, la derecha peruana avanza sobre los alzamientos no solo con las fuerzas armadas, sino también con la ley.
La lucha por el reparto del mundo
En el Perú se evidencia la puja geopolítica interimperialista de Estados Unidos con China por la apropiación de los recursos naturales latinoamericanos.
A 75 km de Lima se encuentra el puerto de Chancay –que anecdóticamente hasta suena parecido a Shanghái-, construido y administrado exclusivamente por la empresa COSCO (China Ocean Shipping Company) propiedad del gobierno chino. Por dicho puerto, China se aseguró la exportación hasta sus tierras de las riquezas peruanas. En Estados Unidos ya advirtieron esta circunstancia desde hace tiempo: “En muchos de nuestros países en esta región, [la República Popular China] es el socio comercial número uno, con Estados Unidos el número dos en la mayoría de los casos”, advertía la Generala Richardson, Jefa del Comando Sur de EEUU, siendo muy destacable que se refiera a Latinoamérica como “nuestros países”. También, Richardson advirtió que la región y sus riquezas “Tiene mucho que ver con la seguridad nacional. Y tenemos que intensificar nuestro juego”. Los yanquis pasaron del dicho al hecho.
En junio de 2017, fue nombrada embajadora yanqui en el altiplano Lisa Kenna, una ex CIA, quien fuera criticada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador por haberse fotografiado con Dina Boluarte a pocas horas del golpe de estado. En dicha ocasión, el mandatario mexicano dio a entender que con esas actitudes costaba no sospechar de la injerencia de la embajada en el golpe –sobre todo si tenemos en cuenta la historia de nuestra región-. Cabe destacar que Washington reconoció a Boluarte a menos de 24 hs de la remoción de Castillo. AMLO fue declarado persona non grata del Perú el pasado 26 de Mayo por el mismo Congreso que autorizó el desembarco de tropas yanquis. En respuesta a ello decidió pausar las relaciones económicas con dicho país.
Perú como otros países de la región son testigos de una nueva escalada en disputa de los monopolios y estados imperialistas por los recursos naturales. Disputa que se libra por medio de la guerra, golpes de Estado o el sometimiento de gobiernos que se subordinan al salvaje saqueo imperialista.
El pueblo peruano ha mostrado con su lucha un camino para evitar el saqueo y desarrollar un país soberano. Seguro volverán a las calles y rutas en esta nueva avanzada antipopular.
