Crisis política en Perú, el golpe oligárquico tan buscado

Desde que asumió como presidente Pedro Castillo no tuvo un tiempo de paz. La oligarquía variopinta pero encarnada en Keiko Fujimori, el poder judicial y los medios, nunca reconocieron el resultado aunque exiguo pero de cambio en un país que va de crisis política en crisis política (salvo el Banco Central donde su presidente está desde el 2006), el resto es todo inestabilidad.

Si repasamos toda la película que lleva a Castillo a la presidencia, vamos a ver la verdad del asunto y no la posverdad de los medios hegemónicos que empiezan de atrás la misma película.

Algunos como el propio gobierno argentino salió rápidamente a cuestionar la “alteración del orden constitucional”, aunque luego se alineó con otros como México y Colombia condenando el golpe.

El 6 de junio de 2021 no fue un día más en el calendario, ya que la oligarquía de ese país debía aceptar que un maestro rural Pedro Castillo Terrones, que venía siendo protagonista de las luchas de la educación que atravesaron el país, acompañada por la comunidad sobre todo en los pueblos campesinos del interior, oprimidos una y mil veces por las oligarquías y monopolios saqueadores, expresión de ese “perú racista” que mantiene el control de los gobiernos desde hace décadas con expresiones como Alberto Fujimori que gobernó con ajuste, entrega, cárcel y muertes, acompañado por otras expresiones neoliberales.

Ese maestro rural, sin marketing ni asesores de prensa, con los medios en contra había sido elegido por primera vez para un cargo público, y así ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con algo más de 50,13% de los votos. Más de 8 millones de personas votaron por el programa plurinacional y democrático que proponía Castillo y Perú Libre que incluía profundas reformas sociales y la marcha hacia una nueva Constitución que reemplace la actual del periodo de Fujimori. Los sectores populares habían llegado al gobierno por el hartazgo y la lucha profunda de los pueblos del interior mil veces aplastados y mil veces levantados.

La derrotada candidata de la extrema derecha, Keiko Fujimori dilató y maniobró hasta donde pudo para impedir el resultado y la conformación del nuevo gobierno mostrando dramáticamente el estado de la oligarquía derrotada que no pudo imponerse. Es en este momento cuando empieza la cuenta regresiva del gobierno de Castillo.

La contraofensiva oligárquica no se hizo esperar y aprovechando su poder en el parlamento y la justicia empezó a socavar las bases del nuevo gobierno.

Desde la asunción fue reiterado el pedido de “vacancia” que permite la Constitución para desplazar al presidente electo en caso de corrupción, traición a la patria y otros articulados que no encuadraban en Castillo pero si en algunos exponentes de un gobierno heterogéneo. A poco andar comenzó la campaña donde se vinculó al ministro de trabajo Iber Maraví con Sendero Luminoso. Rápidamente Castillo le pidió la renuncia y salió a golpear a la organización guerrillera.

El presidente tenía dos caminos, o “tratar de gobernar” dentro de los límites e imposiciones que las clases dominantes ordenan, o por el contrario emprender un rumbo popular hacia la Asamblea Constituyente pero esta se debía imponer, por las características del triunfo, los enemigos en frente y el programa prometido, con el pueblo en las calles y organizado para ser el protagonista en la nueva etapa que se abría.

La historia es conocida, el haber optado por “tratar de gobernar” empujó al gobierno a un camino minado donde el chantaje de los sectores que controlan la economía y el parlamento lo obligaron a otorgar concesiones postergando y hasta abandonando promesas electorales (camino conocido en nuestro país).

Esta confrontación y concesiones llevaron de manera temprana a una crisis con renuncias de ministros y fracturas dentro del partido Perú Libre debilitando al gobierno mientras se avanzaba en planes conspirativos destituyentes como los que salieron a la luz en octubre de 2021, con las grabaciones que se hicieron públicas donde deja en evidencia que desde junio de ese año (a dos meses de las elecciones) sectores de empresarios, otros exponentes de las clases dominantes peruanas y partidos de la derecha, blindados por los medios hegemónicos, “habían estado planeando una serie de acciones que incluían el financiamiento de protestas y huelgas. Grupos de antiguos militares, aliados con políticos de extrema derecha como Fujimori, empezaron a pedir abiertamente el derrocamiento violento de Castillo, amenazando a funcionarios del gobierno y a periodistas de izquierda” (Manolo de los Santos*).

A la par, la derecha en el Congreso ponía en marcha el plan para destituir a Castillo en dos ocasiones durante su primer año de mandato. “Desde mi toma de posesión como presidente el sector político no ha aceptado la victoria electoral que nos dio el pueblo peruano”, señaló Castillo en marzo de 2022. “Entiendo la facultad del Congreso para ejercer la fiscalización y el control político; sin embargo, estos mecanismos no pueden ejercerse mediando el abuso del derecho, proscrito en la Constitución, desconociendo la voluntad popular expresada en las urnas, enfatizó”. Resulta que varios de estos legisladores, con apoyo de una fundación alemana de derecha, también se habían estado reuniendo para ver cómo modificar la Constitución con el fin de destituir rápidamente a Castillo. (Ibid.*)

Sin embargo, ante esos ataques, Castillo se fue distanciando cada vez más de su base política. Rápidamente salió a cuestionar al comunismo cuando fue señalado como tal, formó cuatro gabinetes diferentes para apaciguar a los sectores empresariales, cediendo cada vez más a las exigencias de la derecha de destituir a los ministros de izquierda que desafiaban el statu quo. Rompió con su partido, Perú Libre, cuando fue abiertamente cuestionado por sus dirigentes. Pidió ayuda a la ya desacreditada Organización de Estados Americanos (OEA) para buscar soluciones políticas, en lugar de movilizar a los principales movimientos campesinos e indígenas del país. Al final, Castillo luchaba solo en las alturas, sin apoyo de las masas ni de los partidos de la izquierda.

El gobierno resistía en soledad y se había preparado para una nueva jornada en el Congreso donde no estaba dicho que saldría la moción de vacancia que proponía la oposición de derecha. Pero la situación se presentaba más adversa que otras veces, con una gran campaña en contra desde los medios, con una derecha movilizada pero buscando tapar de esa forma encuestas que daban cuenta de un crecimiento en la popularidad de Castillo (31% de aprobación) frente a estos embates del Congreso IEP-OP-LR Informe noviembre 2022 (completo), quizás esta haya sido una de las razones mal calculada o más asesorada que llevaron a Castillo a pensar que podía aprovechar el desprestigio del Congreso para dar un “salto hacia delante”. En todo caso, calculó mal ya que quedó demostrado que el apoyo de las FFAA era mínimo o nulo.

Las razones esgrimidas en el mensaje por cadena nacional no fueron equivocadas ya que señala a los enemigos que se tenía en frente, la necesidad de nuevas elecciones legislativas, tratando de cambiar una correlación de fuerza conspirativa y sediciosa, pero al anunciar “disolver temporalmente el Congreso de la República”, utilizando las mismas palabras que había utilizado Fujimori aquel oscuro 5 de abril de 1992 cuando realizó un autogolpe y se mantuvo en el poder hasta el año 2000, le dio en todo caso a esa oligarquía, mas “elementos constitucionales” para sus fechorías, y llevando más confusión al pueblo e inmovilizarlo.

Luego de los anuncios del presidente todo fue vertiginoso y en cuestión de horas era apresado y todos los ministros y ministras renunciaron y su vice electa presidenta lejos de acompañarlo como había dicho, se entregó como “garante” de la “paz social” al poder oligárquico convocando a nuevas elecciones para el mes de abril de 2024, todo a pedir de boca de la oligarquía, en particular el fujimorismo como la corriente electoral más organizada del espectro de derecha.

EL pueblo combate en las calles y rutas

El pueblo salió a las calles, en particular en las regiones del interior donde es fuerte Castillo, los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad ya llevan más de diez muertos, varios menores de edad con balas en la cabeza y cientos de heridos y detenidos. El pueblo no reconoce a la presidenta en ejercicio y exige la libertad a Castillo, justicia por los muertos y adelantamiento de elecciones sin proscripciones de las expresiones populares para abril del 2023.

La presidenta interina Dina Boluarte ha declarado el estado de emergencia por 30 días en todo el país y 60 días en el sur, pero las movilizaciones no seden. Ahora sí, la policía nacional del Perú mantiene a sangre y fuego “el control del orden interno”, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, mostrando su verdadera esencia al servicio de los intereses oligárquicos.

Castillo, desde la prisión donde también se encuentra Fujimori, declaró que “estoy injusta y arbitrariamente detenido, no estoy por ladrón, por violador, corrupto ni por matón” y aseguró que jamás renunciará ni abandonará la causa popular, exigiendo que las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”.

Los manifestantes piden respetar los derechos de Castillo y evitar lo que denomina un juicio político impulsado desde las élites peruanas, junto a la demanda de una nueva Constitución, que fue precisamente una de las peticiones que hizo del propio Castillo en su mensaje a la nación del miércoles pasado, que no es otra cosa que los procesos necesarios, una especie de “refundación nacional”, que marcan etapas nuevas con idas y vueltas en los países que la llevan adelante como Venezuela, Bolivia, Chile o Ecuador.

Las explosiones populares han excedido la propia defensa de Castillo para pasar a plantear una cuestión más profunda y que subyace en las contradicciones principales en la mayoría de los países dependientes con desarrollo particulares como es el caso de Perú y la cuestión de la tierra, pero donde es latente y permanente la opresión del llamado “centro” sobre la “periferia”; y es justamente esta contradicción la que estaría explotando en el país.

“Un fenómeno que ha estado muy latente en el Perú era el de las organizaciones sociales, pero que no había explotado el conflicto entre ‘centro y periferia’. Entre Lima y la zona Andina”. De hecho, el propio Castillo nace de este tipo de movimientos, en concreto del sindicato de maestros. Esta es una de las fuerzas vivas más potentes de toda la región y en países como Perú se han convertido en el catalizador de las protestas contra las políticas de la capital. “No podemos caer en el error de pensar que esto es una cuestión del indigenismo. Esto es mucho más complicado. Tiene mucho que ver con un movimiento anti-élite. Una reacción desde las periferias”, explican desde el Instituto de Iberoamérica.

Hay mucho que aprender de los procesos populares que atraviesan la región, pero sin dudas, la necesidad de que las fuerzas populares (una vez que se imponen mediante procesos electorales, gobiernos llamados progresistas heterogéneos y débiles), no abandonen la movilización para poder incidir en la toma de decisiones y así forzar de manera organizada y preparada la marcha hacia los cambios de matriz económica y cultural que llevaran más temprano que tarde a confrontaciones violentas porque es la única manera que los dueños del poder real entienden aferrados a sus ganancias obscenas mientras el pueblo se hunde en el hambre, la precarización y el sometimiento nacional.

El valeroso pueblo con su juventud no abandona las rutas y calles, se prepara para enfrentamientos encarnizados en esta nueva etapa política y social de gran inestabilidad que se abre. Esto teñirá la crisis política de los días presentes y venideros poniendo una clara incertidumbre al proceso electoral en ese hermano país.

*Codirector ejecutivo de People’s Forum y miembro del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Artículo producido para Globetrotter