Chile, plebiscito constitucional: Se impuso el voto por el Rechazo.

Continuará vigente la Constitución pinochetista

El Rechazo obtuvo el 62% (7,880,963), el Apruebo, el 38% (4,857,992). Votos en blanco 0,6%, Voto nulo: 1,5%. Votó el 40,2% de los votantes, alrededor de 13 millones de personas.

Análisis de una dura derrota

¿Porque el mismo pueblo que encabezó una rebelión popular histórica, quizás la más importante en décadas, que impuso con un 80% la voluntad por cambiar la constitución con sentido paritario, y que luego eligió a candidatxs independientes y originarios para integrar la convención constituyente, ahora una mayoría se vuelca en rechazo al texto de esa constitución?

Siguiendo el análisis de organizaciones y periodistas del hermano país no habría una sola respuesta, y esto da la complejidad del asunto. Si bien el resultado electoral obligue a que siga vigente la constitución de genocida Pinochet de 1980, no necesariamente refleje de manera lineal que la mayoría del pueblo chileno quiera volver a esa trágica historia.

En este sentido, es importante resaltar que “la campaña por el Rechazo abandonó desde temprano el discurso de defensa del texto de 1980 o de su reforma. El 25 de octubre de 2020 la mayoría de la sociedad votó contundentemente por una nueva Constitución, evidenciando la derrota del legado principal de la dictadura. La derecha, en consecuencia, tomó la propuesta de ir hacia una nueva Constitución. Los dirigentes de centroizquierda por el Rechazo, por su parte, construyeron un discurso que buscó interpelar a quienes se movilizaron históricamente contra el pinochetismo: “votamos No en el 88, Apruebo en el 2020, pero que esta vez dijimos no podemos aprobar este texto, tenemos que arreglarlo”, expresó uno de sus voceros”. (Marcos Teruggi, Pag12 5-09-22)

“Tal vez allí esté una de las primeras explicaciones de la victoria del Rechazo: la capacidad de haber expandido la campaña más allá de la derecha, no haber centrado el discurso en la defensa de aquello impugnado en las calles de 2019 y las urnas de 2020 y 2021, para así convencer a un electorado heterogéneo y amplio”. (Ibid. Pag12 5-09-22)

Hay un hecho incontrastable, y es que en su momento la mayoría abrumadora eligió el cambio de la Constitución con más de 7 millones de votos (no obligatorios) y este es el punto de partida para el análisis de esta elección obligatoria donde votaron algo más de 13 millones de personas.

Esto obliga a ver la génesis del nuevo período que se abrió en Chile, donde vamos a poder observar las presiones y la aguda lucha de clases que operó sobre el principal factor político de disputa como es la conformación de una nueva constitución. No hay, en términos estratégicos institucionales, nada más importante en un país mientras dure Convención Constituyente, erigiéndose en un órgano máximo de autoridad.

Para el pueblo, el terreno legislativo, dentro de los “estándares” de estas democracias donde “el pueblo no delibera ni gobierna solo a través de sus representantes” no suele ser el mejor, ya que se tiende a abandonar el terreno de fortaleza de los pueblos como es la movilización, que puede ejercer presión y muchas veces imponerse en decisiones legislativas donde “los representantes” de los sectores populares se distancian y son susceptibles a presiones directas o indirectas de otros intereses.

Es justamente este, uno de los factores claves para entender la conformación de la Carta Magna, sencillamente porque el proceso, como señalábamos más arriba, nace de una lucha histórica en país pero fue sufriendo cambios.

En este nuevo período hubo quienes se dieron vuelta de proclamas que levantaban en las calles, otros sencillamente trataron de buscar “consensos”, sabiendo que con las expresiones del llamado “poder real”, suelen ser muy desventajosos para los pueblos en las discusiones de fondo, cuando está en juego la matriz económica, la justicia y la cultura de un país como en la elaboración de la Carta Magna.

Aquí aparece otro fenómeno que dispara un debate muy importante, como es si esta Constituyente, como institución, iba a estar a la altura de las propuestas y exigencias soberanas que se venían reclamando en décadas de luchas pero en particular luego del 2019, o por el contrario era una Constituyente con todas las limitaciones impuesta por los sectores hegemónicos y conciliadores que la integraban.

A poco andar, fue quedando demostrado las limitaciones de la Convención Constituyente, ya que de hecho actuó como un parlamento más, dejando gobernar en el final del mandato a Piñera. Una “institución” que no gravitó en el tiempo que funcionó, para ponerle freno a medidas del gobierno como la pérdida de puestos de trabajo y el crecimiento de la pobreza, ni tampoco en relación con las y los presos políticos de las jornadas de lucha o las innumerables denuncias respecto a los asesinados y heridos de aquellas jornadas como exigían los organismos de DDHH.

La hegemonía se hizo sentir rápidamente cuando se puso en debate cuestiones estructurales como la nacionalización de los recursos naturales, la cuestión del uso y tenencia de la tierra que encierra hacer justicia con las comunidades originarias que han sido expulsadas de las tierras ancestrales y otras que están amenazadas y militarizadas por parte del actual gobierno.

Si bien hay avances democráticos en la nueva Constitución, no se acercó a las expectativas de vastos sectores que tenían esperanzas en que se iba a avanzar en cuanto a la estructura económica, responsable de la desigualdad profunda en el país.

Estos fueron factores que dañaron el entusiasmo popular, trajeron confusión y retroceso en cuanto a los reclamos de una lucha gigantesca.

El plebiscito al gobierno

Sin dudas el gobierno sufrió un duro golpe con la derrota del “apruebo”, no solo porque promovía tibiamente esa posición, sino porque también se evidenció que los acuerdos con otras fuerzas tradicionales, en particular de la “Concertación” (socialistas y democristianos), tenían un claro objetivo en no permitir avanzar en el programa que se había impuesto por la lucha del 2019.

La labor del “progresismo” fue darle una salida pactada para mantener el modelo, sumar conquistas de derechos, pero no avanzando en medidas de fondo que modifiquen el actual sistema salud y educación privadas, los recursos naturales, el nefasto sistema previsional vigente y la entrega de las tierras a las comunidades mapuches, entre otras cuestiones estructurales. El resultado de esa posición fue darle más aire a la derecha que había sido duramente golpeada por la lucha popular del 2019 y buscaba comenzar un nuevo período a su favor en esta Constituyente, y lo logró.  

Pero también paga el nuevo gobierno su política, donde se evidencia esta línea política que busca el “consenso” con los “dueños del poder”, “derramando” medidas hacia los sectores populares, pero manteniendo la esencia del modelo.

Ahora, luego de las elecciones entró en una crisis con varias renuncias en el gabinete, “blanqueando su corrimiento al centro” con la designación de expresiones de las fuerzas de la “Concertación” en el gobierno; los llamados “partidos tradicionales” que ya gobernaron Chile con políticas neoliberales. Pero también ese corrimiento se puede observar respecto a las comunidades mapuches donde se mantiene y refuerza la militarización a pedido de los terratenientes y empresas en aquellas zonas, con dirigentes de esa comunidad presos, así como la impunidad sobre los muertos y presos de la lucha del 2019 y la reciente represión de carabineros a la movilización de estudiantes y organizaciones políticas y sociales que exigen una “educación digna” y un nuevo proceso constituyente.

Enseñanzas y nuevo período

La experiencia mostró que la correlación de fuerzas que se había logrado en las calles se disipó en la Asamblea Constituyente, donde pasaron a tener la hegemonía los sectores moderados y la derecha, constituyendo una instancia institucional limitada, condicionada y amañada. Frente a esta realidad, no se podía esperar que se cumpliera el programa de la lucha insurreccional del 2019, peroexigía rodear la Asamblea Constituyente de la movilización popular, agudizando la confrontación, para llevar en esta adversidad, la lucha hasta las últimas consecuencias para tratar de condicionar e incorporar medidas favorables al pueblo y mostrar sus límites.

Se imponía un proceso de debate democrático, sostenido, de masas y activo, donde se lograra interpelar a una sociedad muy desigual con educación privada, jueces vinculados a la dictadura y un peso casi omnímodo de los carabineros como fuerza armada de los intereses más concentrados del país,y se confrontara con ejes que sembraron los defensores del voto por el rechazo como por ejemplo, la confusión sobre que el “Estado Plurinacional” iba en contra del país y significaba una pérdida de soberanía, ocultando que esa definición es avanzar en un Estado más justo y democrático en términos históricos y presentes en el reconocimiento de la plurinacionalidad del país.

Una de las enseñanzas más importantes que quizás deja este proceso es que el pueblo puede imponer su voluntad en la lucha en las calles y el paro como herramienta del movimiento obrero, logrando en esa confrontación con los dueños del poder, la construcción y consolidación de la correlación de fuerzas con un programa soberano.

Ahora son muchos los sectores que se plantean impulsar “cabildos abiertos” en las barriadas populares, los lugares de trabajo y estudio, en el campo pobre y las comunidades originarias para que sean las que saquen un ajustado balance de esta derrota. Que contribuya a construir la unidad en las calles como en el 2019, para imponer un rumbo popular que agudice la confrontación, llevada a una instancia superior, en camino a la liberación nacional y social para dar nacimiento, ahí sí, a una Asamblea Constituyente verdaderamente soberana.

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