El 20 de octubre del 2010, lxs trabajadorxs tercerizadxs del Ferrocarril Roca junto a organizaciones políticas y sociales iban a realizar un corte de vías en la estación Avellaneda contra la precarización laboral y por la efectivización en planta.
Al ser advertidos de que un grupo de la Unión Ferroviaria se encontraba en el andén de la estación -comandada por Pablo Díaz-, decidieron cruzar el Riachuelo y trasladarse a Capital Federal para realizar el corte en Barracas. Después de cruzar por el puente Bosch, la columna fue brutalmente atacada a piedrazos por un grupo de la Unión Ferroviaria, lo que impidió el corte de vías.
Lxs trabajadorxs y las organizaciones se habían replegado para resguardarse a unos 200 metros, y allí realizaron una asamblea en la que descartaron la posibilidad del corte.
Cuando se desconcentraban y retiraban por la calle Luján, una patota sindical de la Unión Ferroviaria encabezada por el barrabrava Cristian Favale lxs intercepta. Primero agreden al equipo periodístico de C5N que se encontraba en el lugar, con el objetivo de que se retiren y no registren nada, y luego comienzan a disparar sobre las columnas de manifestantes. Todo esto sucedía ante la presencia de dos patrulleros de la Comisaria 30 de la Policía Federal.
Mariano es herido de muerte por las balas de la patota sindical. Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos son alcanzados por proyectiles que salen de armas que empuñan Favale y Gabriel Sánchez. Después del ataque se logró frenar una ambulancia que transitaba el lugar y logran trasladar a lxs heridxs al Hospital Argerich, donde Mariano fallece.
23 años tenía Mariano, cursaba el CBC en la Universidad de Buenos Aires para la carrera de Historia en la sede de Avellaneda. Militaba en el Partido Obrero desde los 13 años y hacía poco había hecho un curso de tornería y trabajado en un taller.
La precarización como negocio…
A partir de ese momento, la intensa movilización popular por justicia fue desnudando el entramado de acuerdos y negociados entre el gobierno, las empresas privatizadas y los jerarcas sindicales.
A través de la Unión Cooperativa Mercosur, cuyo titular era el propio Pedraza, el gremio administraba la contratación de trabajadores tercerizadxs con el aval de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE), que gerenciaba la línea que comienza en la Estación Constitución.
Los sueldos y las cargas sociales de lxs trabajadorxs contratadxs se pagaban con dinero aportado por la Secretaria de Transporte, y la cooperativa de Pedraza -al igual que otras empresas- cobraba un canon fijo por cada trabajador que declaraba.
Según pericias contables incorporadas en la causa que investigó el asesinato de Ferreyra, entre junio y diciembre de 2010, la cooperativa de Pedraza recibió gracias a este mecanismo 10 millones de pesos.
De esta forma, el gremio se había convertido en un patrón que demoraba el ingreso de trabajadores a planta permanente, porque sumar empleadxs contratadxs le resultaba redituable.
La lucha por justicia
En 2013, la lucha popular logró una condena de 15 años para Pedraza y otrxs acusadxs. Inclusive la condena de dos comisarios por su responsabilidad en garantizar la zona liberada para la patota que mató a Mariano.
La sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal 21 fue luego confirmada por la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal y finalmente por la Corte Suprema.
Pedraza, secretario de la Unión Ferroviaria, y su lugarteniente en el gremio, Juan Carlos Fernández, no estuvieron en el lugar de los hechos, pero ese día se comunicaron varias veces con Díaz, quien a su vez lo hizo con Favale, Sánchez y Claudio Alcorcel, delegado y sindicado en la causa como reclutador de la patota que ejecutó la agresión.
Rastreos de llamadas documentadas en el expediente, establecieron que el jefe de la Unión Ferroviaria garantizó la defensa de Favale a través de un prestigioso estudio de abogados.
Las querellas habían pedido la condena a prisión perpetua para los autores materiales y Pedraza como instigador del asesinato. Pero lxs jueces calificaron al asesinato de Mariano como “homicidio simple”, en lugar de “agravado”. Argumentaron que la Unión Ferroviaria no buscaba una muerte, porque no le convenía. Así negaron el plan organizado para escarmentar la lucha de lxs tercerizadxs. Plan cuyas intensiones fueron reconocidas por televisión por los propios integrantes de la patota.
Desde este enfoque asignaron 18 años para Favale y Sanchez, los autores materiales. Al resto les tocó penas de 15 años para abajo.
Por otro lado, el Tribunal planteó que no había pruebas de que el dirigente gremial hubiera aleccionado directamente a los autores para que cometieran el crimen, cuando todos sabemos que nada se hacía sin orden de Pedraza. Entonces, apenas lo consideraron partícipe del homicidio y no instigador.
