No pasó ni una semana del ataque de una patota a los trabajadores de Tiempo Argentino y Radio América, para que Mauricio Macri, desde Berlín, declarara cínicamente: “Está mal cualquier tipo de usurpación. Me parece peor todavía con el ejercicio de la violencia, pero claramente nadie tiene derecho a usurpar lo que no es de uno”. La respuesta no se hizo esperar: “Los trabajadores que integramos la cooperativa Por Más Tiempo, editora del diario Tiempo Argentino, rechazamos las expresiones del presidente Mauricio Macri al diario La Nación en la que nos califica como ‘usurpadores’, nos estigmatiza en nuestro rol de trabajadores y nos iguala con una patota que recuerda el accionar de los grupos de tareas de la última dictadura militar”. Como si eso no fuera evidente ya la complicidad macrista, tres días después, el Gobierno de la Ciudad renovó la autorización a los miembros de la patota para seguir “trabajando” como “vigiladores privados”.
Durante la madrugada del lunes 4 de julio, una patota de 20 personas ingresó al edificio de Amenábar 23, Palermo, golpeando brutalmente a los trabajadores y destruyendo parte de la redacción del diario y de los estudios de Radio América. El ataque fue comandado por Mariano Martínez Rojas, quien sería el supuesto comprador del diario y de la radio, algo que hasta ahora no ha podido demostrar. El hombre que encabezó la patota fue Carlos Blander, dueño de la empresa de “seguridad” Control Star Service, encargada de controlar accesos en grandes recitales en el país, con varias causas en su haber.
El conflicto en Tiempo Argentino viene desde diciembre del año pasado, cuando los empresarios del núcleo kirchnerista Sergio Szpolski, ex candidato a intendente de Tigre por el Frente para la Victoria, y Matías Garfunkel, dejaron de pagar los sueldos. Frente a esto, los aproximadamente 400 trabajadores armaron la Cooperativa “Por Más Tiempo”, sosteniendo con sus recursos el diario de manera semanal y la radio por internet. Es por eso que cuando tras su paso por los tribunales de Comodoro Py, Cristina Fernández de Kirchner se acercó al edificio a solidarizarse, no faltaron los cuestionamientos de algunos trabajadores por su relación con los empresarios vaciadores. El edificio fue puesto bajo la custodia de los empleados por el Ministerio de Trabajo, ante las deudas salariales, ya que es el único activo que le queda a Szpolski.
Martínez Rojas y los miembros de la patota fueron imputados de los delitos de usurpación y daños, pero la jueza contravencional y de faltas porteña María Julia Correa comunicó que dado que se puede tratar de delitos más graves como el de entorpecimiento de los servicios públicos de comunicación, corresponde que sea investigado por la Justicia Federal.
